La extorsión se perfila como el reto más complejo para la estrategia de seguridad del Gobierno federal, un delito de alto impacto que afecta de manera directa a familias, comercios y sectores productivos en todo el país.

No obstante, los primeros resultados oficiales muestran avances. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre julio y noviembre de 2025, tras la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el promedio diario nacional de este delito registró una reducción del 20 por ciento.

En su informe anual sobre los resultados de la Estrategia de Seguridad, el Gobierno federal detalló además que estas acciones permitieron la detención de 721 presuntos extorsionadores en 24 entidades del país, así como la atención de 119 mil 864 llamadas a la línea 089, habilitada para la denuncia anónima.

Se detalló que 90 mil 442 fueron extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real, 16 mil 570 fueron denuncias y12 mil 852 fueron para reportar extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a Fiscalías locales, gracias a ello se han generado 4 mil 350 carpetas de investigación.

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De acuerdo con el Gobierno federal esta estrategia se base en cinco ejes principales: Generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación y la implementar una campaña de prevención nacional.

Aumentarían los casos en 2026

La maestra en Asuntos Públicos e investigadora en Causa Común, Angelica Canjural señala en entrevista para Reporte Índigo que, si bien los resultados presentados hablan de un avance en la materia, este delito podría incrementarse debido a que se trabaja en mejorar los mecanismos de denuncia. 

Añade que existen problemas clave como las debilidades institucionales en las fuerzas policiales locales, además de la corrupción y la impunidad que fomentan que incrementen los delitos. 

Canjural señala que durante este 2026 podemos esperar un incremento en el registro oficial de casos de extorsión, esto debido a que existe mayor conciencia por parte de la población para denunciar.  

El hecho que parte de la Estrategía Contra la Extorsión ofrezca una denuncia anónima facilitará un registro aún más puntual. Lo que bien puede generar un incremento en el delito, pero no precisamente por una alza de incidencia, sino una mayor disponibilidad de la población para presentar las denuncias correspondientes.

Asimismo, la especialista señala que también se puede ver un aumento debido al fortalecimiento de grupos delictivos: “el fenómeno va al alza también por el crecimiento y el fortalecimiento de los grupos delictivos, además de que han ido creciendo sus territorios en los que tienen control o mayor influencia. Entonces, digamos que el alza en la extorsión va a ir alimentada de esos dos rubros”, puntualiza.

Desapariciones un tema aún pendiente 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del 31 de diciembre de 1952 al 18 de diciembre de 2025 se tienen contabilizadas 133 mil 520 personas desaparecidas o no localizadas.

Sobre esa problemática, la especialista señala que el tema de desapariciones también tendrá relevancia este año, pues falta atención en el procesamiento de los casos de búsqueda de personas. 

Asimismo en el hallazgo de fosas clandestinas, en los cuales aún se presentan deficiencias institucionales que obstaculizan la identificación y la contabilización de restos humanos encontrados, lo que podría, incluso, generar un subregistro en el tema de homicidios.  

En tanto, el Gobierno federal ha emprendido acciones concretas para hacer frente a la problemática de las desapariciones, como la creación de una Base Nacional Única de Información Forense y la creación de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, además de busca equiparar el delito de desaparición al de secuestro y establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones.

¿Hacia dónde debe ir la estrategia de seguridad? 

La investigadora añade que la estrategia de seguridad también se debe dirigir en primera instancia al fortalecimiento institucional, que debe ir acompañado de una capacitación y homologación de la policía, principalmente en el ámbito local que es un punto de partida para la formación del delito. 

“Necesitamos reforzar las policías locales que permitan tener un mejor seguimiento de todos los casos e incluso de la prevención del delito.

«El hecho de que nosotros, en nuestro país, tengamos una apuesta a la policía local, es lo único que nos va a permitir retomar el control territorial que se ha ido perdiendo históricamente”, puntualiza. 

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Enfatiza en voltear a ver a la impunidad, que se incrementa al tener deficiencias en ministerios públicos, peritos y toda la estructura que esté relacionada con la investigación de delitos. 

“Uno de cada 10 delitos son denunciados, lo que lleva todavía a un porcentaje, pues solamente uno de esos delitos va a llegar a una sentencia.

«Entonces, ese grado de impunidad que tenemos sirve como un incentivo perverso para los delincuentes, porque al final de cuentas pareciera que no hay consecuencias de pasarse, digamos, del lado de la ilegalidad”, enfatiza. 

De igual forma, opina que se deben fortalecer las políticas de seguridad que están relacionadas directamente con toda la violencia que se genera en torno al mercado ilícito de los grupos delictivos y que va de la mano que no se permita que la impunidad continúe en cualquier tipo de negocio ilícito.  

Inteligencia en acciones contra la extorsión 

El repunte de la extorsión encendió las alertas en el país en 2025. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que este delito registró un aumento de 2.3 por ciento a nivel nacional, un escenario que llevó al Gobierno federal a presentar, el 6 de julio pasado, la Estrategia Nacional contra la Extorsión como unarespuesta prioritaria de seguridad.

Al anunciarse la estrategia, las autoridades detallaron que nueve entidades concentraban 66 por ciento de los casos de extorsión en el país, entre ellas el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz, por lo que se definió una intervención focalizada con equipos especializados en estas regiones.

Como parte de las acciones iniciales, el Gobierno federal emprendió una amplia difusión de materiales de prevención a través de canales institucionales, con el objetivo de alertar y proteger a la población frente a este delito de alto impacto.

De manera complementaria, se habilitó la línea telefónica 089 para la atención específica de denuncias por extorsión, operada por personal especializado y bajo un protocolo diseñado para recibir reportes tanto directos como indirectos, garantizando la confidencialidad de las víctimas.

Trabajo coordinado entre instituciones

En dicha estrategia participa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que coadyuva con el proceso de congelamiento de las cuentas bancarias donde se depositan los cobros de extorsiones, además de solicitar mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a este ilícito.

De igual forma, otra de las acciones fundamentales para la lucha contra este delito es la protección de la identidad de la víctima a través de la recepción de denuncias anónimas.

En tanto, se brindó capacitación a cajeros en tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos a extorsionadores, así como a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual.

También se emprendieron operativos en centros penitenciarios para asegurar equipos telefónicos que son utilizados para estas acciones delictivas.

Cabe destacar que, en el pasado noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detección de 12 centros penitenciarios que concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por este delito al 089.

Para esa fecha se había logradobloquear el 33 por ciento de estas líneas telefónicas gracias al bloqueo de las antenas de comunicación cercanas a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, además del bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México.

Las principales capturas de personas relacionadas con el delito de extorsión se ejecutaron en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Puebla.

Información. Reporte Índigo.