Las iniciativas implementadas por la actual administración del Gobierno federal frente a los casos de desaparición de personas han logrado el establecimiento de una ruta más clara para la búsqueda y localización de personas, en comparación con gobiernos anteriores. Entre estas tareas se encuentra la atención a las acciones urgentes emitidas por la ONU en casos específicos de personas no localizadas.

La ONU-DH, en un boletín publicado por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, reconoce los avances alcanzados en México y los retos en el combate a las desapariciones. Alienta a las autoridades a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

México es el país con el mayor número de acciones urgentes en el mundo con 779 casos registrados ante el Comité, explica César Contreras León, colaborador en el Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “Esto nos habla de la magnitud de la crisis, pero también de la falta de respuesta del Estado mexicano”.

En la actualidad se tiene el registro de más de 130 mil casos de personas desaparecidas desde 2006, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En respuesta a esta grave situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha emitido un conjunto de Acciones Urgentes para abordar este problema. 

Es en esta administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, en donde se comienzan a ver avances reales para la atención del problema. La Secretaría de Gobernación, de Rosa Icela Rodríguez, ha sido la dependencia que ha instrumentado las estrategias.

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De acuerdo con el artículo 30 de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, una medida urgente es una solicitud formal del Comité a un Estado parte para que adopte de inmediato todas las acciones necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida.

Y en ese contexto, el mecanismo de acciones urgentes es una herramienta internacional que busca obligar a los Estados a reaccionar de inmediato ante un caso de desaparición. No es un proceso judicial, sino una vía de presión humanitaria. De acuerdo con Contreras, cualquier familiar de una persona desaparecida puede acceder a él, sin necesidad de abogado ni intermediarios.

“Se trata de un formulario muy sencillo que se envía por correo electrónico al Comité”, explica. “El Comité registra el caso, lo comunica al Estado mexicano —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— y pide información a las autoridades competentes: fiscalías, comisiones de búsqueda y comisiones de atención a víctimas”.

Solicitud de ayuda de la ONU es reflejo de la crisis estructural

Pero la existencia misma de este mecanismo, y su uso creciente, revelan algo más profundo. Para el abogado del Centro Prodh, las acciones urgentes son un espejo del colapso institucional mexicano: 

“Reflejan que los mecanismos locales —como el amparo o las quejas ante comisiones de derechos humanos— son insuficientes. Las familias recurren a instancias internacionales porque en México no encuentran justicia”.

La ONU no es ajena al contexto mexicano, recuerda. Desde su visita oficial en 2021, el Comité ha documentado de cerca la crisis y ha emitido informes severos sobre la falta de resultados en búsqueda, investigación y atención a víctimas. “No es una institución que hable desde lejos; conoce el terreno, ha escuchado a las familias y ha señalado la falta de voluntad y de capacidad del Estado para enfrentar la desaparición”, añade Contreras.

El Comité comenzó a operar hace casi veinte años, y con él, el mecanismo de acciones urgentes. En ese mismo lapso, México ha vivido el auge de una crisis de desapariciones que supera las 130 mil personas no localizadas. Las acciones urgentes, entonces, no son una respuesta reciente, sino un testimonio acumulado de dos décadas de omisiones.

“Cada acción urgente sigue abierta hasta que la persona desaparecida es localizada. No se cierran los casos. El Comité mantiene comunicación constante tanto con el Estado como con las familias. Solo termina cuando se cumple con lo que las familias exigen: hasta encontrarles”.

Familiares de desaparecidos encuentran esperanza entre la impunidad

El mecanismo del que se habla no sustituye la obligación del Estado mexicano, pero sí ofrece una ruta para romper el silencio institucional. En muchos casos, la intervención de la ONU ha servido para reactivar búsquedas o investigaciones que llevaban meses o años detenidas.

César Contreras precisa que estas alternativas son utilizadas por los familiares de personas desaparecidas ante la falta de respuesta de las autoridades locales, y cuando los mecanismos de los que dispone el sistema de justicia mexicano han resultado insuficientes, como el juicio de amparo o las quejas en las comisiones de Derechos Humanos.

Aun así, el peso de la impunidad sigue siendo abrumador. Las familias, cansadas de la indiferencia oficial, se han convertido en las verdaderas investigadoras. Y, en muchos casos, son ellas quienes logran movilizar a las instituciones, incluso a nivel internacional.

“Las acciones urgentes son un recordatorio de que las desapariciones no son solo estadísticas”, señala Contreras. “Son personas, son familias que siguen esperando. Y mientras el Estado no cumpla su deber, la comunidad internacional seguirá diciendo lo mismo que dicen las madres en las calles: no vamos a parar hasta encontrarles”.

El reporte más reciente sobre acciones urgentes dado a conocer por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el pasado 7 de octubre, señala que México es el país con mayor número de estos trámites, 779 en total.

Después se encuentra Irak con 663 casos, territorio conocido por sus constantes conflictos bélicos y la inestabilidad social que se vive. El tercer y cuarto lugar los ocupan Colombia y Cuba con 244 y 200 casos, respectivamente.

El documento informa también que entre el 1 de marzo y 16 de septiembre de 2025, el CED recibió 144 reportes de desapariciones forzadas en el mundo, por los cuales se solicitaron acciones urgentes.

El caso de Érick Jair, acción urgente ante desaparición y amenazas previas

El caso de Erick Jair Pérez Limón, de 21 años, desaparecido el 23 de junio de este año en el municipio de San Agustín de las Juntas, revela las deficiencias estructurales en la investigación de desapariciones en México. Su caso fue recientemente presentado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU,  que activó la Acción Urgente 2134/2025 para exigir al Estado mexicano medidas inmediatas para localizarlo y sancionar a los presuntos responsables.

