Apesar de ser declarado un territorio libre de minería, el municipio de Xochitepec, Morelos, enfrenta una grave amenaza por proyectos mineros que ponen en riesgo su naturaleza, agua, cultura y salud comunitaria. Familias de la región, respaldadas por organizaciones nacionales e internacionales, han iniciado acciones legales para proteger su entorno y su forma de vida ante la inminente explotación de recursos minerales.

El proyecto minero que amenaza a la comunidad abarca seis concesiones que suman aproximadamente 2 mil 949.236 hectáreas, las cuales afectan, incluso, la zona arqueológica de Xochicalco. Cabe destacar que, en 2016, el área concesionada en todo el estado de Morelos representaba el 24 por ciento de su territorio, lo que evidencia la magnitud del riesgo.

Hasta la fecha, ya se han llevado a cabo actividades de exploración, incluyendo estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones, que han causado daños ambientales significativos. La minera canadiense Alamos Gold Inc. es la principal responsable de estas acciones, buscando extraer metales preciosos como oro y plata, además de otros minerales como cobre, arsénico, antimonio, molibdeno y zinc.

También se encuentra en juego el proyecto Esperanza Gold, impulsado por Esperanza Silver de México, Alamos Gold Inc. y Zacatecas Silver, que aunque se ubica principalmente en Temixco, tendría un impacto devastador en toda la región sur de Morelos, según informan las organizaciones Territorios Diversos para la Vida y Mujeres e Infancias de la Unidad Habitacional Morelos.

Xochitepec se une para defender su hogar

En entrevista para Reporte Índigo, Lourdes Flores, integrante del Movimiento Morelense en contra de las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, señala la importancia de frenar el proyecto ante sus múltiples efectos negativos, tanto en el entorno como en las personas.

“Una de las afectaciones de la minera es el gasto impresionante de agua, sabemos que necesitan 200 mil litros cada hora y estos proyectos trabajan ’24 siete’, los 365 días al año. Nos parece ofensivo e injusto en una comunidad donde carecemos históricamente del uso de agua, siempre está bajo el estrés hídrico, nos llega una o dos horas cada tercer día para familias que a veces están compuestas hasta por 15 integrantes”, explica.

También destaca las afectaciones a la salud, debido a que existen antecedentes de gente que ha migrado de otros estados, donde ha habido megaproyectos mineros y que han sufrido de cáncer de piel o tiene problemas reproductivos, e incluso se han reportado malformaciones en los bebés.

El proyecto minero es de «tajo a cielo abierto», considerada la técnica más nociva, pues implica la lixiviación en pilas, donde el mineral se rocía con una solución de cianuro diluida para recuperar el oro y la plata.

Y es que las concesiones de las mineras continúan vigentes, lo que mantiene latente el riesgo de que el proyecto avance, a pesar de que en 2023 el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería a tajo abierto.

Semarnat confirma impacto negativo

La inviabilidad del proyecto se había demostrado sobre todo por los daños que causaría en el medio ambiente y que las autoridades del Gobierno federal confirmaron, resalta Gabriela Carreón, abogada del caso y cocoordinadora de la organización TerraVida, dedicada a procesos de defensa de la naturaleza y los territorios.

Indica que hay publicaciones gubernamentales que le dan la razón a las comunidades. En 2023, hubo un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que señaló la inviabilidad del proyecto por el tema hídrico, sobre todo por la cantidad del agua utilizada.

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“En 2023 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) también advirtió que la minería en la zona no es viable porque de por sí hay concentraciones de arsénico en las cercanías del cerro El Jumil –lugar donde la comunidad realiza diversas actividades culturales y ecológicas–, entonces el tema de la explotación minera generaría el incremento en estas partículas”, precisa.

Lourdes Flores señala que también está el impacto de la violencia criminal, que se incrementa de manera significativa cuando los megaproyectos llegan a los territorios.

“Tenemos ejemplos de lugares conocidos como Mezcala y de Carrizalillo que se volvieron lugares fantasma, porque sus habitantes ahora viven en esta comunidad, llegaron huyendo de un megaproyecto minero.

«Es imposible vivir ahí no solo por el incremento de violencia criminal, sino también por el cobro de piso, ya que quienes laboraban eran perseguidos por el crimen organizado el cual les exigía una cuota”.

Los proyectos de minería también tienen varias consecuencias e impactos negativos, entre ellos se encuentran las violencias que se desarrollan y amenazan tanto la calidad de vida de las personas como de los ecosistemas naturales.

Al respecto, Lourdes Flores abunda que, como colectivo, defienden la vida en comunidades que han sido históricamente atravesadas por una multiplicidad de violencias, además de la estructural, como es la imposición de un megaproyecto, sino otras que hacen imposible habitar esas zonas.

