En agosto de 2025, un motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, dejó un saldo de ocho reos muertos y 11 heridos. La revuelta fue organizada por internos que denunciaron ser víctimas de extorsión por parte del “Grupo Sombra”.

Los reclusos señalaron que autoridades del penal estarían coludidas con miembros del crimen organizado, permitiendo actos de tortura acompañados de golpizas. Ante esta situación, exigieron visibilizar las condiciones que enfrentan al interior del centro penitenciario.

Este caso no es un hecho aislado. En julio del mismo año se registró otra riña en el penal estatal de Chalco, ubicado en la comunidad de San Mateo Huitzilzingo, Estado de México, donde se reportó una persona lesionada.

La violencia en los centros penitenciarios ha persistido a lo largo de los años. De acuerdo con un análisis realizado por Reporte Índigo a partir de los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional,  se constató que en los últimos tres años se han registrado 7 mil 958 incidentes, siendo las riñas, agresiones a terceros, decesos y autoagresiones los más frecuentes.

Tan solo en 2025 ocurrieron 330 riñas en centros penitenciarios federales y estatales: 185 en instalaciones federales y 145 en estatales. En 2024 se reportaron 519 casos; sin embargo, 2023 fue el año con el mayor número de riñas, con 613, y también el de más incidentes en general, con 2 mil 834 registros.

Subregistro deja poca claridad en los datos

El director de AsíLegal, José Luis Gutiérrez, señala en entrevista que pese a que se pudiera observar una tendencia a la baja en los incidentes en las prisiones, el registro de la organización que encabeza apunta a un aumento de violencia dentro de los centros penitenciarios. A esto se le atribuye a un subregistro en las bases de datos proporcionadas.

De acuerdo con la base de datos de la organización, de 2011 al 30 de abril de 2024, se registraron 29 mil 566 incidentes, siendo las riñas las más frecuentes con 10 mil 754, agresiones a terceros con 7 mil 604, y decesos con 6 mil 464 reportes.

AsíLegal enfatiza que el monitoreo de medios y el registro oficial en muy pocos casos coinciden con el tipo de números de incidentes, ya que medios reportan incidentes que no se ven reflejados en los datos oficiales.

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“Se identifica un subregistro. Lamentablemente el cuaderno mensual de estadística de supervisión penitenciaria, si bien es cierto, todos los estados le reportan al órgano administrativo desconcentrado de prevención y rehabilitación social, muchas veces no hay un indicador clave o claro que determine cuándo vamos a tener un descenso o un homicidio o un fallecimiento”, declaró.

Por otro lado enfatiza que también existe un vacío entre cómo se clasifican los incidentes, como es el caso de las “agresiones” e “intentos de suicidios” o el caso de “decesos” y “homicidios”.

“No tienen un parámetro claro que defina cuándo es autoagresión o cuándo un contexto de suicidio. Muchas veces decían las autoridades que autoagresiones es porque se raspan, se rayan o se tatúan y se están agrediendo su propio cuerpo y otra vez que ya cuando los agarraban colgándose, tomando medicamentos para lamentablemente quitarse la vida, pero sí no hay un patrón y lo mismo pasa con la documentación que hacen ellos sobre las muertes. Por ejemplo, ellos manejan muertes, defunciones y decesos y no te determina la diferencia”, describe.

Se agudiza violencia al interior de las cárceles

Durante el mes de febrero existió un incidente que despertó las alertas por el número de personas vinculadas y relacionado con la muerte del capo, Nemesio Oseguera, alias «El Mencho».

“Febrero es un mes que reportó demasiados incidentes, más que incidentes, personas involucradas en el caso de Jalisco (…) lo que nosotros hemos registrado es que a raíz de las elecciones que se tuvo en el contexto del Poder Judicial y el incremento de la población”, añadió.

El 24 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Jalisco informaron de la detención de 41 personas que se vieron implicadas en los disturbios desatados en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Ixtapa, en Puerto Vallarta que ocasionó la fuga de 23 reos y un fallecido, miembro de la policía penitenciaria.

La Fiscalía de Jalisco informó que 20 de los arrestados fueron identificados por participar en hechos de violencia, mientras que el resto por actos de saqueo y rapiña. Este caso sería uno de los incidentes con mayor número de reos involucrados.

A ellos se suman otros casos de motines relacionados a inconformidades que se viven dentro de los centros penitenciarios por extorsiones como también fue el caso de Tuxpan, Veracruz y Santa Martha en la Ciudad de México.

Sistema penitenciario rebasado 

De acuerdo con el Análisis y Pronunciamiento de la Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las principales causas del incremento en la sobrepoblación carcelaria son el uso excesivo de la pena privativa de la libertad y el rezago judicial en los expedientes.

