Asesorados por el Partido Verde, empleados del C4 presentaron este martes una denuncia penal en contra del Alcalde, del Secretario de Seguridad Pública y de otros 8 funcionarios por omisiones y negligencias que derivaron en un brote de covid-19 en dicha área.

En rueda de prensa, Socorro Espino y Carem Ayala, quienes trabajan en el C4 desde hace 10 y 7 años, respectivamente, narraron los obstáculos que enfrentaron al interior de la dependencia para poder hacerse la prueba del covid-19 y cómo de forma sistémica sus superiores minimizaron sus síntomas.

Denunciaron, por ejemplo, que a pesar de compartir cubículo con personas que a la postre resultaron positivas al covid-19, no se les permitía cambiar de lugar y se mantuvieron capacitaciones presenciales.

Socorro, quien dijo tener síntomas desde el 12 de mayo, pudo realizarse la prueba hasta 9 días después, mientras que Carem la hizo el 22 de mayo, cuando desde una semana antes había manifestado signos de la enfermedad.

Sin embargo, ellas a su vez contagiaron a familiares: Socorro transmitió el virus a sus dos hijos, a sus papás y a dos de sus hermanas, mientras que Carem contagió a sus papás, a su esposo y sus dos hijos, a una hermana y a dos sobrinos.

Por lo anterior, Alfredo Pérez, dirigente del Partido Verde en León, indicó que 9 empleados del C4 y la hija de un trabajador de esta área que también está intubado en terapia intensiva por covid-19, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de peligro de contagio.

La denuncia va dirigida contra el alcalde, Héctor López Santillana; el secretario de Seguridad, Mario Bravo y el director del C4, Víctor Aguirre. También se responsabiliza a la directora de Operaciones del C4, Ana Laura Cruz; la subdirectora del área de calidad, Aurora Posadas; el supervisor Alejandro Cruz, los coordinadores Fabiola Alvarado y Dolores Ramírez; la auxiliar Alejandra López y Martha Vera, directora de Normatividad Laboral y Relaciones de Trabajo.

Asimismo, fue presentada una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y una denuncia en la Contraloría municipal en contra de los referidos servidores públicos.

En tanto, la regidora del Partido Verde, Fernanda Rentería, recordó que el Ayuntamiento autorizó destinar 60 millones de pesos para tomar diversas medidas en la administración municipal para evitar contagios del coronavirus, por lo que esta situación refleja fallas en su ejecución.

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Periódico Correo