El Gobierno Federal dio a conocer formalmente los puntos del Plan B de la reforma electoral que será enviada este martes a la Cámara de Senadores, la cual contempla reformas constitucionales y legales diseñadas para aplicar recortes presupuestales, disminuir los privilegios de los partidos políticos y profundizar la austeridad republicana en el país.

La iniciativa de la presidenta busca eliminar gastos excesivos del sistema electoral para destinar el ahorro de recursos en infraestructura y servicios públicos para los estados y municipios.

Dentro de las modificaciones presentadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en conferencia de prensa mañanera se establece que los consejeros, magistrados y altos funcionarios de los organismos electorales no podrán percibir un salario mayor al de la presidenta de México. Asimismo, el proyecto decreta el fin de bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales, planteando una reducción de gasto progresivo en estas instituciones hasta alcanzar un ahorro del 15 por ciento.

Sobre la representación local, la reforma impone un tope máximo de 15 regidurías y un mínimo de siete, al igual que limita a una sola sindicatura por municipio. Respecto a los congresos locales, se establece un tope presupuestal del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos, la propuesta obliga a las dirigencias a transparentar sus remuneraciones y a reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado. El tope de las remuneraciones para estos entes se fija en mil 500 UMAS, equivalente al salario presidencial, y se prohíbe el uso de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo o financiamiento proveniente del extranjero.

Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación, que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

En este contexto, la presidenta dijo que ya hay una reforma constitucional para que nadie gane más que la presidenta de México, sin embargo dijo que hay muchos consejeros electorales que no respetan este punto.

Finalmente, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluyen el inicio de los cómputos federales y locales al cierre de la jornada con la llegada del primer paquete, así como el uso de tecnologías para la fiscalización.

La presidenta también confirmó que la elección judicial se realizará en 2027 con la posibilidad de reducir el número de candidatos a elegir. Asimimo, la revocación de mandato también se podrá realizar en el tercer o cuarto año de gobierno a solicitud del pueblo de México.

Sheinbaum reiteró que este ahorro también contempla a la Cámara de Senadores y que se estima que conseguirán cuatro mil millones de pesos que serán invertidos en programas sociales y obra pública para los estados del país.

Información. El Sol del Bajío.