Los últimos dos años, Guanajuato encabezó los indicadores nacionales en materia de tráfico de menores, y no dejó de ubicarse en el top 5 en el rubro de corrupción de menores en el último lustro, arrojan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Cómo se castiga?

El artículo 220 del Código Penal del Estado de Guanajuato define que comete tráfico de menores, “quien con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tenga a su cargo a un menor, injustificadamente lo entregue a un tercero a cambio de un lucro”, y establece que este delito puede ameritar sanciones de hasta 10 años de prisión.

En 2019, en Guanajuato se abrieron 10 carpetas de investigación por tráfico de menores, más del doble de las que reportó San Luis Potosí, que ocupó la segunda posición con sólo cuatro casos.

La historia fue similar en 2018, pues aunque se iniciaron menos indagatorias –siete–, la entidad fue la que más acumuló en comparación con el resto de los estados. En 2017 y 2016, Guanajuato fue opacado por la grave situación que sacudió a Sonora, que incluso derivó las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Guanajuato registró su peor registro en cuanto a tráfico de menores en 2015, con la apertura de 18 expedientes en un año. Sin embargo, de los delitos cometidos contra infantes, éste no es el único en el que Guanajuato destaca a nivel nacional, ya que en corrupción de menores también reporta una de las mayores incidencias del país.

Los últimos dos años, el estado alcanzó su máxima histórico con 161 expedientes en cada periodo: en 2019 sólo se ubicó por debajo de la CDMX, Baja California y Nuevo León; y en 2018 sólo tuvo menos casos que Baja California y la CDMX.

El último lustro, Guanajuato no dejó de estar entre los primeros cinco puestos, revelan los indicadores nacionales.

Información. Periódico Correo.