La madrugada del 19 de febrero de 2006 la tragedia ocurrió y empezó la espera. En la región carbonífera de Coahuila, la explosión en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, de Industrial Minera México (IMMSA), dejó a decenas de familias atrapadas en una dilación institucional frente a un socavón convertido en tumba.

Bajo tierra quedaron 65 mineros. Desde el inicio, las denuncias apuntaron a fallas en la ventilación, acumulación de gas metano y deficiencias en las medidas de seguridad.

El eco de esa catástrofe resuena con fuerza en la actualidad, tras el paso de 20 años. A pesar de los avances en la búsqueda de justicia y la promesa de recuperar los cuerpos de los trabajadores, el peligro persiste para los mineros mexicanos.

Solo dos cuerpos fueron recuperados días posteriores a la explosión y después el Gobierno se dio por vencido, lo que significó el abandono de los 63 cadáveres restantes. Hoy, con 25 restos recuperados —de los cuales 16 ya han sido identificados y entregados—, la esperanza volvió a las familias de las víctimas.

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Los trabajos de recuperación se reanudaron formalmente en 2020, luego del llamado que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano para la investigación y recuperación de los cuerpos. La Secretaría del Trabajo anunció un plan integral para ingresar nuevamente a la mina, con estudios técnicos y acompañamiento de especialistas.

La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia ha significado la continuidad del compromiso de rescate, sin embargo, el proceso ha sido lento y complejo, lo que ha prolongado los duelos postergados de los familiares.

Tania espera a su padre y lucha por su regreso

El tiempo no ha borrado la imagen de aquella mañana de febrero de 2006, cuando Tania, de apenas 12 años, salió a comprar galletas para el desayuno mientras esperaba a su padre, Jorge Vladimir Muñoz Delgado, quien trabajaba en el turno nocturno y solía llegar a casa con dulces para sus hijos. Nunca volvió.

“Yo fui la primera en enterarme”, recuerda. En la tienda del pueblo le dijeron que había explotado una mina. Ella pensó que no podía ser la de su papá. En casa no había celulares y nadie de la empresa ni de las autoridades avisó oficialmente a las familias. Fueron los medios locales los que difundieron la noticia.

“Ha sido un proceso muy largo… ya 20 años, toda una vida (…) La esperanza está puesta en que vamos a ir por el último, hasta el último y hasta donde sea necesario”, relata.

Tania espera, ya no como aquella niña que miraba la puerta aguardando el sonido de las botas, sino como una mujer que convirtió la ausencia en lucha. Dos décadas de crecer entre marchas, reuniones, promesas incumplidas y divisiones entre familias que tuvieron que decidir entre aceptar indemnizaciones o insistir en el rescate. Ella y su familia eligieron esperar. “Desde un principio hemos peleado por el rescate”, afirma.

La espera no ha sido pasiva. Ha estado llena de aprendizajes, de rabia y de esperanza, cuando el Estado anunció la reactivación de los trabajos, cuando comenzaron a recuperar restos y cada vez que una familia pudo cerrar un ciclo. “Es un respiro”, dice sobre los cuerpos que han sido entregados. Pero también es una herida abierta: padres y madres murieron sin ver cumplida esa promesa.

Sin embargo, la esperanza convive con el duelo acumulado. Padres y madres murieron sin ver la recuperación de sus hijos. “Eso es súper doloroso”, admite. Aun así, insiste en que la lucha no termina hasta que el último minero sea devuelto a casa. 

Minería, un riesgo del que no pueden escapar

Tania habla como hija, pero también como parte de una comunidad marcada por la minería. La tragedia no solo dejó 65 hombres bajo tierra, dejó una región acostumbrada al riesgo y al silencio. Reitera que el objetivo es que todos regresen porque mientras su padre siga en el socavón, su historia —y la de ella— permanece inconclusa.

En este camino, reconoce el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) que, pese a la desconfianza inicial de la comunidad hacia actores externos, ayudaron a visibilizar derechos laborales y humanos que antes no se discutían abiertamente.

“Siempre estaré agradecida con el centro de derechos humanos (…) Nos empezaron a decir: estos son sus derechos, ustedes pueden exigir”.

Desde entonces, la lucha dejó de ser sólo un duelo privado para convertirse en una causa pública.

Hoy, el reclamo central permanece intacto: recuperar a todos. No se trata solo de cifras, sino de nombres y familias que han esperado dos décadas para cerrar el duelo. Cada cuerpo pendiente es un recordatorio de que la justicia laboral en México no se mide únicamente en reformas, sino en la capacidad del Estado para cumplir su palabra y garantizar que ninguna mina vuelva a convertirse en sepulcro.

