Yolanda trabaja limpiando casas en su natal Acámbaro; a veces en pequeños negocios, otras veces espera a que salga algo. No tiene un empleo fijo ni prestaciones. El llamado “sueño americano”, para ella, no era una fantasía, sino una posibilidad real de mejorar su vida. Por eso, cuando un familiar le dijo que se iba por contrato temporal a E.U, no dudó dos veces en iniciar un trámite en 2024.

Lo que no imaginó fue que ese sueño se convertiría en su peor pesadilla: un fraude en el que involucró a decenas de personas con aspiraciones similares, una afectación económica de casi 700 mil pesos y la promesa incumplida de un empleo del otro lado de la frontera.

“Mi sobrino se anotó con una licenciada que se llama Karen, que según esto trabaja en Relaciones Exteriores en Celaya, que ahí lo citó para hacerle unas pruebas de antidoping. Que ella le realizó todo su trámite; luego él me dijo que todo era legal y que, si ya había conseguido quien me llevara. Le dije que aún no, y ahí fue cuando le mandé mensaje a Karen”, recuerda Yolanda.

Relata que inició contacto directo con Karen en el mes de agosto del 2024, quien vía mensajes de WhatsApp realizaría el procedimiento correspondiente. Yolanda confiaba en el proceso porque su sobrino se la había recomendado y vio que, para septiembre del mismo año, él ya estaba viajando al otro lado.

El mecanismo avanzó como suelen hacerlo muchos procesos informales: supuesta inscripción, solicitud de documentos y pagos para vuelos. Cada paso parecía acercarlos a la salida prometida. “Ahí fue cuando otros, al ver que él subía fotos a Facebook mi sobrino, me preguntaron cómo se había ido. Entonces se empezaron a juntar más personas”, recuerda.

Con el tiempo, la lista creció: amigos, familiares y conocidos de conocidos comenzaron a preguntar cómo era el proceso. Yolanda compartía la información que tenía; en el grupo había personas originarias de Acámbaro, además de cinco provenientes de Oaxaca y Querétaro, hasta sumar un total de 74 personas involucradas. Entre ellas había trabajadores de la construcción, personas dedicadas al campo, comerciantes y enfermeras; todas con la esperanza de salir de México de forma legal.

“Yo supe por un buen amigo que me dijo, como nos conocemos desde hace años, que invitara a mis hijos. Dimos entre siete u ocho mil pesos cada uno. Poco a poco nos fueron dando largas. Yo soy albañil, trabajo por mi cuenta, pero me duele porque mis hijos perdieron sus trabajos por la espera; cancelaron muchas citas”, dice Víctor, una de las víctimas.

Cada persona tenía motivos distintos para querer migrar, pero todos compartían una expectativa común: evitar riesgos y encontrar una oportunidad laboral, crecer y buscar lo que México no puede ofrecerles: estabilidad económica.

“Me enteré de este programa por un amigo que me dijo que era real. Yo tenía miedo porque ya me han estafado otras veces, pero pensé que ahora sí era cierto. En total gasté como 10 mil pesos”, recuerda José, quien tuvo que pedir dinero prestado.

“Yo me animé porque tengo un negocio y vi una oportunidad de hacerlo crecer. Cuando empezaron a cambiarme las fechas, me di cuenta de que algo no estaba bien. Me cobraron 10 mil 600 pesos”, platica Iván.

Las víctimas entregaron montos que iban desde los 7 mil pesos hasta los 45 mil pesos, bajo distintos conceptos como: inscripción, pasaporte, carta de antecedentes no penales, RFC, trámites en Estados Unidos, seguro de vuelo e incluso supuestas “multas”. De acuerdo con los testimonios, los pagos se realizaban mediante retiros sin tarjeta y otras modalidades, sumando casi 700 mil pesos.

“Incluso la licenciada Karen me había dicho que hiciera pagos en retiro sin tarjeta y en otros me dio dos cuentas, una de Coppel y otra de Bancomer para hacerle ahí unos pagos”, recuerda Yolanda.

La situación se complicó cuando la “Lic. Karen” comenzó a posponer los trámites y otros nombres empezaron a surgir. Entre ellos, el de Richard Anderson Miller, identificado por las víctimas como el “americano” responsable del empleo en Estados Unidos y supuesto dueño de la empresa KC Construction of Georgia INC, vinculada al sector de la construcción.

También aparece de manera reiterada el nombre de Ricardo Sandoval Rodríguez, señalado por las víctimas como cuñado de Richard Anderson Miller y como uno de los enlaces de comunicación con Yolanda, quien terminó convirtiéndose en vocera del grupo.

