Víctor Manuel tenía 17 años cuando fue abatido por un escolta, minutos antes ejecutó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan en Michoacán. El gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el joven ya se encontraba detenido cuando recibió un impacto de bala que le quitó la vida.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Víctor Manuel “N” era originario del municipio de Paracho y según el dictamen pericial, en su cuerpo se pudo encontrar presencia de drogas. Las primeras investigaciones indican que el joven sicario habría sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Red de Derechos de la Infancia en México y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A.C., Michoacán se encuentra entre las entidades con mayor presencia de grupos criminales. Los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Zamora, Jacona y Uruapan, han sido víctimas de presencia criminal histórica y constante. 

Esta problemática ha dejado a la derivada del crimen organizado a menores de edad. El especialista en reclutamiento forzado en Michoacán, Juan Carlos Quirarte, explica que en muchas ocasiones los jóvenes son víctimas de coerción y violencia, promesas económica o de protección. Además de que se da la normalización de la violencia como forma de supervivencia ante la ausencia de alternativas educativas y laborales reales. 

“Entender el reclutamiento que, cuando nos referimos a niñas, niños y adolescentes siempre va a ser forzado, hay de antemano coerción por parte de una persona adulta sobre ellos, para que acepten (…)

«Romper esta narrativa que de pronto parece que están ahí porque ellos quisieron y no es así (…) no podemos entender el reclutamiento como una invitación amistosa, amable, a ser parte de un club”, explica el consultor en temas de prevención y abordaje a las violencias.

Juan Carlos Quirarte expone que Michoacán presenta un rezago educativo importante en comparación con otros estados. Además, la producción agrícola es fundamental en la entidad, el cultivo de aguacate, limón y berries representan riqueza para los productores, pero también despuntan problemas de intereses y que ponen encima el interés económico de la vida de las personas y de los sectores vulnerables como los niños, niñas y adolescentes.  

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Explica que dentro de los incentivos que pueden atraer a los jóvenes están “la riqueza, el poder y la fama”. Dentro de los estudios realizados señala que en primera respuesta se tiene una aspiración económica, pero después esta no es suficiente.

“Lo que se pretende es alcanzar un poder, sentirse bien, sentirse fuerte, sentirse un águila. La pertenencia tiene un rol significativo y después se aspira a la fama.

«No basta ser poderoso, no basta ser rico, sino que se sepa que ‘yo soy’, y de allí, existen otros escenarios, redes sociales donde a veces se exacerba y se busca mostrar, evidenciarlo”, añade Quirarte. 

Otro factor es la falta de pertenencia, ya que muchos jóvenes carecen de un grupo que brinde apoyo y alternativas para acceder a espacios donde se otorguen posibilidades de un crecimiento saludable, además de las faltas de alternativas educativas y laborales.

Reclutamiento se extiende a la CDMX 

Las acciones del crimen organizado se han extendido a lo largo del país, ahora la Ciudad de México también es sede del reclutamiento forzado. El asesinato del abogado David Cohen en Ciudad Judicial expondría cómo organizaciones delictivas también unen a sus filas a los jóvenes de la capital del país.

Héctor Hernández de 18 años acribilló al penalista en octubre del presente año y según declaraciones de su abogado, el joven apenas habría cumplido la mayoría de edad en enero de 2025, detalló que fue contactado a través de un grupo de personas que le daban dádivas económicas para que pudiera darle sustento a su familia. 

Boris Alexander Caballero Escorcia, doctor en Ciencias Sociales e investigador en temas de violaciones graves de derechos humanos y acciones del crimen organizado, señala que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es inherentemente forzado, ya que no cuentan con la capacidad y voluntad de consentir las actividades a las que se les está responsabilizando.

Añade que son víctimas de precariedades y violencias estructurales que los obliga a pertenecer a alguna organización delictiva.

“El reclutamiento está muy inscrito en la realidad cotidiana de la niña, el niño y el adolescente, los grupos delictivos (…) hacen parte de la de la familiaridad de la gente que vive en el territorio (…) esa incorporación a estas organizaciones, podríamos decir entre comillas, se hace de manera natural” explica.

Caballero Escorcia señala que en la Ciudad de México el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es distinto que en el resto de la República, ya que a diferencia de estados como Michoacán, donde el control territorial de las organizaciones delictivas es claro e incluso presenta escenarios de conflicto interno, en la capital dicho control es difuso, por las mismas características de que es la ciudad central y tiene más posibilidades de vigilancia. 

Añade que si bien el entorno socioeconómico puede influir en los jóvenes, otro factor es el abandono del menor por parte de sus familiares “la madre, el padre están todo el día trabajando y no tiene ningún tipo de vínculo permanente con el niño, el niño casi que está solo”, describe el especialista. 

El abandono escolar también es una variable fundamental, pues explica mucho la realidad de los menores para ser reclutados o terminar siendo captados por una organización o un grupo criminal.

¿Prohibiciones protegen a menores?

