Niñez sin violencia armada, un reto en México.

El 2020 fue un año que marcó a la infancia en México no solo por la pandemia de COVID-19 sino por el incremento y recrudecimiento de la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes.

“La violencia armada no es solamente homicidio, también está vinculada en el marco del crimen organizado por la desaparición masiva, particularmente de mujeres adolescentes.

“Tenemos también un incremento de delitos de orden común que ahora se ampliaron en delitos de orden de pandemia con la violencia familiar”, explica Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Con el paso del tiempo aumentaron los testimonios de que en distintas regiones del país los grupos criminales capturan a adolescentes para colocarlos como la primera línea de fuego contra las autoridades.

De enero a octubre del año anterior 10 mil 198 personas menores de 17 años fueron víctimas de lesiones, mil 971 de asesinato, mil 426 de corrupción de menores y 221 de trata de personas, 163 de extorsión, 93 de feminicidio, 92 de rapto y 68 de secuestro, de acuerdo con datos de la red.

Además hay testimonios de que en distintas regiones del país, los grupos criminales han capturado a adolescentes para colocarlos como la primera línea de fuego contra las autoridades en tanto logran escapar de ellos, menciona.

Uno de los casos que refleja la violencia armada es el de los dos niños indígenas mazahuas asesinados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unas cuadras de Palacio Nacional, el 1 de noviembre de 2020.

“Fueron víctimas de desaparición, asesinato, mutilación, exhibición de sus cuerpos y hasta ahora la autoridad no ha informado, pero inicialmente señalaron la posibilidad de que eran niños reclutados por uno de los grupos criminales del Centro Histórico, se conjugan todos los elementos”, agrega Pérez García.

Los desafíos de 2021 para frenar la violencia armada

Uno de los principales retos de 2021 es desarrollar una estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada contra la infancia mexicana, ya que aunque ha sido uno de los sectores más vulnerables en los últimos años, también es uno de los más invisibles para las autoridades federales.

“Particularmente llamamos la atención sobre este alto número de datos negativos sobre el impacto de la violencia armada: feminicidios, desaparición, homicidio, reclutamiento, de esto último no hay datos pero hay cada vez más testimonios que se han logrado recoger que dan cuenta de esto”, menciona.

Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, dio a conocer los 25 planes estratégicos para su gobierno, pero en ellos no incluyó a esta población. Por lo que desde enero del año pasado, la red ha pedido al Gobierno federal crear el #Proyecto26, que es el desarrollo de esta estrategia nacional contra la violencia armada.

Hay que decirlo con todas sus letras, el 2020 fue el año en el que el Estado mexicano olvidó a su niñez, a 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Claramente en el 2021 el desafío es que recuerde su obligación constitucional (…) lo más importante según el artículo 4to constitucional es el interés superior de la niñez, eso no lo están cumpliendo, Juan Martín Pérez García Director ejecutivo de Redim.

El director ejecutivo menciona que hace aproximadamente un mes y medio volvieron a tener contacto con la Secretaría de Gobernación, la cual, a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aceptó crear una comisión nacional para construir la estrategia nacional de prevención y atención a la violencia armada.

“Todavía esto es papel (…) Vamos a ver si tiene un impacto, para nosotros claramente tiene que ser un cambio en los indicadores, es decir: menos feminicidios, menos homicidios, menos casos de desaparición y al mismo tiempo mayor número de personas detenidas y sobre todo sentencias, de otra manera será solamente una buena intención que no se traduzca en cambios para la vida de niñas, niños y adolescentes”.

País armado

Juan Martín Pérez García describe a la violencia armada como un contexto de violencia generalizada donde el uso de armas pequeñas y ligeras, principalmente, y también armas de alto poder, determinan la forma de convivencia social.

“Esto implica que existe el crimen organizado pero también que cada vez hay más delitos de orden común o de fuero común que se cometen con armas de fuego. Con respecto a los homicidios dolosos, 8 de cada 10 o 7 de cada 10, según la entidad federativa, sucedieron con armas”, menciona.

Otros de los delitos donde también se ha incrementado el uso de estos artefactos son los feminicidios y las lesiones contra niñas, niños y adolescentes.

“Por eso es que estamos hablando de violencia armada como tal, porque en tanto no logremos controlar el número de armas, sobre todo pequeñas y ligeras que circulan, y no logremos detener a los presuntos responsables y lograr sentencias esto no se va a ir reduciendo.

“Porque el uso de armas es más letal, por supuesto que ninguna violencia es justificable, pero no es lo mismo una confrontación con un grupo con armas blancas, que con armas de fuego”, comenta.

Las agresiones armadas, explica, se originaron con la guerra que inició en el sexenio del expresidente Felipe Calderón en 2006; el expresidente Enrique Peña Nieto la mantuvo durante su mandato; y, pese a sus promesas de que acabaría con la guerra contra el narco y construiría paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado al extremo la militarización del país.

“No solamente con la Guardia Nacional, sino entregándoles literalmente todos los temas estratégicos al Ejército; aeropuertos, aduanas, puertos, grandes obras, ahora está hablando del tren maya, la vacuna, todo, todo. Es muy peligroso porque se está alimentando la industria de la guerra con presupuesto público y al mismo tiempo con dinero sucio del crimen del narco”, concluye Pérez García.

Información. Reporte Indigo.

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