El Congreso de la Unión dio un paso clave para eliminar las llamadas “pensiones doradas” en México. Este miércoles, el Senado y la Cámara de Diputados declararon la constitucionalidad de la reforma que busca limitar las jubilaciones de altos funcionarios y directivos de organismos públicos.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, logró el respaldo de al menos 20 congresos estatales, cumpliendo con el requisito constitucional para modificar el artículo 127.

Con este avance, la reforma se acerca a su entrada en vigor, a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué cambia con la eliminación de las ‘pensiones doradas’?

La reforma establece un límite claro a las pensiones de altos funcionarios: ninguna podrá superar el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 67 mil a 70 mil pesos mensuales.

Este tope aplicará a exservidores públicos de confianza, así como a directivos de organismos descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos públicos.

No obstante, contempla excepciones específicas, entre ellas:

• Pensiones de las Fuerzas Armadas
• Esquemas no contributivos
• Sistemas de ahorro voluntario

¿Por qué se impulsa esta reforma?

El objetivo principal es reducir los privilegios considerados excesivos dentro del sector público y garantizar un uso más equitativo de los recursos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían redirigirse a programas sociales.

Legisladores afines a la reforma sostienen que busca poner fin a beneficios “desproporcionados” otorgados en administraciones pasadas.

Aunque la iniciativa ha sido respaldada por la mayoría legislativa, también ha generado preocupación entre algunos sectores.

Exfuncionarios y jubilados de entidades como Petróleos Mexicanos han advertido posibles riesgos de retroactividad, señalando que modificar las condiciones bajo las cuales se construyeron sus pensiones podría afectar la certeza jurídica.

“Las reglas no pueden cambiar una vez concluida la vida laboral”, han expresado.

¿A cuántas personas impactaría?

Datos oficiales indican que entre 3 mil 400 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo reciben actualmente pensiones superiores al salario presidencial, algunas incluso por encima del millón de pesos mensuales.

La reforma busca precisamente regular estos casos y evitar que continúen financiándose con recursos públicos.

¿Qué sigue para la reforma?

Tras la declaratoria de constitucionalidad, el decreto será enviado al Ejecutivo federal para su publicación oficial.

Una vez publicado, entrará en vigor y dará paso a la elaboración de leyes secundarias que definirán los mecanismos específicos de aplicación.

Información. Periódico Corroe.