Ser despedido en México no solo implica la pérdida inmediata del ingreso, para miles de trabajadores significa iniciar un proceso largo y desigual contra empresas que utilizan la ley, vacíos institucionales y la lentitud del sistema laboral como estrategia de desgaste.

Aunque la reforma laboral, aplicada desde 2020, prometía juicios más ágiles y justicia pronta, en la práctica los trabajadores despedidos pueden pasar años sin recibir un solo peso de la indemnización que por ley les corresponde.

Durante meses —y en muchos casos, años— los extrabajadores deben sobrevivir sin salario, sin acceso a seguridad social y con gastos legales constantes, mientras las empresas retardan los procesos mediante amparos, inasistencias a audiencias o propuestas de conciliación mínimas.

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La Unidad de Investigación de Reporte Índigo documentó el proceso que enfrentan decenas de trabajadores a la hora de perder un empleo. Desde acoso laboral, hasta amenazas por parte de abogados y presión de las autoridades federales para desistir de cualquier procedimiento legal como un juicio y aceptar condiciones

Ofrecen liquidaciones fuera de la ley

Jesús Santiago Gaona, relata que fue despedido el año pasado por la empresa Marketing & Promotion SAPI de C.V. tras más de 10 años de laborar en este lugar, en la Ciudad de México.

En entrevista, el extrabajador sostuvo que fue despedido en medio de un proceso que estuvo marcado por presiones constantes y cuestionamientos previos a su desempeño laboral.

“Me presionaron desde meses antes de mi despido. Hubo cuestionamientos a mi desempeño en varias ocasiones. Me citaron en la agencia para avisarme de mi despido. Me ofrecieron 14 mil pesos cuando tenía 10 años en la empresa; es decir, no era ni la cuarta parte de lo que me corresponde por ley”, relató.

El aviso formal de su despido se dio en las instalaciones de la agencia, donde detalló que le ofrecieron una liquidación que no correspondía ni siquiera a la cuarta parte de lo que marca la ley para la antigüedad que tenía, por lo que decidió no firmar el acuerdo, a pesar de haber sido presionado para hacerlo.

El impacto del despido no fue únicamente económico para Jesús Santiago, quien aseguró que la separación de su empleo representó un golpe emocional fuerte, debido al vínculo que había construido con su empleo a lo largo de los años y la pérdida de un ingreso mensual.

“Estaba enamorado de mi trabajo y lo sigo estando; me dejó recuerdos muy bonitos. Que me hayan corrido de esa manera me generó un duelo muy grande. 

«Todo este proceso de despido me pegó bastante. Ha sido muy burocrático, por más que quisiera que fuera más rápido: es demasiado papeleo, muy burocrático y sumamente complejo”, expresó.

Actualmente, el caso continúa su curso en medio de trámites legales que, afirmó, han sido lentos y desgastantes, mientras busca que se le reconozca la liquidación que le corresponde conforme a la ley.

Desconocen antigüedad de tranajadores

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE del INEGI, solo el 44.6 por ciento de la población ocupada en México cuenta con un empleo formal. Esto se traduce en que 26.5 millones de personas tienen acceso a seguridad social, prestaciones y otros derechos laborales.

Sin embargo, la misma encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que el desempleo afecta principalmente a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad a nivel nacional.

“Karen”, a quien llamaremos así a petición suya, vivió un despido injustificado en su empresa tras comenzar la pandemia por Covid-19, donde asegura que fue amedrentada y acosada para aceptar un pago por concepto de finiquito, el cual rechazó, por lo que decidió iniciar un juicio.

“Mi despido fue hace tres años y medio justo cuando entró la Ley del Outsourcing. Levanté una demanda porque no quisieron validar mi antigüedad. Venía ya de un ambiente ríspido anteriormente; cambiaron mis ritmos de trabajo e incluso me prohibieron hablar con la gente que estaba a mi cargo”, sostuvo.

Incluso, denunció que se le solicitó firmar un documento en el que se le prohibía compartir lo aprendido en el lugar donde trabajó; de lo contrario, se haría acreedora a sanciones penales.

“Es decir, no podía trabajar en un giro similar durante 10 años, por lo que decidí interponer la demanda laboral. En todo momento me acosaron los abogados y siempre trataron de darme una cantidad menor”, denunció.

De acuerdo con el INEGI, en la República mexicana operan más de 7 millones de establecimientos, los cuales generan empleo para más de 36.5 millones de personas.

Mientras que el despido justificado en México continúa sustentado en la Ley Federal del Trabajo, que permanece como el principal marco normativo para regular la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.

Tribunales laborales están saturados

La justicia laboral en México tiene un rezago histórico que se debe a varios factores, considera Ariana Pérez Díaz, jueza del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México.

