Aunque aún se desconoce la forma en la que operarían en el espacio público, el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó una reforma al Artículo 36 del Bando de Policía y Buen Gobierno que servirán para definir y castigar el acoso sexual callejero, convirtiéndose de esta forma en el primer municipio del Estado en aplicar estas medidas para salvaguardar la dignidad de las mujeres y de la sociedad en general.

El proyecto fue votado por unanimidad durante una sesión extraordinaria a la que se convocó este miércoles 11 de diciembre a las 11 de la noche, misma a la que asistió el Cabildo en pleno, y en la que el alcalde resaltó la necesidad de llevar a cabo estas medidas que exige la población en general y sobre todo los estudiantes que se manifestaron la semana pasada, motivo por el que se convocó de urgencia a la reunión.

Sobre el tema, el síndico José Luis Vega Godínez señaló que el proyecto se trabajó en conjunto con universidades y organismos como la Asociación Gentileza, la Fiscalía del Estado, lo mismo que dependencias municipales como Servicios Jurídicos, el Instituto de la Mujer y Seguridad Pública.

Aclaró que el nuevo artículo, primeramente, define lo que es el acoso sexual para proceder a castigarlo: “hablamos de una molestia de una persona hacia otra en el espacio público y que tiene una connotación sexual o lasciva”.

Dicho proceder a su vez ha sido separado en tres niveles, el primero de ellos comprende “aquellas expresiones que son puramente verbales”, que se castigarían con penas de 1.5 hasta 30 unidades de actualización, (UMA) es decir, de 130 pesos a 2500 pesos, o un arresto de 12 horas si no se puede pagar la sanción.

El siguiente escalón es el que se cometen acercamientos insistentes con otra persona, siempre con la connotación sexual o lasciva de por medio, actitud que se sancionaría con una medida que comenzaría a partir de la máxima pena en la primera, es decir de 31 uma hasta 45 unidades, de 2500 y hasta 4000 pesos, o un promedio de 24 hrs en detención.

El último nivel, el más grave, es en el que la persona agresora incurre en tocamientos o contacto físico, cuya sanción empezará igualmente desde el monto máximo de la medida próxima anterior, es decir de 46 uma a 60, es decir, un arresto de máximo de 36 horas o el pago de una multa de poco más de 5 mil pesos, exactamente 5064 de acuerdo con la última cotización de la UMA, 84.40 pesos.

En el caso de cometerse en contra de un adolescente o menor, las sanciones aumentarán un promedio de 25 %, mientras que de suceder que sea un menor el agresor, las multas máximas por Ley no podrán ser de más de 12 horas.

El funcionario declaró que se buscó que la modificación fuera lo más objetiva posible para que fuera más clara, por lo que también se contemplan sanciones para los acompañantes de un acosador en caso de ser omisos de frenar con la conducta agresora.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, luego de explicar que el modelo punitivo es muy cercano al de la Ciudad de México, y que incluso va “adelantado” al proponer los tres noveles de acoso, reconoció que el tema más importante es encontrar la política pública que “nos ayude a entender mejor como vamos a operar el tema en el espacio público”, hecho para el que tendrán un plazo de 60 días, mismos que se dieron como límite para que Seguridad Ciudadana y el Instituto de la Mujer trabajen en un curso que también se obligaría a tomar a los agresores para sensibilizarlos en el tema y tratar de que no se repita ese proceder por parte de los agresores.

Al ser cuestionado sobre la forma en que se procedería y como se actuaría ante una víctima que no pueda comprobar haber sufrido la agresión, apuntó que para eso la sociedad brindará su ayuda, pues a partir de que entre en vigor y exista una ley que proteja del acoso, se debe hacer visible el problema “esto es, si estoy en el autobús, que pasa un rozamiento que yo considero innecesario, antes te tenías que quedar callado porque no había nada que hacer, ahora hay que visibilizarlo, de modo tal que la sociedad te acompañe en el reclamo, permita que llegue la autoridad y ejecute lo que se tienen que ejecutar en todos lados”, dijo.

“Entonces, tenemos problema en la realidad para aplicar la norma, posiblemente sí, pero en la medida en que lo hagas notar; en la medida en que te acompañes de la gente que te pueda apoyar, vas a tener ahí una respuesta, una posible sanción”.

Al respecto, señaló que, de no existir pruebas o testigos, que se deben aportar como en cualquier otro delito, la víctima tendría que acudir a instancias judiciales en la que se podría solicitar los videos de las cámaras de la ciudad para poder aprobar pruebas, y remarcó que lo importante es “que en todo momento te sientas en la confianza de recurrir a una autoridad sabiendo que hay una posible sanción.

Información. Periódico Correo.