La violencia que ha ejercido el Gobierno de Zacatecas, durante la actual administración del mandatario David Monreal Ávila, en contra de movilizaciones sociales protagonizadas por mujeres, como sucedió el año pasado, ha ocasionado que la autoridad estatal reciba recomendaciones de organismos defensores de los derechos humanos, donde se le exige que erradique este tipo de prácticas ilícitas de sus cuerpos de seguridad pública. 

Está por cumplirse un año de la emisión de la recomendación 272/2024, expedida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2024, donde el organismo corroboró la implementación de acciones violentas por parte del Gobierno de Zacatecas para dispersar la manifestación ocurrida el 8 de marzo de 2024, en el Centro Histórico zacatecano, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

El organismo nacional documentó en esa recomendación que el gobierno de David Monreal Ávila desplegó para hacerle frente a la manifestación de mujeres al cuerpo policial de élite, denominado Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), creado y entrenado para combatir a las organizaciones criminales; también confirmó el uso de extintores y gases para replegar a las manifestantes y que estas sustancias llegaron a afectar, de igual forma, a infantes que participaban en la marcha. 

Las mujeres que fueron violentadas en aquella manifestación por parte de instituciones policiales estatales y municipales, sufrieron experiencias como las siguientes, de acuerdo con la investigación que desarrolló la CNDH:

“QV11 fue rodeada entre 10 hombres y mujeres policías, quienes la golpearon y la levantaron, aún semidesnuda, para trasladarla al Callejón de las Campanas, siendo la última de sus compañeras en ser detenida (…)

«Refirió que estuvo alrededor de 50 minutos detenida, escuchando insultos y amenazas, luego fue llevada a patrullas de la PEP para ser trasladada a la Comandancia Municipal, demorando y rodeando demasiado.

Infografía: https://e.infogram.com/a5c4af93-f73f-4f58-8a40-8a7c24ec54f6?src=embed&embed_type=responsive_iframe

“QV15 fue gaseada en el rostro por personal policiaco para después jalarla de la ropa, momento en el que se pudo dar la vuelta para intentar correr hacia la calle, siendo detenida por 3 hombres policías quienes la jalaron del cabello y le dieron un puñetazo en el rostro, llevándola arrastrada hacía el Callejón de las Campanas”.

El documento destaca, de igual manera, las prácticas de represión policial que también sufrieron los infantes que se encontraban en el sitio: “se pudo constatar que en las acciones de manifestación habían muchas niñas y niños quienes padecieron las agresiones del personal adscrito a la PEP (Policía Estatal Preventiva), PSV (Policía de Seguridad Vial) y PM (Policía Municipal); es así que, en el video 1 se pudo observar que, ante el uso de gas por parte del personal policiaco, una mujer y al menos dos niñas y/o niños al ser expuestos a dicho gas, retroceden; en el video 2, se pudo apreciar a dos niños huyendo ante las agresiones del personal policiaco a un grupo de mujeres”.

Los hallazgos de la CNDH

La investigación desarrollada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobó que los policías desplegados por el Gobierno de Monreal Ávila, junto a los oficiales municipales que participaron en los hechos, cometieron detenciones ilegales y arbitrarias contra las mujeres manifestantes, además de que utilizaron extintores para lesionarlas, según puede constatarse en estos extractos de la recomendación:

“Las víctimas fueron detenidas y privadas de la libertad por periodos injustificables de tiempo. (…) luego entonces, al no haber ninguna presunto delito o infracción que motivara la causa de la detención, esta CNDH acreditó que se configuró detención ilegal y arbitraria en perjuicio de QV1 a QV11…”. 

Aúna: “Como fue referido, el uso de agentes extintores pueden generar daños temporales a los ojos y saturación en las vías respiratorias cuando se descarga directamente al rostro de las personas; asimismo, al contacto de la piel, ocasiona irritación y enrojecimiento, lo que permitió a esta CNDH constatar que dichos objetos fueron usados para lesionar en cierto grado a las personas contra las cuales era usado…”.  

Infografía: https://e.infogram.com/a60baf5f-8fc5-4d61-b9f1-7e93c8ff56d0?src=embed&embed_type=responsive_iframe

El despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas para contener la manifestación fue duramente cuestionado por la Comisión Nacional, que indica que la participación del cuerpo policial de FRIZ fue corroborada por la SSP, mediante su informe y considera que su presencia en las acciones de contención de la marcha del 8M fue desproporcionada.

“Aunado a las acciones de uso de la fuerza que ese cuerpo policial implementó, es una muestra clara de la criminalización de las acciones de la marcha y de la desproporción en el uso de la fuerza aplicado a las personas participantes de la misma…”.

La represión evidenciada

Las conclusiones a las que arribará la comisión en su recomendación, tras indagar estos hechos, confirman una actuación fuera del marco legal tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno de Monreal Ávila, como de la Policía Municipal de Zacatecas, como puede apreciarse en estos señalamientos:

“Se advirtió la responsabilidad de personal adscrito a la SSP y a la PMZ, por el uso de la fuerza ilegitimo en contra de mujeres que ejercían su derecho legítimo de manifestación y protesta; en los hechos no solo fue evidente la falta de proporcionalidad en las acciones implementadas en contra de las personas manifestantes, las cuales se concretaron en actos de represión, agresión y de privación ilegal y arbitraria de la libertad, sino que también se pudo constatar un modo de actuar enfocado en aplicar sanciones a las personas participantes de la marcha…”. 

La recomendación señala que la CNDH determinó que los servidores públicos del Gobierno de Zacatecas cometieron violencia institucional previo, durante y posterior a la marcha del 8M, debido a que llevaron a cabo una serie de acciones en las cuales ejercieron el uso del poder del Estado para limitar y obstaculizar el ejercicio de los derechos de las mujeres a la libre manifestación y la libertad de expresión.

Información. Reporte Índigo.