Negligencia, la impunidad y la normalización del riesgo

Pasta de Conchos se convirtió en símbolo de la deuda histórica del Estado mexicano con la seguridad laboral. Aunque las inspecciones y normas han evolucionado, la minería sigue registrando accidentes y conflictos. La tragedia también exhibe la dimensión social del abandono: comunidades dependientes del carbón, empleos precarios y vigilancia insuficiente.

Para Omar Navarro Ballesteros, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, la tragedia rompió una narrativa histórica. Él creció en Barroterán, un pueblo minero donde los velorios eran frecuentes.

“Yo no entendía por qué, si las minas son muy peligrosas, siguen trabajando”, recuerda sobre los días posteriores a la explosión.

La pregunta, dice, lo llevó a mirar más allá del accidente y a cuestionar la estructura que lo permitió.

Durante años, en la región carbonífera de Coahuila, la muerte en la mina fue asumida como un destino inevitable, incluso heroico. “Ya no se hablaba de mineros que mueren como héroes… ya se les nombraba como víctimas”, señala. Ese cambio de significado implicó algo más profundo: reconocer que no se trataba de tragedias aisladas, sino de consecuencias de fallas sistemáticas.

Navarro sostiene que la explosión en la mina 8 evidenció la corresponsabilidad de distintos actores. 

“Pasta de Conchos demostró que en este siniestro estaban involucrados el sindicato, la empresa y el gobierno”, afirma.

La acumulación de gas metano, las deficiencias en ventilación y las omisiones en inspecciones laborales no eran desconocidas. Sin embargo, la producción continuó.

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Así como salieron a la luz las irregularidades de la condiciones de trabajo de los mineros, también se evidenció la fuerza de las mujeres y las familias que, desde el primer día, se plantaron frente a la mina para exigir justicia.

Omar, comenta en entrevista, ha acompañado a la familias de los mineros que aún no son rescatados y esa experiencia le ha permitido conocer el dolor de la espera, el tránsito desde la tristeza hasta el enojo y la frustración.

Asegura que es triste ver a personas que murieron en el transcurso de estos 20 años y no pudieron tener la noticia de que los trabajos de rescate se reanudarían, eso les hubiera dado un poco de esperanza de ver regresar a sus seres queridos para poder cerrar ese ciclo.

Tragedia repetida en las minas de Coahuila

El problema, advierte, no terminó en 2006. Después de la tragedia, más de un centenar de mineros del carbón han perdido la vida en distintos accidentes en la región. Pocitos (pequeñas minas sin medidas de seguridad), derrumbes y explosiones siguen formando parte de la realidad cotidiana.

“Siguen muriendo trabajadores”, enfatiza y señala que pareciera que la memoria de Pasta de Conchos no ha sido suficiente para transformar de fondo el modelo extractivo, una actividad que hasta la actualidad pone en riesgo a los trabajadores que se dedican a ella.

La minería del carbón sostiene economías locales enteras. En comunidades donde hay pocas alternativas de empleo, el riesgo se convierte en moneda corriente. Las familias dependen de ese salario y los trabajadores, aun conscientes del peligro, regresan a los túneles. La precariedad laboral, la subcontratación y la débil supervisión de pequeñas explotaciones —muchas de ellas informales— agravan el panorama.

La profundidad del problema

La tragedia reveló que la minería no solo extrae carbón, también expone las fracturas de un sistema laboral que durante décadas priorizó la producción sobre la vida.

Omar Navarro considera que el rescate de los cuerpos atrapados es una deuda moral del Estado, pero no puede ser la única respuesta.

Su exigencia es clara: memoria, justicia y transformación estructural. Porque para la región carbonífera, dice, la lucha no termina cuando se recupera un cuerpo, sino cuando ningún trabajador tenga que arriesgar la vida por falta de condiciones dignas.

“El rescate de los mineros de Pasta de Conchos también debe ser mejorar las condiciones de trabajo”, sostiene. La reparación integral implica garantizar seguridad, inspecciones rigurosas, equipos adecuados y transparencia sindical.

La lucha de las familias ha logrado mantener el caso en la agenda pública y empujar la reactivación de los trabajos de recuperación. Sin embargo, el desafío mayor es evitar que la historia se repita. En la región carbonífera, cada turno implica descender a galerías donde el gas y el polvo siguen siendo amenazas latentes.

A casi 20 años, la pregunta persiste: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que la seguridad deje de ser un discurso y se convierta en garantía? Para Omar Navarro Ballesteros, la respuesta pasa por asumir que la memoria no es suficiente si no se traduce en transformaciones estructurales. Mientras eso no ocurra, Pasta de Conchos seguirá siendo una advertencia vigente en el corazón de la región minera.

Información. Reporte Índigo.