La impartidora de justicia recordó que hasta antes de la reforma laboral, los juicios se tramitaban en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde no era raro que un laudo tardara entre uno y dos años en emitirse, mientras que un juicio completo podía prolongarse hasta nueve años: “Había muchísimos testimonios de trabajadores que esperaban años para que se resolviera su asunto”, señaló.

Desde 2019 se aprobó la reforma laboral en la que se establecieron cambios clave, entre ellos que los asuntos laborales pasaron a sede judicial, con la promesa de que los juicios se resolvieran en un promedio de cuatro a seis meses.

“Desgraciadamente, la carga de trabajo es impresionante. Los tribunales laborales no siempre podemos abastecer el gran número de asuntos que llegan, y eso hace que los procesos sean un poco más lentos de lo que se estipuló”, explicó.

Aunque, aclaró Ariana Pérez que aún así los tiempos actuales son considerablemente menores a los del pasado, ya que hoy un juicio laboral tarda, en promedio, entre seis meses y un año.

La jueza en materia laboral aseguró que la oralidad y el nuevo modelo procesal han permitido que el desahogo de pruebas sea más ágil y compacto, además de que la ley establece un plazo de cinco días para emitir sentencia, una vez concluido el proceso probatorio.

El personal de los tribunales es insuficiente

Sobre lo que hace falta para dar mayor celeridad al sistema, la jueza consideró indispensable la creación de más tribunales laborales y la contratación de más personal. Esto debido a que, en muchos casos, los juzgados dependen de informes de otras instituciones, lo que también retrasa la emisión de sentencias.

Y es que la mayoría de las denuncias que se interponen son por violaciones al contrato colectivo del trabajo e irregularidades durante todo el proceso de conciliación y pago por indemnizaciones económicas.

Alheli Santos, de 34 años, narró cómo fue despedida de forma injustificada por la empresa en la que trabajó por varios años. Al igual que los dos casos anteriores le quisieron dar una liquidación que no correspondía a la antigüedad y ley.

“La cantidad que me ofrecieron no era ni de cerca a la que me correspondía por ley. En todo momento me dijeron que no me podían dar más. Fue frustrante todo el proceso y más por el trato que recibí”, lamentó.

La saturación de trabajo y el rezago en los tribunales laborales sigue siendo el principal obstáculo para cumplir con los plazos de tiempo en perjuicio de los trabajadores.

Conciliación laboral, entre filas eternas y presión 

La Unidad de Investigación de este diario realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, donde constató el proceso que enfrentan decenas de personas que llegan a este lugar en busca de orientación y un acuerdo con las empresas o dueños de negocios.

De inicio, las personas que acuden a este inmueble tienen que esperar un turno para poder ingresar a este sitio y ser canalizadas con un especialista para que puedan seguir el proceso de conciliación con su empresa.

Según las autoridades locales, un Centro de Conciliación Laboral funciona como organismo imparcial entre el trabajador y la empresa para que puedan llegar a un acuerdo. En caso de que esto no suceda la persona denunciante puede iniciar un juicio laboral.

Sin embargo, para varios trabajadores, el personal de este inmueble no cuenta con las herramientas necesarias ni el tiempo para dar una atención adecuada ni mucho menos una solución a un conflicto laboral.

‘Procedimientos diseñados para desgastar a los trabajadores’

Alfredo Bautista, abogado en materia laboral aseguró que el procedimiento conciliatorio está diseñado para desgastar al trabajador, pues detalló que las personas tienen que formarse desde las seis de la mañana para alcanzar una ficha para ser atendido.

“Además de ello, las personas se enfrentan a un conciliador que no es imparcial, están sobrecargados de trabajo y muchas veces te tratan mal”, denunció el abogado.

El especialista precisó que en la actualidad trabajan nueve jueces para atender todos los litigios de la Ciudad de México. “Traen rezagados del año pasado, cerraron entre dos mil a dos mil 500 expedientes”.

César Soriano, abogado también en materia laboral, señaló que el proceso de conciliación puede extenderse hasta 45 días, siempre y cuando tanto el trabajador y la empresa logran llegar a un acuerdo.

Sin embargo, cuando la conciliación fracasa, el especialista advirtió que los tiempos de resolución se alargan considerablemente al iniciar un juicio laboral.

Además señaló que, en estos escenarios, los litigios pueden prolongarse dos años o más, lo que representa un desgaste físico, emocional y económico para las personas trabajadoras que buscan el reconocimiento de sus derechos.

Y precisó que, aunque el nuevo modelo de justicia laboral busca agilizar los conflictos entre trabajadores y empleadores, en la práctica los plazos siguen siendo extensos, especialmente ante la saturación de los centros de conciliación y los tribunales laborales.

Esta situación, añadió, genera incertidumbre para los trabajadores, quienes en muchos casos enfrentan el proceso sin ingresos estables y con la presión de aceptar acuerdos que no siempre corresponden a lo que establece la ley.

Información. Reporte Índigo.