El Gobierno de Puebla heredó una deuda millonaria construida durante administraciones pasadas a partir de contratos opacos, endeudamiento de largo plazo y presuntos actos de corrupción que hoy comprometen hasta tres décadas del futuro económico del estado.

Esa herencia, que drenó recursos destinados a servicios públicos, infraestructura y desarrollo social, es ahora uno de los principales frentes de batalla del gobernador Alejandro Armenta Mier y su equipo.

En entrevista con Reporte Índigo, el mandatario estatal subrayó que el combate a la corrupción es una prioridad central de su administración y que por ello decidió exhibir públicamente la magnitud del problema.

“Es muy importante el combate a la corrupción, por eso exponemos la deuda pública que dejaron otras administraciones y que estamos resolviendo, que tiene un significado en la economía, porque son recursos que se deben y se van a utilizar para inversión productiva de Puebla”, afirmó.

El gobierno poblano ha revelado que, detrás de esta carga financiera, existe una red de decisiones irregulares, contratos inflados y esquemas de financiamiento que favorecieron a empresas privadas y exfuncionarios, mientras se hipotecaban las finanzas públicas del estado. Las investigaciones no solo buscan deslindar responsabilidades, sino también cancelar o renegociar los compromisos que hoy obligan a Puebla a destinar recursos por décadas.

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Sobre este proceso, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, detalla que desde la llegada de la nueva administración en diciembre de 2024 se encendieron las alertas.

“Desde la llegada de esta nueva administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, nos encontramos con distintos casos complicados que impiden, detienen o frenan el desarrollo que Puebla pueda alcanzar, porque se han comprometido recursos multimillonarios por actos de corrupción”, explica.

El funcionario señala se ha realizado un análisis de lo que se puede hacer para poder frenar parte de lo que heredaron administraciones anteriores, pues son obligaciones financieras que comprometen las finanzas estatales por 20 o 30 años a través de los esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Deudas extendidas hasta 2024

El coordinador del gabinete de Puebla, expuso que uno de los casos es el Centro Integral de Servicios, un edificio que alberga las oficinas gubernamentales para trámites y que se encuentra en la capital del estado.

“Este proyecto que implementaron en 2011 vence en 2037, y se han pagado 2 mil 639 millones de pesos, cuando costó en su momento mil 372. Para este año 2026, de acuerdo a la ley de egresos, tenemos que pagar 259 millones de pesos, en promedio 21 millones de pesos mensuales para seguir pagando este edificio”, detalla.

García Parra también exhibió que uno de los casos más importantes es el del Museo Nacional del Barroco, un recinto que asegura no era de los poblanos. Esta situación comienza desde 2016, cuando se fijó un costo de más de 14 mil millones de pesos, de los que se han pagado casi 4 mil millones de pesos hasta el mes de julio de 2025.

“Se logró un buen acuerdo en favor de Puebla, tendríamos que haber pagado todavía un poco más de 10 mil millones de pesos al año 2039 y en su lugar, iniciamos en agosto con un crédito de corto plazo con el que estamos pagando 2 mil millones de pesos”, explica.

José Luis García Parra destacó también las plataformas de Audi, un proyecto de construcción por APP, con un costo de 5 mil millones de pesos. Hasta 2025 se han pagado casi 8 mil 600 millones de pesos y se tiene que concluir la deuda en noviembre de 2028.

Uno de los casos más polémicos es la privatización del servicio de agua potable. “Los gobiernos que tenían alianza –PRI, PAN, MC–, reformaron en 2013 la ley en el Congreso del estado y permitieron que el agua ya no fuera de los poblanos, que se entregara a particulares, se les dio esta concesión y ahora tienen la capacidad de definir las tarifas”.

La concesión implica una contraprestación inicial de mil 486 millones de pesos y compromisos de inversión que actualmente están bajo revisión, debido a que la infraestructura existente no garantiza un servicio ni un suministro de calidad.

Además, el Gobierno de Puebla tiene aún pendientes pagos por más de 2 mil 740 millones de pesos hasta 2044, cuando concluye el contrato. Cancelar de manera unilateral este esquema, precisa el coordinador del gabinete poblano, tendría un costo aún mayor, ya que obligaría al estado a cubrir una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos, lo que dimensiona el elevado precio financiero que tendría recuperar el control del servicio de agua para los poblanos.

Alejandro Armenta contra saqueos institucionalizados

Sobre las investigaciones que hace la administración actual, el gobernador Alejandro Armenta afirma que están tomando cartas en el asunto ya que asegura no habrá omisión.

“Es una medusa de muchas cabezas. Hay un trabajo muy profundo que están haciendo el personal de la Consejería, las áreas de finanzas, de la Contraloría y la Secretaría del Buen Gobierno. 

«Es una noticia de terror porque hay una colusión terrible de muchos años y de muchas autoridades, estamos poniendo orden porque institucionalizaron el saqueo en Puebla”, señala.

Armenta Mier asegura que el combate a la red de corrupción heredada se rige por un principio de legalidad y responsabilidad institucional, sin persecuciones políticas pero tampoco con tolerancia a la impunidad: “Si nosotros no damos a conocer o no actuamos jurídicamente incurrimos en omisión y eso es complicidad y tiene responsabilidad”.

