En un país donde la diversidad empresarial y el turismo internacional brillan con fuerza, algunas entidades federativas se han convertido en el oscuro motor de la ilegalidad. Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, reconocidos por su importancia económica, han sido señalados como la fachada perfecta para actividades delictivas que van desde el lavado de dinero hasta el tráfico de personas.
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