Las observaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador de Veracruz, vinculadas con la Cuenta Pública 2024, no son los únicos señalamientos de corrupción que enfrenta, pues el órgano local responsable de fiscalizar los recursos asignados también descubrió anomalías en ese mismo ejercicio.

En efecto, así como lo hizo la ASF con relación a los recursos federales que fueron transferidos hacia el gobierno de García Jiménez, también el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) emitió observaciones por las irregularidades detectadas en las dependencias y entes locales, desde su propia esfera de competencia estatal.

La Cuenta Pública 2024, con la que cerró el sexenio gobernado por García Jiménez obtuvo malos resultados cuando fue fiscalizada desde el ámbito federal, pues generó observaciones totales y, considerando todos los entes locales auditados, por 4 mil 460 millones 779 mil 700 pesos, de los cuales, mil 896 millones 723 mil 200 pesos fueron atribuidos directamente al Gobierno del Estado; mientras que 2 mil 523 millones 328 mil 600 pesos habrían sido anomalías de los municipios; y 40 millones 727 mil 900 pesos, de “Otros” órganos públicos que fueron examinados.

Así consta en el documento que elabora la ASF, titulado Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, Primera, Segunda y Tercera Entregas Consolidado, donde se sintetizan todas las irregularidades que ese órgano fiscalizador asegura haber descubierto en el gobierno que lideró García Jiménez en Veracruz, además de las adeudos que también fueron hallados.

En el ámbito local, por su parte, el ORFIS documentó anomalías en el mismo ejercicio presupuestal 2024, las cuales fueron estimadas en 2 mil 311 millones 380 mil 833.74 pesos, aunque considerando aquí nuevamente a todas las instancias gubernamentales auditadas, tanto de naturaleza estatal como municipal, por lo que el desglose especifico es el siguiente:

“Primera. El resultado de los 81 Entes Estatales Fiscalizados, se observa de la forma siguiente: 41 Entes Estatales presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de $830,868,023.40; 40 presentan inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones, incluyendo la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo. (…) Segunda. Por lo que respecta a los 212 Municipios el resultado fue el siguiente: 171 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de $1,476,063,654.00 y 41 presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones”.

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Como tercer punto destaca que respecto de las 17 entidades paramunicipales auditadas, se determinó que ocho presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 4 millones 449 mil 156.34 pesos y nueve presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones.

Así lo señala el ORFIS, en el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior. Cuenta Pública 2024, donde advierte, además, que los servidores públicos vinculados con las anomalías encontradas aún podrían enfrentar procesos sancionatorios.

Las conclusiones emitidas por el órgano mencionado sobre la revisión de la Cuenta Pública 2024 se limitan exclusivamente al alcance de las auditorías realizadas, los porcentajes de revisión y las pruebas o muestras aplicadas a las obras y acciones financiadas con recursos públicos de ese ejercicio.

En ese sentido, dichas determinaciones no eximen a las y los servidores públicos, ni a cualquier persona que haya tenido o tenga responsabilidades en el ente, de posibles obligaciones de carácter civil, administrativo o penal. Tampoco los libera de futuras responsabilidades que pudieran derivarse de quejas o denuncias de terceros respecto de asuntos no revisados, ni de las atribuciones que correspondan a otros órganos de fiscalización competentes.

Anomalías dispersas entre educación, infraestructura, medio ambiente y desarrollo social 

Las anomalías que detectó el ORFIS directamente en el Gobierno estatal que encabezaba Cuitláhuac García, durante el ejercicio presupuestal 2024, fueron identificadas tanto al seno de dependencias locales como de organismos descentralizados pertenecientes a la administración pública que tenía en sus manos el exmandatario, según se detalla en el Informe que elaboró esa autoridad de combate a la corrupción:

“Derivado de las auditorías Financieras-Presupuestales y/o Técnicas a la Obra Pública, en su caso, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial en 5 Dependencias por $62,632,248.42 y en 34 Organismos Públicos Descentralizados por $766,765,194.03, haciendo un total de $829,397,442.45, además de inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones que se integran en cada Informe Individual del Resultado…”.

Las cinco dependencias del Gobierno de García Jiménez que presentaron problemas de corrupción fueron: la Secretaría de Educación; la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Medio Ambiente; así como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Algunos de los organismos descentralizados con estos mismos señalamientos fueron: los Servicios de Salud de Veracruz; Radiotelevisión de Veracruz; la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente; el Instituto Veracruzano de la Vivienda; el Instituto Veracruzano del Deporte; la Agencia Estatal de Energía; así como la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Información. Reporte Índigo.