Una reforma profunda al sistema de permisos de trabajo para solicitantes de asilo podría transformar radicalmente el panorama migratorio en Estados Unidos durante las próximas décadas.

Una propuesta normativa publicada por el gobierno de Donald Trump plantea suspender por tiempo indefinido la autorización de empleo para quienes soliciten asilo, un cambio que, de concretarse, representaría uno de los giros más severos en esta política en más de una generación.

La iniciativa, emitida por el Department of Homeland Security (DHS), busca desincentivar la presentación de solicitudes de asilo que, según la administración, tendrían como objetivo principal acceder legalmente al mercado laboral estadounidense.

Al mismo tiempo, el gobierno argumenta que la medida permitiría aliviar la carga administrativa, reforzar los controles de seguridad y concentrar recursos en la resolución de los casos pendientes.

Un freno casi total al acceso al empleo legal

De acuerdo con la propuesta, el DHS detendría la tramitación de permisos de trabajo para todos los nuevos solicitantes de asilo hasta que el tiempo promedio de resolución de ciertos casos se reduzca a 180 días o menos. 

Mientras no se alcance ese umbral, las solicitudes de autorización laboral quedarían congeladas, sin importar la situación económica o familiar de los solicitantes.

El propio gobierno reconoce que, bajo las condiciones actuales del sistema migratorio, ese objetivo podría tardar décadas en alcanzarse.

En su análisis preliminar, el DHS estimó que el plazo necesario para reducir los tiempos de tramitación podría oscilar entre 14 y hasta 173 años, una proyección que ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y expertos en migración.

Aunque la dependencia aclaró que otros factores podrían acelerar el proceso, el escenario descrito sugiere una suspensión prolongada, potencialmente multigeneracional.

Una pieza más de una estrategia migratoria restrictiva

La norma forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para endurecer tanto la inmigración legal como la irregular.

El republicano regresó a la Casa Blanca en 2025 tras una campaña en la que asoció reiteradamente a los migrantes y solicitantes de asilo con la criminalidad y el abuso de los programas públicos, afirmaciones que han sido cuestionadas por múltiples estudios académicos y organismos oficiales.

Desde el inicio de su nuevo mandato, la administración ha impulsado políticas orientadas a restringir el acceso a beneficios, aumentar los requisitos de elegibilidad y reducir los incentivos para permanecer en el país mientras se resuelven los procesos migratorios. La suspensión de los permisos de trabajo encajaría en esa lógica, al limitar la posibilidad de autosuficiencia económica de quienes buscan protección.

Impacto social y posibles desafíos legales

Organizaciones de defensa de migrantes advierten que impedir el acceso al empleo legal podría empujar a miles de solicitantes de asilo hacia la economía informal, aumentar la vulnerabilidad a la explotación laboral y sobrecargar a organizaciones de asistencia social.

También señalan que la medida castiga de forma indirecta a familias y comunidades locales, al reducir ingresos, consumo y contribuciones fiscales.

Además, la propuesta probablemente enfrentará impugnaciones legales, tanto por su impacto humanitario como por la viabilidad de condicionar un derecho administrativo a un objetivo que el propio gobierno considera difícilmente alcanzable en el corto o mediano plazo.

Tribunales federales ya han bloqueado en el pasado políticas migratorias similares impulsadas por la administración Trump.

En conjunto, la iniciativa del DHS plantea un cambio estructural de largo alcance, que no solo redefine el acceso al empleo para los solicitantes de asilo, sino que reconfigura el equilibrio entre control migratorio, seguridad y derechos humanos en Estados Unidos. El debate que se avecina promete ser tan prolongado como el impacto potencial de la medida.

Información. Periódico Excélsior.