En entrevista, el abogado y activista Joaquín Galván, quien acompaña el proceso, detalló que la desaparición ocurrió apenas dos meses después de que Erick Jair denunciara haber sido agredido y secuestrado por policías municipales y civiles identificados, entre ellos el padre de su pareja sentimental, un hombre conocido como Gaspar “N”.

“Erick había denunciado agresiones, secuestro exprés y amenazas. Esa denuncia quedó prácticamente congelada por la Fiscalía, sin análisis de videos ni seguimiento de las pruebas que su propio padre entregó”, explicó Galván.

El abogado señaló que la Fiscalía de Oaxaca omitió integrar la primera denuncia como línea de investigación clave, lo que permitió que los agresores continuaran libres. No fue sino hasta que el caso se hizo público y se presentó ante instancias internacionales que las autoridades comenzaron a actuar.

Gracias a la presión mediática y a la intervención del Comité de la ONU, se reactivaron las carpetas. Hoy hay tres detenidos y dos órdenes de aprehensión pendientes, una de ellas contra el principal señalado, Gaspar “N”, quien ya no se encuentra en el estado, de acuerdo con el activista.

Sin embargo, Galván denunció que los avances dependen casi exclusivamente del trabajo de la familia, especialmente del padre de la víctima, quien ha aportado la mayor parte de la información y pruebas.

“Quiero ser claro que hasta este momento, casi todo ha sido por aportación del papá de la víctima, sin un trabajo de investigación adecuado de parte de la Fiscalía. Básicamente, el papá aporta los datos y la Fiscalía ha ejecutado. En eso se ha resumido el seguimiento del caso”, dijo.

‘Las acciones urgentes sirven si el caso se visibiliza’

El abogado explicó que la acción urgente otorgada por el Comité de la ONU es una medida excepcional que obliga al Estado mexicano a rendir un informe sobre las acciones emprendidas para buscar y localizar a la persona desaparecida.

Galván advirtió, sin embargo, que la efectividad de estas medidas depende de la visibilidad pública del caso. Es decir, mientras más visible sea un caso, mayor es la presión sobre el Estado. Si el caso es de perfil bajo, pueden ignorarlo sin consecuencias reales.

Para el entrevistado, la falta de respuesta institucional no es un caso aislado, sino una muestra de la crisis nacional de desapariciones. “El Estado mexicano prefiere ocultar datos para minimizar la gravedad del problema. Mientras menos casos se expongan, menos presión sienten”, señaló.

A la espera de la respuesta oficial del Estado mexicano ante el Comité de la ONU, el abogado insiste en mantener el caso en la agenda pública. “La visibilidad es lo único que nos permite presionar. Las familias están cansadas, pero no van a parar. La esperanza es lo único que les queda”, concluyó.

Hay pendientes a pesar de los avances del gobierno de Sheinbaum

La falta de coordinación entre instituciones y una actitud regresiva del Estado mexicano frente a instancias internacionales se han convertido en los principales obstáculos para la implementación efectiva de las acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), señaló César Contreras León, colaborador en el Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los avances en la atención a colectivos de desaparecidos y el acercamiento del gobierno durante la presente administración han sido constantes en comparación con gobiernos anteriores. “La actual administración tiene como una de sus prioridades la atención de familiares y colectivos de personas desaparecidas. Por eso, la Presidenta nos instruyó reunirnos con todas ellas, y así lo hicimos”, declaró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República.

Sin embargo, Contreras León asevera que existe “una profunda desarticulación institucional”, debido a que las distintas dependencias federales suelen actuar de manera fragmentada, sin intercambio de información ni una estrategia común.

“Hay un peloteo constante de responsabilidades. Las instituciones se deslindan y señalan que la obligación recae en otra instancia, lo que evidencia la falta de coordinación y comunicación entre ellas”, sostuvo.

Contreras advirtió que, en los últimos años, el gobierno mexicano ha adoptado una postura regresiva frente a las instancias internacionales, argumentando la defensa de la soberanía nacional para justificar la falta de cumplimiento de sus recomendaciones y órdenes.

“Esa soberanía se ha utilizado como pretexto para no cumplir con las obligaciones internacionales que México contrajo al firmar la Convención contra las Desapariciones Forzadas (…) En realidad, lo que debería prevalecer es la apertura a la cooperación y a la asistencia técnica internacional”, explicó.

A pesar de los retos, el colaborador del Centro Prodh destacó que las acciones urgentes del Comité son una herramienta útil para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas. Sin embargo, su efectividad depende del compromiso y la coordinación del Estado mexicano.

Explicó que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tienen responsabilidades específicas en la implementación de estas medidas, pero enfrentan carencias importantes.

“La Secretaría de Gobernación cuenta con un área de seguimiento a recomendaciones internacionales, pero tiene poco personal. La CNB también tiene una unidad especializada, aunque insuficiente y sin garantía de continuidad. Y la Cancillería, que debería ser la auténtica coordinadora, se limita muchas veces a recolectar información sin impulsar acciones concretas”, detalló.

Las acciones urgentes son obligatorias

Contreras subrayó que las acciones urgentes del Comité no son simples recomendaciones, sino obligatorias para el Estado mexicano, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Gracias a la lucha de las familias y de las organizaciones civiles, hoy está reconocido que las acciones urgentes deben cumplirse sin que las autoridades decidan si quieren o no hacerlo”, señaló.

También hizo un llamado a la administración federal para que asuma con seriedad sus obligaciones internacionales, fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice los recursos necesarios para cumplir con los compromisos en materia de desaparición forzada.

Información. Reporte Índigo.