Durante el último año de la administración de Rutilio Escandón como gobernador, en 2024, Chiapas se colocó como la entidad con la mayor crisis de desplazamiento interno por violencia en el país, especialmente en los municipios de Tila, Chenalhó y Pantelhó, ubicados en rutas estratégicas para el tráfico ilegal de drogas y de personas.

Esa entidad federativa enfrenta desde años atrás un nivel de rezago social que poco se ha combatido y que, al combinarse con la violencia y falta de garantías a la seguridad de la población, termina por convertirse en un flagelo para todos los que se ven obligados a huir.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2025 del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), la criminalidad desencadenó casi 26 mil movimientos forzados, más del doble de los registrados en 2023.

El IDMC subraya que el desplazamiento interno en México suele ser invisible y prolongado. Muchas personas desplazadas no acceden a albergues formales yse refugian con familiares, en asentamientos precarios o incluso en espacios públicos, como ocurre en distintas zonas de la Ciudad de México, donde conviven personas desplazadas internas con población migrante internacional que huye de la violencia en sus países de origen.

Infografía: https://e.infogram.com/b639780c-2932-46f4-9c1c-556cf2c66b0d?src=embed

El informe advierte que, pese a tratarse de una realidad persistente durante décadas, el desplazamiento interno en México ha sido históricamente invisibilizado y poco atendido por las autoridades, lo que ha profundizado el deterioro del tejido social y la incertidumbre sobre el retorno de miles de familias.

A partir de testimonios directos, el reporte coloca en el centro a las personas desplazadas, destaca sus estrategias de sobrevivencia y analiza los avances —aún insuficientes— en la respuesta institucional frente a esta crisis humanitaria.

El estado flagelado por violencia y desigualdad

Chiapas, al consolidarse en 2024 como el principal foco rojo del desplazamiento interno en México, señala el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno, obliga a destacar su ubicación estratégica en el sur del país, cercana a la frontera con Centroamérica y atravesada grupos que se dedican al tráfico de drogas y de personas.

Esto ha intensificado la presencia de grupos armados y los conflictos comunitarios. Municipios como Tila, Chenalhó y Pantelhó concentraron el mayor número de desplazamientos, en donde los grupos criminales ha tomado poder y control del territorio, por lo que comunidades enteras se han visto forzadas a huir de manera repentina, dejando atrás viviendas, tierras y redes de subsistencia.

La violencia en el territorio chiapaneco fue una “herencia” dejada por la administración de Rutilio Escandón, actual cónsul de México en Miami. El control que lograron alcanzar los grupos delictivos se expande a distintas áreas y ha afectado a miles de habitantes, un alto porcentaje de ellos pertenecientes a pueblos originarios, de los que han tenido que escapar, y que difícilmente tienen acceso a la justicia.

Infografía: https://e.infogram.com/7e2ddbc2-beea-4e16-adb8-6ef944a91677?src=embed

Además de los desplazamientos, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2018, cuando se inició su gestión, presentó 596 homicidios dolosos. En 2024, al término de su administración, esa cifra fue de 894 asesinatos.

A la violencia dejada por Escandón Cadenas, se agrega la profunda desigualdad y pobreza que se vive en Chiapas. Recientemente, Reporte Índigo publicó una investigación relacionada con los atrasos que enfrenta Chiapas en la cobertura de servicios de salud que fueron señalados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el documento “Análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024”.

En ese informe se indica que el Estado de México, Chiapas y Veracruz concentraron el mayor número de personas sin acceso a atención médica; no obstante, Chiapas, junto con Puebla y Michoacán, registró los porcentajes más elevados de población que padece esta carencia.

Los daños colaterales de la violencia

Por su parte, el reporte “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, revela que en ese año, más de 28 mil personas se vieron forzadas a desplazarse internamente en México como consecuencia directa de la violencia.

El documento identifica a la violencia criminal organizada como la principal causa, particularmente por enfrentamientos armados, ataques dirigidos contra población civil y el uso de explosivos y drones en contextos de disputa territorial.

En ese estudio, Chiapas también encabeza la lista de los estados en los que se presenta esta problemática al concentrar el mayor número de personas desplazadas, con 61.8 por ciento del total nacional; seguido por Sinaloa con el 15.5 por ciento; Michoacán y Chihuahua con 5.4 por ciento cada uno; así como Guerrero, con el 4.8 por ciento del total.

De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, este fenómeno ocurre cuando personas se ven obligadas a huir de su hogar sin cruzar fronteras internacionales, como medida de protección ante conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a derechos humanos.

Víctimas ‘invisibles’ ante la falta de un registro oficial

En México, el desplazamiento interno forzado continúa siendo una crisis invisibilizada por la falta de registros oficiales y de una política pública integral para atender a las víctimas, advirtió César Contreras León, abogado del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En entrevista, el especialista subrayó que, a diferencia de otros temas de derechos humanos, no existe un sistema federal ni estatal que dé seguimiento puntual a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia.

