La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa la búsqueda por concretar su iniciativa de reforma electoral, enfrentando tanto las exigencias de sus aliados como la urgencia de cumplir con los plazos legales para que los cambios se implementen en las elecciones de 2027.

Después de más de un año en el que la mandataria y sus aliados en el Congreso lograron reformar la Constitución con relativa facilidad, la reforma electoral muestra una complejidad distinta.

A principios de enero, Sheinbaum admitió públicamente que aún no existe un consenso dentro del bloque oficialista sobre cuestiones fundamentales de la iniciativa, como la representación proporcional, es decir, si mantener o no a los legisladores plurinominales.

Este diagnóstico fue reafirmado tras la reunión que Sheinbaum y la comisión presidencial sostuvieron con los coordinadores parlamentarios de Morena el pasado miércoles. Aunque se alcanzaron “acuerdos preliminares”, aún no se ha elaborado una propuesta formal.

Por ello, el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López coincidieron en que la iniciativa de reforma no estará lista antes de febrero. Siendo que, apenas la semana pasada, presupuestaron su aprobación para el mes de marzo.

¿Se escucharon las propuestas?

Para analizar el desarrollo de estas negociaciones y la eventual iniciativa que surgirá de ellas, Reporte Índigo consultó a Javier Santiago Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral entre 2014 y 2017, quien observa el manejo político por parte del oficialismo.

“Lo que sucede es que, como diríamos para decirlo con cuidado y delicadeza, pues la falta de habilidad política los ha llevado a esta situación de tener estas diferencias y de distanciamiento”, dice sobre el proceso en curso.

En particular, se refiere al mecanismo de foros organizados por la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, donde los participantes tenían cinco minutos para presentar sus propuestas, o bien podían hacerlo de manera escrita vía internet.

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“Los foros tuvieron el objetivo de legitimar el proceso de reforma socialmente. Decir ‘escuchamos a todo el que quiso hablar’. Bueno, sí lo escucharon, ¿y le hicieron caso a las propuestas sensatas? Creo que es muy dudoso”, dice.

En contraste con modificaciones previas, señala que anteriormente “las reformas electorales se negociaban en corto, primero, sin entrar en confrontaciones públicas porque ya en la confrontación pública se toman posiciones inamovibles”.

Por esta razón, cuestiona que Morena no haya llegado a un consenso, tanto interno como con sus aliados de coalición electoral y legislativa, de manera privada antes de hacer públicos sus principales objetivos, como la reducción de los plurinominales y del financiamiento a partidos.

Morena, en manos de sus aliados

En este escenario, la posición de los distintos grupos al interior de Morena así como de sus aliados en la coalición Sigamos Haciendo Historia marcará la definición de la iniciativa que la presidenta busca volver ley.

Dentro del movimiento, aún pesa el precedente de la reforma constitucional contra el nepotismo. La cual fue aprobada, pero los intereses de distintos personajes hicieron que se aplicara un candado para que entre en vigor hasta 2030, obviando las elecciones de 2027.

A la par de las discusiones internas, el mismo Ricardo Monreal señaló públicamente que el destino de la reforma depende, en esencia, de lo que dispongan los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México.

Esto luego de que las dirigencias de ambos institutos comenzaron a discutir la necesidad de una reforma electoral en estos momentos. Poniendo como argumento que, con el marco legal vigente, se hicieron de los poderes Ejecutivo, Legislativo y hasta Judicial.

Así lo planteó Reginaldo Sandoval, coordinador de diputados del PT al señalar que, por mera aritmética, Morena depende de sus aliados. Además de argumentar que en este momento la prioridad debería ser la unidad nacional ante las circunstancias geopolíticas.

Sobre esta medición de fuerza en la coalición de Morena, el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana explica la situación de los llamados “partidos bisagra”, que aún siendo minoritarios tienen capacidad de negociación.

“El asunto es hasta dónde está dispuesta la presidenta y el partido en el poder a no mover la representación proporcional y no mover el financiamiento de los partidos con tal de que el PT y el Verde acepten”, plantea.

Sobre esta resistencia, Santiago Castillo añade que “una disminución del financiamiento a los partidos o de los diputados de representación proporcional afectaría su fuerza y su capacidad de negociación, entonces Morena podría imponerles con mayor facilidad su punto de vista”.

Aunado a esto, el entrevistado cuestiona que el debate de la reforma se centre en las demandas de los aliados de Morena y se pasen por alto otros aspectos de suma importancia para el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

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Como ejemplo, retoma la continuidad de los órganos electorales estatales. Pues si bien Sheinbaum adelantó que se respetará la autonomía del INE, se sigue discutiendo si desaparecer, o cuando menos hacer recortes, en los también llamados OPLEs.

“Parece que en lo que están siendo sensibles es en el tema, por ejemplo, de retrasar la elección judicial, posponer algo de tiempo, porque si iba sería muy complejo”, dice. Pues en 2027 también está programada la votación por la segunda mitad de jueces y magistrados.

