Las irregularidades y violaciones a la normatividad ambiental en torno al fraccionamiento Martorell, ubicado en los límites entre Comonfort y San Miguel de Allende, escalaron a un nivel mayor: la empresa responsable del proyecto, Inmobiliaria Espacio Vivo, S.A.P.I. de C.V., ya fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos contra la gestión ambiental.

Así lo confirmó la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), que detalló las acciones emprendidas en los últimos meses y la reiterada negativa de la desarrolladora a cumplir las medidas impuestas.

Martorell altera cauce del arroyo

De acuerdo con la paraestatal, el origen del procedimiento se remonta a una denuncia que señalaba la construcción de un fraccionamiento campestre sobre la carretera Celaya–San Miguel de Allende, en Comonfort, sin contar con las autorizaciones ambientales necesarias.

Desde ese momento, se turnaron avisos al municipio de Comonfort en materia de uso de suelo, y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), debido a la presunta modificación del cauce del arroyo Del Pescado, una zona considerada de especial sensibilidad ambiental.

La PAOT llevó a cabo una visita de inspección para verificar las obras y confirmar si el proyecto contaba con la autorización en materia de impacto ambiental expedida por la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -hoy Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA)-. Posteriormente, inició un procedimiento jurídico administrativo que obligaba a la empresa a presentar un Estudio de Afectación Ambiental por las obras realizadas.

Sin embargo, al persistir la falta de autorización, en abril de 2023 se ordenó la suspensión total temporal del proyecto. Pese a ello, las visitas de inspección evidenciaron que los trabajos continuaron y que las medidas impuestas no eran respetadas.

La PAOT notificó nuevamente a CONAGUA sobre la intervención en los arroyos y, en octubre de 2024, su personal ni siquiera pudo acceder al predio, debido a que la empresa les negó la entrada bajo el argumento de haber entregado documentación a SAMA.

Emprenden acciones por daño ambiental a causa de Martorell

En noviembre de 2024, la autoridad dictó resolución ratificando la suspensión y aplicó una multa de un millón 76 mil 905 pesos por la ausencia de la autorización de impacto ambiental. No obstante, información de la Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato indica que la inmobiliaria únicamente ha cubierto 900 mil pesos de ese monto.

Además, SAMA determinó que el predio debe clasificarse como terreno forestal, lo que obliga a Espacio Vivo a gestionar una MIA federal y un estudio técnico forestal (ETJ) ante la Semarnat.

A lo largo de 2025, la PAOT presentó denuncias adicionales ante CONAGUA, PROFEPA y Semarnat, debido a que las intervenciones ilegales en el sitio persistían. En febrero de este año, una nueva inspección confirmó que la desarrolladora seguía ignorando la suspensión y mantenía actividades de construcción en el predio.

Por ello, el pasado 8 de julio, la Procuraduría emitió el oficio PAOT-GTO-CJU-309/2025, mediante el cual presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de la inmobiliaria por presuntos delitos contra la gestión ambiental.

La PAOT afirmó que ha ejercido sus facultades de inspección, verificación y sanción previstas en la normativa estatal, y que continuará acompañando los procesos administrativos y penales derivados del caso.

Información. Periódico Correo.