Para que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sea considerada como un delito autónomo el Código Penal del Estado, diputados integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa de reforma en la que se plantean el incremento de sanciones a quienes cometan este ilícito. 

El diputado Erandi Bermúdez Méndez aseguró que el reclutamiento de menores es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que viene ocurriendo en México desde hace más de 15 años y lamentó que en el caso de Guanajuato, la Secretaría de Gobernación ha identificado que al menos 50 municipio de la entidad como León, Celaya e Irapuato, tiene alta incidencia de este delito. 

Consideró que a pesar de que se conoce de esta vulnerabilidad que viven las infancias en la entidad, no existe ni a nivel nacional ni en lo local un tipo penal que establezca sanciones severas al crimen. 

Agregó que la iniciativa contempla agregar el tipo penal dentro de la lista de delitos graves, pues dijo que la clasificación reconocería la relevancia de proteger los derechos de las infancias, lo que consideró un mensaje importante de que en la entidad no hay tolerancia a este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Bermúdez Méndez  subrayó que debe considerarse además la gravedad del delito cuando una persona se aprovecha de una posición de autoridad o cuando la víctima pertenece a algún grupo con mayor grado de vulnerabilidad como personas con discapacidad, en situación de calle o integrantes de pueblos indígenas o afroamericanos. 

El legislador panista resaltó que la propuesta es que se establezca penas de entre seis y hasta 15 años de prisión y multas significativas para que quedé evidenciada la gravedad de la conducta, pero también evitar la prescripción del delito para que las víctimas, pese a que lleguen a la mayoría de edad, puedan reclamar la justicia en un caso de este tipo. 

Información. Yajaira Gasca.

Foto. La Voz de Michoacán.