A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios (+13 %), y en la Zona Libre de la Frontera Norte subirá de 419.98 a 440.87 pesos diarios (+5 %).
Ello implica salarios mensuales alrededor de 9 mil 582.47 pesos en el esquema general y 13 mil 409.80 pesos en la frontera norte, detalló el economista Mauricio Hernández Mendoza, quien también señaló que entre mayores ingresos, mayores impuestos se pagan.
¿Esto puede convertirse en un tema recaudatorio?, se le cuestionó, y respondió que puede ocurrir en el margen, pero no es automático ni uniforme.
“El aumento al salario mínimo eleva la masa salarial y, dependiendo de cada caso, eso puede mover el ISR retenido, si el trabajador ya está por arriba de mínimos, y también las cuotas ligadas a la nómina. El objetivo central del aumento es recuperar el ingreso, no recaudar.
“El efecto recaudatorio aparece cuando el incremento empuja a ciertos trabajadores a tramos con base gravable o cuando suben las contribuciones por nómina; pero en salarios bajos, el impacto real puede ser menor de lo que se piensa”, amplió el catedrático de varias universidades en la región.
A la pregunta de si estos incrementos pueden disfrazar la inflación, expuso que, más que ocultarla, la idea es compensarla parcialmente.
“Hay que decirlo sin vueltas: el aumento mejora el ingreso nominal, pero el poder de compra depende de lo que pase con los precios. Si la inflación se acelera, se come parte del aumento. En otras palabras, el poder de compra se gana con el aumento y se puede perder con inflación si los precios suben más rápido”, señaló.
Sobre los efectos en la inflación, explicó que existen tres canales principales:
Si sube el costo de la mano de obra, especialmente en sectores intensivos en personal como comercio, servicios, restaurantes, limpieza, seguridad y manufactura ligera, las empresas con márgenes apretados tenderán a trasladar parte del aumento a precios.
No solo sube el mínimo; también aumentan las presiones para ajustar tabuladores, el llamado “efecto escalera”, lo que amplifica el impacto en costos y precios.
Un mayor ingreso en hogares con alta propensión al consumo puede empujar la demanda de bienes básicos y, si la oferta no responde, reflejarse en precios más altos.
Comentó que la clave es entender que un aumento salarial puede recuperar poder de compra y, al mismo tiempo, si no se acompaña de productividad, puede generar presiones inflacionarias focalizadas. Es un equilibrio delicado.
El gobierno afirma que alcanzará para cubrir “dos canastas básicas”. ¿Es realista? El economista explicó que el indicador oficial señala que el salario mínimo general pasaría de cubrir alrededor de 1.8 canastas en 2025 a 2.0 canastas en 2026.
“Como referencia sirve, pero en la vida real la canasta no paga todo: renta, transporte, escuela, medicinas y servicios.
Además, el costo de vida varía mucho por ciudad. Sí puede mejorar la posibilidad de cubrir básicos, pero decir ‘ya alcanza’ sin matices puede generar una expectativa que muchas familias no sentirán igual”, explicó.
También se le cuestionó si pueden perderse empleos formales por el encarecimiento de la mano de obra.
“Sí, es un riesgo real, sobre todo para micro y pequeñas empresas y para negocios donde el sueldo mínimo representa una parte alta del costo total. El mecanismo no siempre es el despido masivo; suele verse como menos contrataciones, reducción de horas, esquemas parciales, automatización, migración a la informalidad y recorte de beneficios”, expuso.
Añadió que, para que el aumento cumpla su objetivo social, es indispensable atender el cómo lograrlo.
“Esto implica incentivar productividad, capacitación, simplificación y reducción de costos no salariales. Si no, el riesgo es que parte del ajuste se ‘financie’ con más precios o menos formalidad, y ahí se pierde el beneficio”, ahondó.
Como conclusión, señaló que el aumento al salario mínimo recupera ingreso y puede mejorar el bienestar, pero no es magia.
La inflación puede erosionarlo y, si no va acompañado de productividad, puede presionar precios y empleo formal.
La discusión seria, subrayó, no es estar “a favor o en contra”, sino cómo proteger el poder de compra sin romper el mercado laboral.
Información. El Sol del Bajío.

