La detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, ejecutada en días pasados por instituciones de seguridad del Gobierno de México, representa el segundo caso de importancia en que Morena en Jalisco resulta vinculado presuntamente con la delincuencia organizada, pese a que esa fuerza política aún tiene un recorrido muy corto dentro de la historia electoral de la entidad.

Rivera Navarro y su equipo de gobierno más cercano son señalados por las autoridades federales, por presuntamente sostener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuya función habría consistido en transformar al Ayuntamiento de Tequila y sus dependencias en una nueva fuente de ingresos ilícitos para dicha organización criminal, principalmente mediante la obtención de recursos con extorsiones permanentes a los comerciantes y empresarios del municipio.

La Fiscalía General de la República (FGR) responsabiliza a Rivera Navarro, además, de haber encabezado, junto con un grupo armado, el secuestro de dos de sus correligionarios en Morena, en 2021: Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para obligarlos a renunciar a las candidaturas que les había otorgado el partido, al primero para la alcaldía y al segundo como su suplente.

Con ese “levantón”, Rivera Navarro habría conseguido que la candidatura por la alcaldía de Tequila recayera en su grupo político, aunque, en realidad, él figuró en esa plantilla solamente como aspirante a una regiduría, pero no aún como contendiente por la presidencia municipal.

Aquellos comicios de 2021, sin embargo, resultarían desfavorables para Morena, por lo cual el partido guinda conquistaría ese ayuntamiento hasta la elección siguiente, en 2024, con Rivera Navarro como su candidato ahora sí a la alcaldía del municipio.

Lo significativo es que en esos comicios de 2021, las autoridades federales y estatales que conforman el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, detectaron que la delincuencia organizada estaba interviniendo en el ámbito municipal del estado para garantizar el triunfo de Morena; así habría ocurrido específicamente en el municipio de Jilotlán de los Dolores, donde todos los candidatos fueron obligados a renunciar mediante amenazas del crimen organizado, con excepción del abanderado morenista.

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En el informe que emitiría el Consejo Estatal quedaría consignada esta relatoría de hechos: «23-marzo-2021. Se anuncia el registro de las planillas del PRI en todo el estado y no registran en Jilotlán de los Dolores por no contar con las condiciones de seguridad (…). 23-abril-2021. Renuncia de candidatos de planilla municipal del PAN en Jilotlán de los Dolores. 24-abril-2021. Renuncia de candidatos de planilla municipal de MC en Jilotlán de los Dolores».

El reporte agrega que el 24 de mayo de ese año, seis partidos políticos solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco la suspensión del proceso electoral en Jilotlán, por encontrarse en situación de violencia. Días después se recibieron denuncias de intimidaciones a candidatos por parte de la delincuencia organizada.

La existencia de este informe que confirmaba las operaciones de la delincuencia organizada para concretar el triunfo electoral de Morena en el estado quedaría expuesta en la sentencia JIN-085/2021, que emitiría el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para declarar como nulas las elecciones celebradas en Jilotlán de los Dolores, y donde había resultado vencedor José Manuel Cárdenas Flores, el abanderado morenista que terminaría siendo el único candidato que pudo participar en aquellos comicios.

Funcionarios municipales presos

Este 6 de febrero de 2026, la FGR anunciaba que tanto el alcalde, Rivera Navarro, como sus colaboradores que también fueron aprehendidos por las fuerzas federales un día antes, permanecerían en prisión preventiva.

La fiscalía precisó que obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Diego ‘N’, Juan Manuel ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Y agregó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, les formuló imputación a Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ por su posible participación en el delito de secuestro agravado.

Sheinbaum reprueba vínculos delictivos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declararía al respecto, por su parte, el mismo 6 de febrero: “En el caso, por ejemplo, de ayer, de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y, obviamente, a la Fiscalía General de la República (…). en el caso de Tequila hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. (…) Es muy importante que sepan porque, además, este alcalde es de Morena: 

«Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse”.

Información. Reporte Índigo.