Minutos antes de que la Secretaría de Gobernación y la Cancillería publicaran su comunicado conjunto rechazando la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera —expresidente del mismo organismo— lanzó una advertencia pública: “Ojalá que no vaya a sacar el gobierno de México un comunicado descalificando, atacando e insultando al comité”, dijo. El comunicado salió de todas formas.Corcuera calificó la reacción del Estado mexicano como “deplorable” y lamentó que no se aprovechara el momento para reconocer la dimensión del problema: “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”.

“Enojarse con el doctor que te da el diagnóstico no te va a curar”.

El jurista utilizó una metáfora para describir la postura oficial: “Lo malo es la no aceptación de la enfermedad. Y enojarse con el doctor que te dé el diagnóstico. Eso no te va a curar”. Advirtió que negar el problema impide atender las recomendaciones y revertir la crisis. En lugar de confrontar al organismo, señaló, el Estado debería asumir el proceso con seriedad y comprometerse con medidas estructurales: fortalecer la búsqueda de personas, atender la crisis forense, combatir la impunidad con apoyo internacional y replantear la estrategia de seguridad.

La definición no es del Comité, es del derecho internacional

Uno de los puntos centrales del rechazo mexicano es la definición de desaparición forzada que utiliza el CED. Corcuera fue directo al respecto: la definición no es una interpretación aislada del organismo, sino un estándar consolidado que proviene de la Convención Internacional de 2006, de la declaración de la Asamblea General de 1992 y de la convención interamericana en la materia. “No es del Comité la definición, esa es una definición reconocida internacionalmente por diversos instrumentos internacionales”, enfatizó.

Sobre la inconformidad del gobierno por la vinculación del caso con el Estatuto de Roma, Corcuera explicó que dicho instrumento también reconoce la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y amplía la responsabilidad a actores no estatales: “Organizaciones que no son estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad”.

Corcuera atribuyó el avance en el ámbito internacional principalmente al trabajo de los colectivos de búsqueda: “Este logro se le debe cien por ciento a las familias de las personas desaparecidas”, afirmó.

Aguilar también advirtió que, aunque el Comité reconoce ciertos avances institucionales, concluye que no han sido suficientes para prevenir ni erradicar las desapariciones. Llamó a que la política exterior mexicana se ponga “al servicio de la crisis de desaparición, al servicio de las familias”, y no al servicio de la confrontación con los organismos internacionales.

Información. Infaboe.