Elba ha sido víctima de extorsión y robo en tres ocasiones: una mediante engaños y otra bajo amenazas. En total, perdió 50 mil pesos que no ha logrado recuperar y desconoce quién pudo haber cometido los delitos.

La mujer de la tercera edad relata que, a través de una llamada telefónica, un sujeto se hizo pasar por “secuestrador exprés” y le aseguró que tenía retenida a su hija menor; de no obedecer sus instrucciones, amenazó con matarla.

“Primero me pidió 150 mil pesos porque estaba enfermo, le dije que no los tenía y me decía ‘no, que, consíguelos’, y escuché una voz de una mujer que me dijo: mamá ayúdame por favor, haz lo que te digan”, cuenta.

Al señalar que no podía conseguir el dinero, acordó con la persona depositarle a una cuenta 10 mil pesos, esta vez no denunció.

La segunda ocasión fue desde las instalaciones del banco al que frecuentaba, una persona se le acercó para decirle que limpiara bien el chip de su tarjeta ya que estaba teniendo problemas con el cajero. Esa vez, el hombre que se le acercó le cambió su tarjeta.

Elba recurrió a las autoridades, pero no obtuvo respuesta a la denuncia que interpuso, pese a que el banco contaba con las cámaras para identificar a la persona.

La tercera ocasión recibió una llamada presuntamente de su institución bancaria en la que le indicaron que tenía una compra no reconocida. A través de engaño, obtuvieron los datos de su cuenta, horas después se dio cuenta que le habían vaciado su tarjeta.

“No denuncie, dije ya para qué, va pasar lo mismo que la última vez”, señaló.

Impunidad que crece en todos los estados

El caso de Elba, no es un hecho aislado, en México el 93 por ciento de los delitos no se denuncian, ni se investigan, y la tasa de impunidad ronda en el 89 por ciento, así lo señala el último reporte de México Evalúa, Radiografía de la Impunidad.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 reveló que el 63 por ciento de quienes no denuncian lo hacen debido al desempeño institucional.

Además, el 34.62 por ciento aseguró tener la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo, mientras que el 14.02 por ciento se refirió a la complejidad de los trámites o miedo a represalias.

La cifra oculta en el país se ha mantenido entre el 91 y 94 por ciento en los últimos 14 años, manteniendo a México como el país con mayor cifra oculta en comparación con países similares como son Estados Unidos con el 52 por ciento, Reino Unido con el 62 por ciento, y Colombia con el 77 por ciento.

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Esto a causa de la poca disponibilidad de la ciudadanía a denunciar, además de que la impunidad crece entre las instituciones de procuración de justicia, lo que no ayuda a tener una respuesta efectiva por parte del sistema.

El informe referido señala que mientras la policía recibe 8 millones de reportes o llamadas al 911, las fiscalías solo reciben 2 millones de denuncias. Es decir que, de cada 100 delitos cometidos, sólo se reportan siete formalmente.

“El 63 por ciento de las personas que no denuncian es por alguna causa atribuible a las ejecuciones, miedo, desconfianza o porque creen que no sirve de nada. Si te roban el celular, tu bicicleta, tu moto y piensas, ‘¿para qué voy a la policía si nunca lo recuperan?’ (…) 

«Ese silencio masivo debido en buena parte a la falta de respeto institucional es lo que alimenta la impunidad”, señaló Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.

Un sistema de justicia que parece rebasado

Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes se duplicó tanto en fiscalías como en tribunales, es decir, acumulan más casos de los que pueden resolver.

Además, el informe citado revela que, de la cifra oculta de los delitos no denunciados y la acumulación de casos pendientes, la resolución y el acceso a la justicia presenta un rezago importante, pues sólo el 6.28 por ciento de los casos llegan a una imputación formal ante un juez.

En tanto, se señala que pese a que la figura del archivo temporal es una respuesta necesaria en muchos casos en que se acaban las líneas de investigación, no es una solución y la mayoría de los casos terminarán por prescripción, lo que aumenta la impunidad.

De todas las carpetas que están en las fiscalías, solo un 7 por ciento terminan en acuerdo reparatorio, señaló la especialista, a pesar de las bondades de la figura. En las fiscalías la situación de estancamiento más grave que encontramos es el archivo temporal en prácticamente la mitad de los casos. La mitad de las carpetas en las fiscalías se manda el archivo, si hacemos el promedio nacional.

«Por otra parte, en el 33 por ciento de los casos se determina en un ejercicio de la acción penal. Aunque esta es una determinación que da certeza de que ya no se va a continuar una investigación, es posible que en algunas fiscalías simplemente se están desechando los casos para no incrementar la estadística de los resultados archivados”, indicó Camacho.

La especialista enfatizó que la estructura más débil es la arquitectura de la investigación por lo que instó a ascender a una investigación orientada a tomar juicio. Por lo que es necesario una transformación interna de las fiscalías, así como la coordinación institucional que permita mejores investigaciones y decisiones basadas en las evidencias para mejorar la construcción de un sistema de justicia funcional y mejor para las personas.

Información. El Sol del Bajío.