La magnitud real de las fosas clandestinas en México sigue siendo incierta. Mientras el país enfrenta una de las crisis forenses y de desapariciones más graves de su historia reciente, las cifras oficiales no coinciden entre sí y tampoco con los registros documentados por organizaciones civiles y medios de comunicación. Ante este vacío de información, un grupo de instituciones impulsó la creación de una plataforma ciudadana destinada a registrar estos cementerios ocultos y dimensionar el problema.
Entre 2023 y 2024, las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente tiene registradas 94. En contraste, el recuento elaborado a partir de información periodística contabiliza al menos mil seis sitios de inhumación ilegal.
Estas diferencias fueron expuestas por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), organizaciones que desarrollaron la Plataforma Ciudadana de Fosas, un esfuerzo que evidencia las inconsistencias y vacíos en el censo oficial de este tipo de sepulturas.
Jessica Alcázar, coordinadora de Prevención de Artículo 19 y participante en la creación del proyecto, explicó en entrevista con Reporte Índigo que contar con cifras claras resulta indispensable para dimensionar la gravedad del fenómeno en el país, especialmente en un contexto donde el número de cuerpos sin identificar ronda los 72 mil.
“Es fundamental contar con el número de fosas que existen porque las cifras permiten entender la magnitud de la crisis forense. La plataforma surge ante la ausencia de un registro oficial público de fosas clandestinas y comunes por parte del Estado”, señaló.
La especialista añadió que las discrepancias entre los datos oficiales responden a la falta de criterios homologados para reportar hallazgos, así como a problemas de trazabilidad de la información, negligencia institucional y una limitada coordinación entre autoridades federales y estatales.
Alcázar también detalla que la única aproximación de datos que se tenía antes era el conteo de fosas que realizaba la Comisión Nacional de Búsqueda y que se enriquecía con información de la fiscalía local con lo que se hacía un mapa; sin embargo, la comisión dejó de hacer esa tarea el año pasado.
“La ciudad no tiene acceso público a cuántas fosas clandestinas hay, lo que podría ayudar a resolver otra crisis que es la cifra de las personas desaparecidas, porque no son solo cifras. Mucho más allá de los números se debe hacer conciencia que son personas con una identidad, y muchas de ellas pueden ser los extraviados que miles de familias buscan en todo el territorio nacional”, expresó.
La experta en el tema también resalta que la problemática tiene varios sexenios y se ha mantenido con cualquier partido político, ya que ha habido ausencia de una versión pública del registro nacional de fosas clandestinas, al igual que de las comunes, cuya responsabilidad recae en la FGR junto con las fiscalías estatales.
Sonora, Guanajuato y Colima con más inhumaciones ilegales
De acuerdo con la plataforma de las tres organizaciones, en 2025 la Comisión Nacional de Búsqueda retiró su registro público y los datos de las fosas clandestinas, cuya información disponible tenía datos hasta agosto de hasta 2023, además solo se contaba con información de 15 de las 32 entidades.
Artículo 19, Data Cívica y el PDH Ibero, abundan en la plataforma que los estados con más fosas clandestinas reportadas en medios de comunicación son Sonora con 74, Guanajuato con 91, Colima con 86, Jalisco con 83 y Chihuahua con 78.
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También se informa que las personas encontradas en estos sitios donde han ocurrido atrocidades es inconsistente con en el caso de las fosas comunes, ya que los medios han reportado la exhumación de 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 restos óseos de personas, comparado con los mil 616 cadáveres de personas reportados por las fiscalías. Al mismo tiempo se abunda que de los cuerpos y restos que sí se han podido identificar, la mayoría son hombres con un 77 por ciento.
“Hay fiscalías que se niegan a darnos la información. Por ejemplo, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz nos la niegan con el argumento de que no es de su competencia. Por otra parte, las fiscalías de la Ciudad de México, Querétaro y Yucatán nos reportan que tienen cero fosas, pero cuando contrastamos con las fuentes abiertas nos damos cuenta en los periódicos y en el trabajo documental que hacen los colegas periodistas que sí hay fosas”, detalla la entrevistada.
Víctimas viven una doble desaparición
Al no tener un manejo adecuado de los restos o deficiencias en la identificación de restos humanos, por parte de las autoridades, señala Alcázar, las familias sufren una doble desaparición.
“Una vez que encuentran los cuerpos entra la autoridad, rescata supuestamente los cuerpos para identificarlos, pero en realidad los resguarda en cementerios, panteones ministeriales o fosas comunes, a veces sin ningún protocolo o registro homologado, entonces las familias se topan con una doble desaparición”, asegura la coordinadora de Artículo 19.
También destaca que al tener un mejor registro de las fosas comunes el siguiente paso es mejorar las funciones forenses para detectar a quién pertenece el cadáver.
“La plataforma puede ayudar para calcular la magnitud de la situación y diagnosticar cómo mejorar las condiciones forenses en favor de todas esas personas de quien se desconoce su identidad y que puede también ayudar a las familias que buscan a sus seres amados”, concluye.
Información. Reporte Índigo.