Ante el aumento de menores de edad reclutados por miembros del crimen organizado, se han propuesto diversas iniciativas para prevenir que más jóvenes se involucren en actividades ilícitas; sin embargo, su edificación aún genera dudas de hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas para la protección de menores. 

Juan Carlos Quirarte señaló que, pese a que existen esfuerzos relevantes, aún es insuficiente la cobertura de dichos esfuerzos. Además, señala que estos deben ir direccionados a la prevención y reinserción social y no precisamente al sistema punitivista.

Ante esto se ha planteado incrementar las penas y que los menores sean juzgados como adultos. En julio de 2025, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la XXV Legislatura del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina, anunció que busca presentar una iniciativa que reforme el artículo 18 de la Constitución para que jóvenes de entre 14 y 18 años sean juzgados como adultos en casos de delitos graves y dolosos. 

Por su parte, la diputada Dunnia Montserrat Murillo respaldó la propuesta ante hechos violentos ocurridos en la entidad y donde se han visto envueltos jóvenes, lo que representa una tendencia preocupante al reclutamiento de menores de edad, argumentó la legisladora.

Necesario, mejorar el sistema de reinserción

En entrevista para Reporte Indigo, Juan Carlos Quirarte, señaló que en vez de voltear a ver el incremento de penas hay que mejorar el sistema de reinserción.

“Creo que antes de reformar para que se incrementen (las penas) lo que urge más, desde mi perspectiva en cuestión de medida privativa de la libertad es que se fortalezca mucho estos procesos de reinserción que se realizan en los centros”, puntualiza. 

Describe que falta una estructura consolidada en los centros de reinserción social juvenil, que permita que durante su estancia se obtengan las medidas necesarias para un proceso de reinserción completo, de modo que a su egreso obtenga un índice alto de no reincidencia. Añade que dentro de esto también es necesario establecer protocolos de seguimiento luego de la liberación.

“Me parece que sería más una reflexión previa a pensar solamente en la parte punitiva, que sean más años, no es tan consistente o tan profesionalizado la intervención reeducativa en estos espacios, de nada serviría. Sería simplemente pensar que el tenerlos allí más tiempo ya es una mejora social”, añade.

Restricciones gubernamentales

Por su parte, algunos gobiernos locales han iniciado con la prohibición de presentaciones de algunos artistas o de música que haga apología a la violencia en eventos públicos. De igual forma el Gobierno federal impulsó el concurso México Canta para incentivar a los jóvenes a consumir el regional mexicano sin caer en contenidos referentes al crimen organizado. 

Ante esto, el doctor Quirarte señala que prohibir este tipo de música o expresiones culturales sería intrascendente, ya que son fenómenos que permanecen pero con distintas modificaciones. Por lo que propone crear acciones y programas que alienten a un pensamiento crítico. 

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“La riqueza, el poder y la fama, son como ejes aspiracionales, en los que se está fomentando mucho en las partes del reclutamiento, el que se pueda llegar a tratar de eliminar ciertas manifestaciones sociales, culturales y tecnológicas, pero de nada serviría porque aparecen otras y lo más importante es quizás ese pensamiento crítico”, señala. 

Respecto a los incentivos económicos que se dan a través de programas sociales, el especialista enfatiza que la remuneración económica por parte del crimen organizado suele ser más llamativa todavía, pese a que no sean grandes cantidades de dinero y aunque esto implique mayores riesgos e incluso la pérdida de la vida. 

El rumbo de las políticas públicas

La organización civil Reinserta calcula que en México alrededor de 250 mil niños y adolescentes entre 12 y 15 años están en riesgo de ser reclutados. De acuerdo con la organización los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Colima, Baja California, Estado de México y la Ciudad de México. 

Por lo que es urgente brindar políticas públicas que beneficien la protección de los menores de edad. De acuerdo con los especialistas las niñas, niños y adolescentes suelen ser reclutados porque son vistos como “desechables», además de que las penas hacia los menores de edad no pasan de los cinco años en el Código Penal. 

Redim y CAM señalaron que aún existe una cobertura deficiente en la capacidad institucional, pues parte que la coordinación institucional sigue siendo limitada, especialmente en municipios. Además de que la atención psicológica y de reintegración social es escasa y no alcanza a comunidades rurales. 

En tanto, las organizaciones civiles son fundamentales, pero dependen de recursos limitados y no siempre están conectadas a las procuradurías o fiscalías. Por lo que proponen principalmente establecer un registro unificado de niños, niñas y adolescentes en riesgo de violencia.

Además, señalan la necesidad de implementar programas de reintegración con acompañamiento psicológico y educativo. De igual forma señalan la importancia de fortalecer la presencia institucional en municipios rurales y zonas de riesgo.

Añaden el incremento de instituciones para adolescentes con uso problemático de sustancias psicoactivas y finalmente financiar mecanismos permanentes de protección y no únicamente campañas. 

Información. Reporte Índigo.