Cambio electoral: ahora o nunca

La reforma electoral llega en un momento ya complejo para el gobierno de Claudia Sheinbaum dado el convulso inicio de año por la relación bilateral con Estados Unidos y la constante presión de Donald Trump.

Sin embargo, la ley marca que la reforma debe estar lista a más tardar en el primer semestre de este año, si la presidenta y sus colaboradores aspiran a que sea aplicable en la contienda electoral que se desarrollará en 2027.

Con el inicio del proceso electoral programado para la primera semana de septiembre próximo, cualquier ley o modificación deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de esta fecha para ser válida, es decir, la primera semana de junio.

Esto le da a Morena un margen de unos cuatro meses y medio para terminar las negociaciones necesarias para “planchar” la reforma con sus aliados y continuar el proceso de aprobación del Constituyente permanente.

Es decir, a partir del 1 de febrero que inicie el periodo ordinario de sesiones, deberán asegurar 334 votos en la Cámara de Diputados, 86 en el Senado de la República y 17 congresos estatales antes de la fecha límite.

El doctor Gustavo López Montiel, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, comentó a Reporte Índigo la necesidad de Sheinbaum y Morena de presentar esta reforma ante la posibilidad de no cumplir con los plazos para instrumentarla en 2027.

“Están buscando darle tiempo en el contexto del propio escenario. No para que se discuta, me parece, sino más bien para negociar los temas que interesan a la presidenta”, argumenta sobre este intercambio al interior del oficialismo.

Si se toma en cuenta antecedentes directos y las posturas manifestadas por el PT y Partido Verde, estima que “sí hay posibilidad de que pueda no transitar, también sí hay posibilidad de que sea una reforma parcial”.

A esto añade las recientes declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, cuando reafirmó que la aprobación de la iniciativa pasa por el Congreso de la Unión y restó importancia a lo que determine la comisión presidencial.

“Es también todo esto. Es el hecho de ‘la reforma se tiene que discutir también conmigo’ o con quienes estamos en el contexto de la Cámara de Diputados en particular y creo que a final de cuentas es un proceso de negociación”.

Por ello, no descarta que Morena busque mantener puentes con partidos de oposición como Movimiento Ciudadano o grupos del PRI. Si bien recalca que sus demandas irían en el mismo sentido que las de los ahora integrantes de la coalición oficialista.

Momento decisivo para Sheinbaum

La discutida propuesta para modificar el sistema electoral del país, tiene como antecedente directo el intento de Andrés Manuel López Obrador de realizar su propia reforma, bloqueada por la oposición en diciembre de 2022. Esto dio paso a una reforma legal, el “Plan B”, invalidado por la Suprema Corte de Justicia al año siguiente.

Esto representó un embrión anímico para la oposición, aglutinada en la llamada “Marea Rosa”, que no bastó para frenar a Morena en las elecciones de 2024, cuyo objetivo era, precisamente, el “Plan C” que requería las mayorías calificadas para lograr reformas electorales.

Ahora, dos años después de esos resultados, la oposición parece aún más disminuida. Poco han podido hacer para impedir las reformas de Sheinbaum y, en el caso de la electoral, ni siquiera fueron contemplados en las discusiones más allá de ser convocados a los foros.

Por su parte, dirigentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como sus personajes afines, buscan tomar la reforma electoral como bandera. Aseguran que se trata del intento de Morena por instaurar un régimen de partido único en México.

Estabilidad al interior de Morena

Gustavo López Montiel, académico del Tec de Monterrey postula que, con la oposición sin un papel relevante en la negociación de la reforma electoral, su aprobación es de suma importancia para que Claudia Sheinbaum mantenga la estabilidad al interior de Morena.

“Si la presidenta no logra pasar esta reforma, en los términos en los que ella la ha planteado, sería una especie de derrota. Aquí sí, dentro de su propio grupo, y no se puede dar ese lujo en un contexto en el que tiene muchos frentes abiertos, incluyendo los internacionales”.

Esto le implicaría a Sheinbaum encontrarse en “una posición desventajosa” con respecto a otros grupos de Morena para el siguiente gran proceso dentro del partido, que será la asignación de candidaturas, principalmente para las 17 gubernaturas en juego.

En contraste, aprobar la reforma en sus términos significaría el fortalecimiento anímico de la primera mandataria y del partido en general. Algo en lo que se estaba contando, pues también se ha planteado empatar la elección federal con la consulta de revocación de mandato.

“Sí es un escenario plausible, sin embargo, también el fortalecimiento de la presidenta no conviene a muchos grupos dentro de Morena”, dice el doctor López Montiel, al ver esta opción como un intento de Sheinbaum por negociar tanto con los grupos de su partido.

Adicionalmente, subraya que, si Sheinbaum consigue sus objetivos con la reforma, “representa también un riesgo para Morena porque al reducir la cantidad de espacios, pues eso obviamente incrementa el conflicto dentro de la propia estructura, pero eso es otro momento”.

Información. Reporte Índigo.