Familiares y representantes legales de un grupo de connacionales expulsados a los Estados Unidos presentaron formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, al señalar que el traslado lo hicieron de manera ilegal porque no se contó con ninguna orden judicial, además de que incurrieron en los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos.

De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad ministerial, el traslado de los ciudadanos mexicanos se efectuó sin que existiera un procedimiento de extradición formal en trámite.

Los abogados recalcaron que no hubo una solicitud formal de una autoridad extranjera que fuera procesada debidamente, ni tampoco un mandato judicial emanado de un juez mexicano que autorizara su entrega a otro país.

Esta situación, acusaron, constituye una violación flagrante al marco constitucional, a la legislación nacional vigente y a los diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y está obligado a respetar.

Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías —quien forma parte del grupo enviado a territorio estadounidense durante el presente mes de enero de 2026—, sostuvo que el traslado de su familiar se ejecutó al margen del debido proceso.

Guzmán Sánchez enfatizó que se vulneraron garantías fundamentales, tales como la seguridad jurídica, el derecho a una defensa adecuada y el principio de legalidad, los cuales deben regir cualquier forma de cooperación internacional en materia penal entre naciones soberanas.

Al día de hoy no sabemos de él, no ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida. Solicitamos que, por favor, la haga, Vanessa Guzmán Sánchez.

Opacidad en los acuerdos y señalamientos de “destierro”

En un emotivo llamado, Vanessa expresó la angustia de las familias al no tener información sobre el paradero o estado de los trasladados: “Al día de hoy no sabemos de él, no ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida. Solicitamos que, por favor, la haga”.

La denunciante señaló de manera contundente que el envío de su pareja representó, en la práctica, un “destierro” que rompe con la tradición jurídica del país.

Además, denunció que esta acción respondió a un acuerdo opaco con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Justicia, cuyos términos y fundamentos legales nunca fueron transparentados ante la opinión pública ni sometidos al control constitucional o legislativo correspondiente.

En este mismo contexto jurídico, el abogado Hugo Dionisio Guadalupe, quien funge como representante legal de Daniel Menera Sierra —enviado a los Estados Unidos en lo que se ha denominado el “tercer envío”—, afirmó que las actuaciones coordinadas entre los diversos servidores públicos se ejecutaron careciendo de sustento legal.

El litigante advirtió que estas acciones se realizaron sin control judicial y en perjuicio directo de los derechos de las personas privadas de su libertad.

Aseguró que los hechos encuadran plenamente en el delito de coalición de servidores públicos, ya que se utilizó el aparato y el poder público para producir un resultado ilegal que contraviene el interés nacional y la soberanía del país.

Asimismo, otros abogados que representan a personas trasladadas durante el transcurso del año 2025 advirtieron que el caso de este mes no es un hecho aislado.

Por el contrario, señalaron que se trata de una práctica sistemática que ha vulnerado de forma explícita los derechos humanos y civiles de, al menos, 92 personas que se encontraban privadas de su libertad en México.

Estos ciudadanos fueron enviados de manera masiva a los Estados Unidos bajo una figura jurídica inexistente en la legislación mexicana, lo que incrementa la gravedad de la denuncia presentada ante la FGR.

Intervencionismo extranjero y el llamado a la soberanía nacional

Por su parte, la abogada Yarey Sánchez Lagunas, representante jurídica de Itiel Palacios García —enviado en febrero de 2025— y de Pablo Edwin Huerta Nuño —trasladado en agosto del mismo año—, fue enfática al afirmar que dichas acciones configuraron un claro intervencionismo. Al permitir que autoridades extranjeras influyeran directamente en decisiones que competen exclusivamente al Estado mexicano, se afectó la soberanía nacional y se debilitó el Estado de derecho.

La abogada añadió que, dentro de la denuncia, se solicitó formalmente investigar a cada uno de los funcionarios involucrados en la cadena de mando, así como los fundamentos específicos utilizados para autorizar estos traslados masivos y determinar las responsabilidades penales que resulten procedentes.

Los representantes legales explicaron que la configuración del delito de coalición de servidores públicos es evidente al considerar que diversas autoridades federales actuaron de manera concertada.

Acusaron que se ejerció un evidente abuso de poder para autorizar, ejecutar y posteriormente encubrir estos traslados, con el objetivo primordial de evadir los procedimientos judiciales de extradición que son obligatorios por ley. Consideraron que se trató de materializar una decisión política que pasó por encima del orden constitucional mexicano.

Finalmente, los familiares y los equipos legales hicieron un llamado urgente a las autoridades mexicanas, así como a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Instaron a la opinión pública, tanto en México como en los Estados Unidos, a examinar minuciosamente este caso, el cual coloca en el centro del debate nacional el respeto al debido proceso y la defensa de la soberanía frente a presiones externas.

Advirtieron que la cifra de 92 mexicanos enviados bajo esta modalidad irregular es una señal de alerta, sugiriendo que cualquier ciudadano podría verse afectado en el futuro si se permite que este precedente se consolide sin castigo para los responsables.

Información. El Sol del Bajío.