Contreras explicó que, ante la ausencia de datos gubernamentales, el monitoreo del desplazamiento interno ha quedado en manos de universidades y organizaciones civiles. Un ejemplo es el informe de la Universidad Iberoamericana que documentó un incremento de 129 por ciento en los casos entre 2024 y 2025. 

Sin embargo, aclaró que estas cifras se construyen principalmente a partir del seguimiento de notas periodísticas, lo que implica un subregistro importante, especialmente en regiones donde la prensa enfrenta censura o condiciones de alto riesgo para informar.

El abogado del Prodh señaló que uno de los principales pendientes del Estado mexicano es el reconocimiento de la magnitud del problema mediante cifras oficiales y mecanismos permanentes de monitoreo. 

“Tener datos documentados es el primer paso para dimensionar la problemática y poder enfrentarla”, afirmó.

A ello se suma la carencia de mecanismos de protección y de lo que, desde el enfoque de derechos humanos, se conocen como “soluciones duraderas”: condiciones que permitan a las personas desplazadas retornar de forma segura a sus comunidades o reconstruir su vida en otros lugares con seguridad, dignidad y medios de subsistencia sostenibles.

Actualmente, dijo, el único instrumento existente es el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo alcance es limitado y no responde a la realidad de la mayoría de las víctimas. 

Infografía: https://e.infogram.com/bebd9a10-5fd5-4b6c-8c25-d5a826e9d677?src=embed

Contreras León también alertó sobre la falta de atención psicológica y de medidas de rehabilitación para las personas desplazadas, pese a que estas están contempladas en la Ley General de Víctimas. El desarraigo, la pérdida de redes de apoyo y el miedo constante a ser localizadas generan afectaciones profundas en familias enteras que no están siendo atendidas por las instituciones.

Destacó la urgencia de fortalecer el marco legal. Aunque existen leyes estatales sobre desplazamiento forzado en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, estas resultan insuficientes sin una política federal que lidere la atención del fenómeno.

Para la población que no es periodista ni defensora de derechos humanos, el panorama es aún más grave: no hay mecanismos reales de protección, y las medidas que ofrecen fiscalías y autoridades locales son, en muchos casos, inexistentes o meramente simuladas, dejando a miles de personas sin opciones frente a la violencia que las obliga a huir.

Del magisterio al exilio forzado

La ausencia de sentencias, juicios efectivos y procesos penales sólidos en México no solo perpetúa la impunidad, también coloca en riesgo a comunidades enteras. Así lo advierte César Contreras León, al relatar uno de los casos que mejor ejemplifican la cadena de violencias y violaciones a derechos humanos que viven las familias de personas desaparecidas: el de los profesores jubilados Javier Barajas y María del Tránsito Piña, originarios de Salvatierra, Guanajuato.

El 29 de febrero de 2020, su hija Guadalupe, conocida como “Lupita”, desapareció. Maestra como sus padres, Lupita era una figura respetada y querida en su comunidad. Ante la falta de respuestas de las autoridades,la familia entera se convirtió en buscadora: Javier, María del Tránsito y su hijo Javier se sumaron a otras familias que enfrentan la misma tragedia.

Ese esfuerzo colectivo derivó, en octubre de 2020, en un hallazgo estremecedor. En la colonia San Juan, el mismo barrio donde vivía la familia, fue localizadala fosa más grande encontrada en Guanajuato y una de las mayores del sexenio pasado. En ella se hallaron más de 80 cuerpos enterrados de manera sistemática. En ese momento, la familia no sabía que Lupita se encontraba ahí. Su identificación llegó hasta febrero de 2021.

Lejos de cerrar el capítulo de violencia, la tragedia se profundizó. Javier hijo continuó su labor como buscador y fue invitado a integrarse a la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato, impulsado por la solidaridad con otras familias. Sin embargo, en mayo de 2021 fue asesinado. Aunque ya vivía en León debido a las amenazas que recibía, fue atacado y privado de la vida.

Un día después del homicidio, Javier Barajas recibió una llamada telefónica con un mensaje directo: “Ya lo están esperando, profe”. Ante el riesgo inminente, él y María del Tránsito huyeron a otro estado de la República. Desde entonces,no han podido regresar a Salvatierra, el lugar donde vivieron toda su vida, donde tenían a su familia, su comunidad y su arraigo social.

Este desplazamiento forzado ha significado una nueva violación a sus derechos. Dar seguimiento a los procesos judiciales abiertos por la desaparición y el asesinato de sus hijos se ha vuelto una tarea casi imposible. 

“Si no hay alguien detrás de las autoridades exigiendo que actúen, simplemente no lo hacen”, señala Contreras León.

A casi seis años del inicio del caso, los procesos siguen abiertos y la exigencia de verdad y justicia permanece. Los profesores dependen de las medidas del Mecanismo Federal de Protección, un recurso excepcional en un país donde la mayoría de las víctimas carece de estas garantías.

Para el Centro Prodh, el caso de Javier Barajas y María del Tránsito refleja no solo la crisis de desapariciones, sino un entramado más amplio de violencias —extorsión, homicidios, amenazas y desplazamiento— que continúa sin una respuesta estructural del Estado.

Información. Reporte Índigo.