El documento añade que la aplicación de condenas prolongadas, en muchos casos sin posibilidad de medidas cautelares o de libertades anticipadas, agrava la problemática. Asimismo, la CNDH puntualiza la escasa utilización de penas alternativas o sustitutivas de la prisión.

Actualmente, se estima que alrededor de 260 mil personas se encuentran recluidas en centros penitenciarios del país, lo que ha generado altos niveles de sobrepoblación y ha contribuido al incremento de la violencia al interior de estos espacios.

“Ahora la población penitenciaria está arriba de los 260 mil personas privadas de libertad y eso conlleva evidentemente a mayores problemáticas de violencias al interior del centro penitenciario. Hoy estamos en el nivel histórico más alto que hemos tenido en la vida, lo que indica que hay más de 30 mil personas están en hacinamiento y sobrepoblación, porque nuestro sistema penitenciario solo tiene capacidad para cerca de 230 mil personas”, añade José Luis Gutiérrez.

La CNDH señala que esta sobrepoblación provoca un déficit de espacios dignos y habitables, así como condiciones de hacinamiento derivadas de la ausencia o inadecuada clasificación de la población penitenciaria. Además, advierte que la falta de control e ingobernabilidad se agrava ante el desequilibrio entre el número de internos y la limitada cantidad de personal encargado de su custodia.

Con esto también se fomenta la insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condiciones de la vida digna en prisión, con ello la falta de oportunidades reales de acceso a medios que logren la reinserción social efectiva.

De acuerdo con los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2025, en enero de ese año ya se reportaban 127 centros sobre poblados, para octubre la cifra subió a 138, pero al finalizar el año se llegó a un total de 142 centros con sobrepoblación.

En tanto, los estados con mayor sobrepoblación fueron el Estado de México con la mayor sobrepoblación absoluta con un excedente de 21 mil 344 personas cifra que se incrementó a 22 mil 868 para diciembre

Asimismo, Nayarit presentó la sobrepoblación relativa más crítica del país, iniciando el año con un exceso del 161.98 por ciento y finalizó en diciembre con un 191.65 por ciento, lo que significa que su población casi triplica su capacidad instalada. En tanto, Sonora mostró un crecimiento constante, pasando de una sobrepoblación de 3 mil 689 personas en enero a 7 mil 562 en diciembre.

Traslados son parte de la estrategia de seguridad

Ante la problemática generada por la sobrepoblación penitenciaria, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha implementado una estrategia que consiste en trasladar a internos de centros estatales a centros federales, con ello se busca garantizar la gobernabilidad y desarticular redes criminales dentro de los centros penitenciarios.

En julio de 2025, se llevó a cabo el traslado de 60 internos a distintos Centros Federales de Reinserción Social (Cefereso). De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos movimientos se realizan con base en el perfil de las personas privadas de la libertad, particularmente de aquellas vinculadas con delitos que afectan la seguridad pública y el bienestar social.

Cabe destacar que, al 31 de julio de 2024, ya se habían trasladado 13 mil 319 internos de centros penitenciarios estatales a penales federales. Autoridades federales señalaron que estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de incidentes en cárceles estatales. Las entidades con mayor número de traslados fueron Estado de México, con mil 938; Ciudad de México, mil 786; Chihuahua, mil 771; Tamaulipas, mil 728; Zacatecas, mil 476; Guanajuato, mil 348; Nuevo León, mil 193; Veracruz, 680; Quintana Roo, 627; Puebla, 591; Sonora, 558, y Guerrero, con 513.

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Con estas medidas, las autoridades aseguran avanzar en la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país, sin dejar de lado el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Hay casos de incidentes en los que está de por medio la operación de estos grupos criminales que adquieren poder incluso dentro del penal: “En la Ciudad de México se ha visto lo que está pasando con las mujeres que están privadas de la libertad con el supuesto cártel que hay al interior, de mujeres colombianas que están extorsionando. Entonces, nosotros estamos identificando mayores actos de violencia al interior de los centros penitenciarios”, puntualiza el entrevistado.

Marlen, una joven de 21 años, quien se encuentra dentro del penal de Santa Martha Acatitla perdió la vida en julio de 2025, y pese a que sus familiares les informaron que se trató de un presunto suicidio, su madre denunció que se trataba de un homicidio, ya que su hija era víctima de extorsión por una pandilla que se encontraba dentro del penal, la cual distribuía droga y pornografía. A esto se sumarían otras denuncias de internas dentro de ese mismo penal.

Información. Reporte Índigo.