Habitantes de la delegación de Santa Ana Pacueco, en el municipio de Pénjamo, pagan por “tratamiento de aguas” a pesar de que la Planta Tratadora lleva años inoperante y en ruinas.

Una anomalía persistente desde hace casi dos décadas ha generado indignación entre los habitantes de la delegación de Santa Ana Pacueco. Ciudadanos denuncian que el Gobierno Municipal de Pénjamo continúa aplicando un cobro mensual por concepto de “tratamiento de aguas” en los recibos de agua potable, a pesar de que el servicio, en los hechos, no se brinda.

La delegación “cuenta” con una Planta Tratadora de Aguas Residuales que lleva años sin funcionar, encontrándose en abandono, en ruinas y cubierta de óxido.

A pesar de esta inoperatividad, el cargo por el supuesto “tratamiento de aguas” sigue apareciendo mes con mes en los recibos de todos los usuarios de Santa Ana Pacueco. Los afectados señalan la falta de transparencia del Ayuntamiento para informar en qué se invierte el dinero recaudado por este cobro, al no destinarse al fin para el que fue creado.

La gravedad de la situación fue expuesta recientemente ante el Ayuntamiento. En una sesión pasada, el síndico municipal tomó la palabra y propuso formalmente la derogación de dicho impuesto.

El funcionario consideró “ofensivo” que se siga cobrando a los ciudadanos un servicio que el municipio claramente no presta. “Es ilógico que los santanenses mes con mes tengamos que pagar este concepto, cuando ni siquiera se cuenta con una planta funcional”, argumentó Zaragoza Ramírez, señalando la falta de correspondencia entre el cobro y el servicio.

“Por lo que abogaría a la buena disposición y voluntad de ustedes para que esta tarifa o impuesto no aparezca en el presupuesto de ingresos del próximo año, y que se deje de cobrar algo injusto a los usuarios”, concluyó el síndico.

Por su parte, la alcaldesa Yozajamby Florencia Molina Balver señaló respecto a la propuesta que “hay cosas que la ley simplemente no permite que hagamos, y no es cuestión de querer hacerlo”.

Mientras tanto, la regidora del Partido Acción Nacional, Daisy Villalobos, aseguró que la “ley de tratamiento de aguas residuales es muy clara y no nos permite quitar ese cobro; aquí lo que se debe hacer es una gestión para una planta tratadora”, dijo la edil.

Sin embargo, la Ley de Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Guanajuato, en su artículo 13, incisos I, II y III, establece lo siguiente:

• I. Expedir y evaluar las políticas que orienten el fomento y el desarrollo hidráulico sustentable del municipio.
• II. Prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, tanto en zonas urbanas como rurales.
• III. Aprobar las tarifas por la prestación de los servicios públicos.

Es decir, es facultad del Ayuntamiento aprobar las tarifas relacionadas con agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.

Mientras la propuesta se discute, la realidad de los santanenses permanece intacta: se les sigue cobrando un impuesto por un servicio inexistente, mientras la Planta Tratadora, en ruinas, permanece como un mudo testigo del cobro indebido.

Información. Periódico Correo.