“Karen desapareció en octubre de 2024 y mi familiar fue quien me pasó los números para contactarlos a ellos (a los americanos), ya que él estaba en ese momento trabajando con ellos. Decían que ahora todo se haría directo y que Karen había robado. Me pidieron que rompiera toda comunicación con ella”, recuerda Yolanda.

A partir de ese momento, el trato fue directo con el supuesto cuñado del “gringo” de nombre Ricardo Sandoval; sin embargo, a pesar de las promesas, el dinero no fue devuelto y, por el contrario, los pagos incrementaron. Las fechas de salida comenzaron a cambiar: primero días, luego semanas.

Las explicaciones eran vagas y, con el tiempo, los silencios se hicieron más largos. “Lo vimos muy realista; todos pensamos que era una oportunidad única. No tenía el dinero, pero lo conseguimos prestado. Dejé mi trabajo y ahora no tengo empleo estable; sigo debiendo lo que pedí para pagar”, dice Mari, trabajadora del campo.

“No era dinero que tuviera a la mano. Me endeudé y eso es muy estresante. Perdí un empleo donde tenía seis años de antigüedad. Cuando vi que la salida no se concretaba, ya no recuperé mi puesto”, relata Araceli.

Meses después “el cuñado” dejó de responder. A partir de ese momento, quien estableció contacto con Yolanda fue supuestamente Richard Miller, quien le ofreció a Yolanda viajar a Estados Unidos para entregarle el dinero de manera personal; sin embargo, para el 3 de septiembre de 2025 ya nadie volvió a comunicarse con ellos: cesaron los mensajes, no hubo respuestas y tampoco se devolvió el dinero.

Para Yolanda, el punto de quiebre no fue solo la falta de resultados, sino el desgaste emocional. Con el paso de los meses, algunas personas comenzaron a responsabilizarla directamente, lo que derivó en amenazas y temor por su integridad.

“Esta situación me ha afectado mucho. Aunque no fue mi culpa, al final la responsabilidad recae en mí. Si no se recupera el dinero, dicen que yo tengo que pagar. Hay personas que me insultan y dicen que yo fui la que se robó el dinero”, menciona.

Las víctimas no descartan la posible complicidad de otras personas o redes criminales; sin embargo, hasta el momento no existe prueba documental que acredite una participación directa en la captación de personas o en el manejo del dinero. La falta de información clara sobre el destino de los recursos y la identidad real de los responsables ha generado temor y ha inhibido la presentación de denuncias formales.

“Yo detecté que para poder arreglar todo uno tiene que presentarse primero ante la embajada. Me di cuenta de que no se podía hacer todo en un mismo día ni programar un vuelo sin ese trámite. Sentí coraje, tristeza y decepción, porque uno se esfuerza para pagar deudas y tratar de vivir un poco mejor”, recuerda don Gerardo.

A dos años de este calvario, ni Yolanda ni el resto de las víctimas han presentado denuncias ante autoridades municipales, oficinas de atención a migrantes o instancias estatales, temen represalias, sin embargo, esperan que su testimonio sirva para evitar que otras personas pasen por una situación similar.

“Si los tuviera de frente, les diría que se toquen el corazón. No saben cuánto daño causan, no solo a las personas, sino a sus familias. A las autoridades les pedimos que investiguen y que se nos regrese el dinero”, expresa Yolanda.

“Me siento estafada, me siento decepcionada de las personas. Me duele porque le quitan al que menos tiene. Ojalá las autoridades busquen una solución y que, por lo menos, la gente ya no se vaya solo por la palabra de otros y analice bien lo que hace”, dice Mari, otra de las víctimas.

Mientras tanto, Yolanda y otras setenta y cuatro personas continúan esperando una respuesta, una explicación o, al menos, que se esclarezca lo ocurrido. Lamentan que su vida siga viéndose gravemente afectada por un proceso que se arrastra desde 2024, sin responsables identificados ni avances claros. La mayoría aún enfrenta deudas adquiridas con la esperanza de pagarlas una vez que lograran trabajar del otro lado de la frontera; hoy, en medio de la tristeza, la incertidumbre y el desgaste emocional, piden a las autoridades que intervengan y ayuden a esclarecer el caso.

Nota: Este medio no ha podido verificar de manera independiente la existencia, operación ni relación contractual de la empresa mencionada, ni confirmar las funciones reales de las personas señaladas. Los nombres aquí consignados corresponden únicamente a lo referido por las víctimas en mensajes, audios y conversaciones.

Información. Periódico Correo.