La Agencia Nacional de Aduanas de México reconoce que aún no ha emprendido ninguna investigación interna para esclarecer si hubo personal de la institución involucrado en contrabando de combustibles.

Esto, tras darse a conocer distintos casos de este delito durante la actual administración federal, por lo que sigue siendo desconocido si las redes criminales tienen integrados a funcionarios de este organismo gubernamental. 

Aunque se ha venido presumiendo que estas acciones de contrabando de combustibles necesariamente requieren de la participación de personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dada la complejidad que entrañan estas operaciones internacionales ilegales, dicho organismo confirmó vía transparencia, que no hay ninguna indagatoria que esté en marcha y que se encuentre vinculada con estas actividades delictivas. 

La respuesta que entregó dicha Agencia Nacional sobre las secuelas que habría generado en su interior el descubrimiento de estas acciones criminales, conocidas coloquialmente como “huachicol fiscal”, indica, de igual forma, que no ha instaurado tampoco ningún procedimiento sancionatorio derivado de estos hechos ilícitos, por lo que ningún funcionario de la institución ha recibido algún tipo de castigo, pese a que implica la introducción al territorio mexicano de grandes volúmenes de combustibles con un origen ilegal.

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Dice el documento proporcionado por ese organismo: “De la lectura a la presente solicitud, se turnó a la Dirección General de Evaluación y la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros, en términos de los artículos 33, fracciones V y X, y 34 Bis, fracción IX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. (…) La Dirección General de Evaluación señaló que: ‘…en los controles de la Dirección General de Evaluación, no se tienen procedimientos sancionatorios y/o instaurados en contra de funcionarios de este sujeto obligado por el llamado ‘huachicol fiscal’, entendido como contrabando de combustibles y petrolíferos’ (Folio 342746500029525)”. 

Y complementa que la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros realizó una exhaustiva búsqueda en sus archivos y bases de datos, y determinó que no cuenta con información relativa a procedimientos sancionatorios y/o de investigación contra funcionarios por el llamado “huachicol fiscal”, motivo por el cual se declara la inexistencia de la información.

Impunidad portuaria 

Los mismos requerimientos de información fueron presentados ante los órganos operadores de los puertos de Tampico, en Tamaulipas, y de Ensenada, en Baja California, para que reportaran si habían comenzado indagatorias o impuesto sanciones vinculadas con el contrabando de combustibles, ya que en esos lugares las autoridades federales registraron hallazgos y aseguramientos ligados con estas actividades ilícitas; sin embargo, ambas instituciones se declararon incompetentes para proporcionar los datos solicitados. 

La Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico respondió al respecto, mediante los mecanismos de transparencia: “A través del presente se comunica que la solicitud presentada fue declarada Notoria Incompetencia, derivado a que la Administración del Sistema Portuario  Nacional Tampico S.A de C.V es una empresa paraestatal del Gobierno Federal Mexicano que se encarga de la Administración, Planeación, Desarrollo del Puerto de Tampico”. 

La Secretaría de Marina difundió el 31 de marzo de 2025 un megaaseguramiento de combustibles en ese puerto mexicano. Se informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad lideradas por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), llevaron a cabo una operación que dio como resultado el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos”.

“El operativo se ejecutó tras realizar labores de inteligencia e investigación con el objetivo de desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. Con la información recabada se identificó un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado”, detalla el informe.

Ensenada, sin investigación 

La respuesta que emitiría la Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada señala, sobre esta misma temática, que ese órganos no ostenta entre sus atribuciones investigar o sustanciar procedimientos de sanción a servidores públicos, toda vez que “esta entidad con carácter de sujeto obligado se encarga únicamente y exclusivamente de la Administración Portuaria”.

Justo ahí, en Ensenada, se efectuaría otro aseguramiento de combustibles, según fue anunciado por las autoridades federales el 28 de marzo de 2025: “elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Seguridad Física de Pemex y Protección Civil, ejecutaron una orden de cateo donde aseguraron cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. 

«Luego de recibir denuncias ciudadanas sobre un predio que era utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, en el kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, en el municipio de Ensenada, los agentes de seguridad se trasladaron al sitio para corroborar la situación”.

Tras esos dos aseguramientos, los operativos por parte de las instituciones federales de seguridad continuaron, sin embargo, no existen investigaciones internas.

Información. Reporte Índigo.