La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las críticas de colectivos de madres buscadoras sobre el nuevo informe de personas desaparecidas y defendió que la estrategia del gobierno federal combina trabajo en campo con análisis de datos para ubicar a las víctimas.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria respondió a los señalamientos de que la búsqueda se limita a procesos administrativos. “Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo”, afirmó.
Explicó que las acciones se realizan tanto desde la Comisión Nacional de Búsqueda como a través de instancias estatales, en coordinación con colectivos. Señaló que el cruce de información —como registros del INE o datos de vacunación— permite generar indicios para localizar personas reportadas como desaparecidas.
“Si encontramos que una persona reportada como desaparecida realizó algún trámite años después, eso nos permite contactar a la familia y avanzar en su localización”, detalló.
Sheinbaum subrayó que estos mecanismos no sustituyen la búsqueda en territorio, sino que la orientan. Añadió que los registros no se depuran de manera automática: “Hasta no tener prueba de vida o, lamentablemente, de no vida, nunca se retira a una persona del registro”.
La Presidenta también respondió a las críticas sobre posibles errores por homonimias, al señalar que no sólo se revisan nombres, sino también huellas dactilares y características físicas para confirmar identidades.
En paralelo, reconoció fallas en ministerios públicos estatales que retrasan la apertura de carpetas de investigación. Indicó que el gobierno federal trabaja con fiscalías locales para evitar que las denuncias se registren únicamente como reportes y garantizar investigaciones inmediatas. “Es mejor que se abra la carpeta desde el inicio, porque eso garantiza la búsqueda”, sostuvo.
Las declaraciones ocurren tras el informe presentado el pasado 27 de marzo sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que desató inconformidad entre colectivos de familiares.
Organizaciones de madres buscadoras exigieron hacer pública la metodología utilizada para depurar y actualizar el registro, al advertir que la falta de transparencia podría distorsionar la dimensión de la crisis. También demandaron completar la información de los expedientes y recordaron el compromiso presidencial de establecer un diálogo directo con las familias.
De acuerdo con cifras oficiales, el registro reporta 46 mil 742 casos con datos insuficientes para su búsqueda, 43 mil 128 sin actividad reciente y 40 mil 308 con algún tipo de registro o movimiento. El Gobierno Federal sostiene que, desde octubre de 2024, más de 31 mil personas han sido localizadas mediante cruces de información y otras acciones institucionales.
La presidenta insistió en que el informe busca transparentar el estado real de los registros y reiteró que la obligación del Estado es doble: continuar la búsqueda de todas las personas desaparecidas y avanzar en la erradicación de este delito, particularmente el vinculado con la delincuencia organizada.
Información. El Sol del Bajío.

