El Senado de la República aprobó este miércoles, por unanimidad de 111 votos, la expedición de la nueva Ley General de Economía Circular, un instrumento que redefine el marco ambiental del país al imponer criterios obligatorios para reducir, reusar y valorizar residuos.

La norma armoniza diversas leyes —incluyendo la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente— y establece un modelo nacional de producción y consumo basado en principios de circularidad. Tras la aprobación, la reforma fue remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El nuevo marco legal busca alargar la vida útil de los productos, disminuir la generación de desechos y promover su aprovechamiento, recuperación y reincorporación a los ciclos productivos. Para ello, crea un andamiaje institucional robusto, encabezado por el Sistema Nacional de Economía Circular, mecanismo que coordinará a los tres órdenes de gobierno en la implementación de políticas públicas, distribución de competencias y metas de circularidad.

La nueva ley, en esencia, promueve que los materiales y productos se diseñen para repararse, reutilizarse, remanufacturarse, reciclarse o valorizarse. Es decir, cada etapa debe buscar que el material vuelva al ciclo productivo.

Puntos clave de la Ley General de Economía Circular

Entre los aspectos centrales de la Ley General de Economía Circular destacan:

• Definición de principios y criterios obligatorios de economía circular.
• Creación del Sistema Nacional de Economía Circular y distribución de atribuciones entre la federación, estados y municipios.
• Diseño de políticas y mecanismos de gestión circular que integren criterios funcionales, ambientales, económicos y sociales en todo el ciclo de vida de los productos.
• Facultad de la Semarnat para analizar, aprobar y supervisar sistemas de gestión circular.
• Obligaciones específicas para las empresas derivadas de la Responsabilidad Extendida del Productor, incluyendo reportes, metas y rediseño de productos.
• Emisión del Programa Nacional de Economía Circular, que fungirá como instrumento rector de planeación.
• Regulación del Distintivo Nacional de Economía Circular para productos que cumplan los estándares fijados en la ley.
• Implementación de instrumentos económicos y posibles estímulos fiscales.
• Puesta en marcha de una Plataforma Nacional de Información operada por Semarnat e Inegi.
• Obligación de gobiernos federal, estatales y municipales de realizar campañas de consumo responsable.
• Promoción de auditorías ambientales voluntarias mediante Profepa.
• Deberes estrictos de información para productores e importadores inscritos en el Registro de Gestión Circular.
• Sanciones administrativas conforme a la LGEEPA para quienes incumplan las obligaciones legales.

Implementación por etapas

Los artículos transitorios establecen una ruta gradual para hacer operativa la ley. El Ejecutivo federal deberá emitir su reglamento en un plazo máximo de 180 días naturales, y posteriormente, en un periodo igual, publicar el Programa Nacional de Economía Circular. A su vez, los congresos estatales tendrán 180 días para armonizar su legislación; en caso de no hacerlo, la nueva ley será de aplicación directa en las entidades.

En materia de manejo de residuos, los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar un proceso de reconversión en un periodo de cinco años, con posibilidad de prórrogas justificadas, para cumplir con las metas de reducción de disposición final. Los costos derivados de la implementación se cubrirán con el presupuesto asignado a la Semarnat.

Con su aprobación unánime, el Senado coloca a México en una transición normativa que obliga al Estado, las empresas y los consumidores a adoptar un modelo de gestión de recursos orientado a cerrar ciclos productivos, minimizar impactos ambientales y fortalecer la sostenibilidad nacional.

Información. El Sol del Bajío.