‘El saqueo más grande del siglo’

El Museo Internacional del Barroco, concebido como el emblema cultural de Puebla, terminó convertido en uno de los mayores desfalcos de la historia del estado. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, describe el proyecto como “el saqueo más grande del siglo”.

Lo que inició como un proyecto arquitectónico de prestigio global derivó en una deuda superior a los 14 mil millones de pesos, producto de contratos y esquemas financieros que hoy son investigados por presunto daño al erario.

La actual administración logró renegociar el compromiso financiero y redujo el pasivo a un pago de aproximadamente 2 mil millones de pesos, lo que representa un ahorro cercano a 8 mil millones para las finanzas públicas. Más allá de liquidar la deuda, el gobierno estatal anunció que el recinto será transformado en la nueva Universidad de las Bellas Artes de Puebla, con el objetivo de devolverle un sentido social a un proyecto que durante años fue símbolo de opacidad y despilfarro.

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Para concretar esta reconversión, se destinarán 100 millones de pesos provenientes de los 500 millones que la administración estatal logró ahorrar durante su primer año de gobierno. La inversión inicial permitirá adaptar el inmueble para funciones educativas y culturales, con miras a convertirlo en un polo de formación artística y académica.

El inicio de este proyecto abarca: la Universidad de la Salud, la Universidad del Deporte y la Universidad de la Tecnología y Sostenibilidad.

Alejandro Armenta subrayó, en entrevista con este medio, la dimensión financiera y política de esta operación, al destacar que la renegociación del Museo Barroco no solo cerró un capítulo de endeudamiento extremo, sino que liberó recursos que ahora podrán dirigirse al desarrollo productivo del estado.

Paralelamente, el Gobierno de Puebla mantiene abiertas investigaciones por presunto daño patrimonial y al erario relacionados con el museo. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la colocación de chips en obras de arte y el deterioro de piezas cuyo valor es incalculable, lo que refuerza las sospechas de manejo indebido del patrimonio cultural y abre la puerta a posibles responsabilidades penales y administrativas.

Para ahondar en la situación se ha designado al titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, para investigar los presuntos actos ilícitos ocurridos, relacionados con la adquisición de chips que ocasionaron daños a obras de arte.

El Gobierno poblano ha precisado que el caso se encuentra bajo investigación por presunta falta administrativa y que se ha turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial para la posible sanción de los servidores públicos involucrados.

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso ha reconocido que la Universidad de las Bellas Artes es una nueva oportunidad para estudiantes que decidan prepararse de manera profesional en artes como: pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine.

Los juicios pendientes comprometen las finanzas de Puebla

El Gobierno de Puebla también heredó una carga de litigios y sentencias judiciales que hoy representan una deuda multimillonaria para las finanzas del estado. Se trata de demandas acumuladas durante años, muchas de ellas ya resueltas en contra del gobierno, lo que limita el margen de maniobra de la actual administración para negociar o reducir su impacto económico.

Al respecto, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, explicó que al asumir funciones en diciembre de 2024 encontraron un entramado de juicios prolongados y obligaciones legales que comprometen seriamente el presupuesto público y dificultan la capacidad del estado para destinar recursos a inversión social y desarrollo.

“Ocurrieron en otras administraciones y algunos de ellos ya tienen sentencia, lo que obliga al estado a pagar; son casos en los que buscamos la manera de que el daño al patrimonio de Puebla sea el menor”, señaló.

Se trata de 89 litigios activos relacionados con obra pública, prestación de servicios, facturación y arrendamientos, cuyo monto global supera los 5 mil 500 millones de pesos. De ese total, revela García Parra, 29 juicios ya cuentan con sentencia firme, lo que implica una obligación inmediata de al menos mil 500 millones de pesos, cifra que podría duplicarse cuando se actualicen intereses y recargos.

“Esta cantidad no incluye la actualización y seguramente, una vez que tengamos que enfrentar la situación, resultará que el pago se irá al doble”, explicó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, al detallar la dimensión del problema.

Del universo total de demandas, nueve concentran la mayor carga financiera, con un monto acumulado de 4 mil 651 millones de pesos. Tres de estos casos ya estaban firmemente sentenciados antes de la llegada de Alejandro Armenta al gobierno, lo que dejó comprometidos más de mil 200 millones de pesos para las administraciones posteriores.

Otros cuatro litigios, considerados especialmente delicados, representan un presunto daño por 854 millones de pesos y tienen como rasgo común que se originaron en contratos a precio alzado, una modalidad que impide modificar montos y plazos, incluso cuando existen irregularidades, lo que dificulta su defensa jurídica.

“Todo esto lo estamos litigando, integrando expedientes, estamos presentando demandas porque no podemos permitir que servidores públicos y empresas se sirvan del gobierno cuando hay tantas necesidades y que los recursos son limitados. Ahora tenemos que hacer un gobierno transparente, humano, cercano, comprometido y que dé resultados”, sostuvo García Parra, al subrayar que la estrategia de la administración es frenar el saqueo institucional y proteger el patrimonio público del estado.

Información. Reporte Índigo.