Frenan extracción; concesiones siguen

El impacto negativo que tienen las mineras en varias zonas de Morelos ha llevado a que la sociedad civil busque frenar este tipo de proyectos y la lucha ha empezado a rendir fruto, ya que se logró la suspensión definitiva de extracción de metales y minerales mientras dura el proceso legal en contra de las empresas mineras; sin embargo, las concesiones siguen vigentes.

De acuerdo con la organización Territorios Diversos para la Vida y el grupo de Mujeres e Infancias de la Unidad Habitacional Morelos en Xochitepec, en 2025 las organizaciones  decidieron acudir a la vía jurídica y se interpuso un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras, con el argumento de que al ser una industria altamente demandante de agua, profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, lo que viola el derecho humano al agua y a una vida digna.

También se expone que el proyecto pone en riesgo a la comunidad por devastación socioambiental que genera la minera y que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de «racismo ambiental” que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.

Por las razones expuestas, la agrupación de Xochitepec, Mujeres e Infancias de la Unidad Habitacional Morelos, llevaron a tribunales seis concesiones mineras que ponen en riesgo el acceso al agua, la naturaleza, y su proyecto de vida comunitario, además de representar racismo ambiental.

La operación minera ha encontrado un freno gracias a la lucha emprendida por las organizaciones morelenses, ya que el pasado 14 de enero, el Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión definitiva a favor de Mujeres e Infancias frente al proyecto minero Esperanza Silver, un logro clave en la lucha comunitaria.

La abogada del caso y cocoordinadora de la organización TerraVida, comparte: “La resolución que estamos dando a conocer nos parece una victoria y por eso la hemos nombrado así, porque este tipo de procesos jurídicos son largos, complejos e implican una carga de trabajo importante, no solo por el lado jurídico, también con sus impactos emocionales y demás”.

Desplazados crean una comunidad 

La historia de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes tiene un origen profundo. La mayoría son familias desplazadas que han formado una comunidad fuerte. Ellos luchan por la protección de sus tierras, sobre todo porque la voz organizada de un grupo de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec ha logrado posicionar los derechos humanos y del medio ambiente sobre los intereses económicos de las mineras.

De acuerdo con la organización Territorios Diversos para la Vida, la Unidad Habitacional Morelos fue fundada en 1985, cuando fueron desplazados desde diversas colonias marginadas de Cuernavaca y otros pueblos de Guerrero, varios de ellos afectados previamente por la minería. Desde entonces los habitantes han trabajado y construido desde cero, mediante trabajo colectivo, parques, pozos de agua, escuelas y servicios básicos.

Ese vínculo con el territorio, señala la organización, se ha traducido en prácticas de cuidado y conservación del medio ambiente. Por ejemplo, se han impulsado recorridos de reconocimiento etnobotánico, observación de aves, reptiles y anfibios, observación astronómica, torneos de resorteras y talleres comunitarios.

“Estas acciones no solo buscan proteger sus elementos naturales sino también fortalecer los lazos comunitarios y transmitir saberes intergeneracionales. Es decir, la comunidad ha construido un tejido material y comunitario que sostiene un proyecto de vida colectivo.

“A más de 40 años de ese esfuerzo comunitario, este proyecto de vida hoy se encuentra en riesgo debido a la existencia de concesiones mineras dentro de su territorio”, resalta Territorios Diversos para la Vida.

Protegen los accesos a servicios básicos que con esfuerzo han logrado poner en marcha, pero sobre todo el uso y disfrute de sus ríos, cerros y áreas verdes que se conservan.

Un ejemplo es el Cerro del Jumil, donde se realizan recorridos educativos sobre flora y fauna, observaciones astronómicas, caminatas para la observación de anfibios e insectos, talleres ambientales y actos simbólicos como torneos de resortera o vuelos de papalotes, actividades que fortalecen el tejido social y la identidad comunitaria.

La organización que ha brindado el apoyo a esta comunidad para ayudarla a defenderse destaca que la minería a cielo abierto implica la remoción de millones de toneladas de minerales mediante detonaciones, lo que a su vez libera metales pesados que contaminan cuerpos de agua y afectan la salud.

Además, la extracción masiva impacta la biodiversidad y transforma radicalmente el paisaje, afectando la selva baja caducifolia —un ecosistema característico de esa zona—, y es debido a esto que las personas de la comunidad resaltan la importancia de cancelar los proyectos mineros de forma definitiva y aseguran que lucharán por ellos para mantener en paz y con calidad de vida su comunidad.

Información. Reporte Índigo.