El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las críticas de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño con una propuesta inusual: trasladar a la totalidad de la población carcelaria a territorio colombiano.

El intercambio se produjo luego de que Petro calificara las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración”, en referencia a las condiciones bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.

«Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”.

Bukele planteó que, bajo esa lógica, El Salvador podría facilitar el traslado del “100%” de los detenidos, incluyendo a quienes han sido señalados como presos políticos. Los pandilleros detenidos y hacinados en cárceles de El Salvador se cuentan por miles.

En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos”.

Chocan Colombia y El Salvador por sistema penitenciario

El señalamiento inicial provino de Petro, quien cuestionó duramente la estrategia de seguridad salvadoreña, asegurando que en las prisiones hay personas inocentes detenidas y que las condiciones representan una forma de castigo desproporcionado.

El mandatario colombiano sostuvo que encarcelar a personas por su apariencia o por sospechas constituye una violación grave a los derechos humanos.

“Se está matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias”.

Además, calificó el modelo como una política que no necesariamente resuelve las causas de la violencia, sino que genera impactos sociales profundos.

La respuesta de Bukele retomó esos señalamientos para proponer una acción concreta, insistiendo en que, si se considera que existe una situación de esa gravedad, no debería permanecer ni un solo detenido en esas condiciones.

El presidente salvadoreño también recordó que anteriormente hizo una propuesta similar a Hillary Clinton, tras críticas sobre su política de seguridad.

Régimen de excepción bajo escrutinio internacional

El contexto de este intercambio está marcado por el régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Bajo esta medida, se han realizado más de 91 mil detenciones, de las cuales el propio gobierno ha reconocido que al menos 8 mil corresponderían a personas inocentes.

Organismos humanitarios han documentado miles de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y condiciones de reclusión cuestionadas. También se han reportado más de 500 muertes de personas bajo custodia estatal.

El debate ha trascendido el ámbito bilateral y ha llegado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, donde un panel de expertos legales presentó un informe que advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad.

En paralelo, el gobierno salvadoreño defiende que su estrategia ha permitido una reducción significativa de la violencia y de los homicidios en el país, lo que ha sido uno de los principales argumentos para mantener las medidas excepcionales.

El intercambio entre ambos mandatarios refleja dos visiones opuestas sobre seguridad y derechos humanos en la región. Mientras uno prioriza el combate frontal a la criminalidad, el otro pone el énfasis en las garantías individuales y el respeto al debido proceso.

En medio de este debate, la propuesta de trasladar a todos los detenidos aparece más como un gesto político que como una medida viable, pero evidencia el nivel de tensión en la discusión sobre cómo enfrentar la violencia sin vulnerar derechos fundamentales.

Información. Periódico Excélsior.