Morelos registra una creciente ola de violencia, a pesar de los compromisos asumidos por la gobernadora Margarita González Saravia para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

Durante su primer informe de gobierno, presentado el 1 de octubre, la mandataria estatal presumió que la incidencia delictiva ha disminuido. Sin embargo, durante su administración se han registrado ataques armados, incluso, en contra de funcionarios de diferentes municipios del estado.

“Hemos bajado de manera importante los índices delictivos, Morelos avanza hacia un modelo de seguridad humanista y eficiente, basado en coordinación institucional, disciplina operativa, investigación y cercanía territorial. La seguridad en la tierra que nos une ya se refleja en resultados verificables, mayor confianza ciudadana, mejor calidad de vida y certeza para las familias morelenses”, expresó durante el evento.

Sin embargo, los hechos contradicen ese discurso. De acuerdo con el reporte mensual de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de enero a septiembre de 2025, Morelos concentra el 4.5 por ciento del total de homicidios dolosos en el país, con 837 casos. Y solo en septiembre de 2025, concentró el 4.9 por ciento del total de homicidios dolosos, con 87 casos.

Aunque González Saravia reconoció que “la seguridad es el tema más sensible”, asumió el compromiso de cambiar de raíz la manera en que el Estado protege a la población. Declaración que contrasta con delitos de alto impacto registrados durante su gestión.

Violencia, problemática que no se resuelve

Si bien, la inseguridad y los hechos delictivos iniciaron desde la administración pasada, la estrategia actual parece no haber funcionado después de 12 meses de que la gobernadora llegara el cargo.

En mayo de 2024, diversas instituciones educativas del municipio de Huitzilac, decidieron suspender temporalmente las actividades como medida de precaución para proteger la seguridad de estudiantes y maestros ante un brote de en esa región.

Uno de los episodios más cruentos ocurrió el 11 de mayo en el «Depósito Huitzilac», donde ocho personas fueron asesinadas.

Días después, fueron atacados Jesús Tello Trejo, director de la Policía Municipal, y la activista Laura Vargas, quien fue asesinada. El 14 de mayo, otro ataque armado sobre la carretera México-Cuernavaca cobró la vida de tres personas.

Además, en septiembre fue hallado el cuerpo de Erick “N”, alias «Erick Criminal», señalado como líder de una red de delitos de alto impacto en la región. Su muerte ocurrió tras la difusión de declaraciones de “El Diablo”, un exdetenido, quien afirmó que Erick recibía protección del entonces fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara.

Aunque Margarita González Saravia destacó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), la instalación diaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, así como el inicio de la Policía Turística, durante su informe no mencionó ninguna estrategia clara de combate a la violencia.

Funcionarios de Cuautla bajo ataque

Uno de los focos rojos es el municipio de Cuautla, donde se han registrado al menos cuatro ataques contra funcionarios municipales desde el inicio de la administración. 

Hombres armados atacaron las viviendas del regidor Mauricio Rodríguez , así como del subdirector de programas federales, Josué Olivares, en enero y junio, respectivamente.

Estos ataques se suman a la agresión registrada en marzo contra el domicilio del regidor y líder cañero Miguel Barranco, en un contexto de amenazas y extorsiones relacionadas con la zafra, que incluso provocaron la suspensión temporal de actividades del sector.

Infografía: https://e.infogram.com/61f04ee6-3d15-4030-9648-c5ea261651c7?src=embed

El caso más reciente, es el de Alfredo Escalona Arias, secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, quien fue víctima de un ataque directo durante la tarde del 2 de julio pasado, al salir de una reunión de trabajo de las instalaciones del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC).

El servidor público fue interceptado por hombres armados antes de subir a su auto, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tres balas lo hirieron y fue trasladado a un hospital.

Sin avances, denuncias contra Cuauhtémoc Blanco

Por otra parte, la promesa de evitar la impunidad de la administración anterior, encabezada por Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal, se ha quedado en el discurso debido a que las denuncias anunciadas a principios de año presuntamente no han tenido seguimiento.

En marzo de 2024, González Saravia dijo no tener nada que ver con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo:

“Es responsabilidad de él. Cada persona es responsable de su propio gobierno, yo me haré responsable de mi gobierno”, sentenció.

En enero de este año, en el marco del informe por los primeros 100 días de su gestión, la gobernadora anunció una serie de denuncias penales en contra de la administración de su antecesor, Cuauhtémoc Blanco, por diversas irregularidades detectadas durante el proceso de transición.

«Aquí no hay espacio para las improvisaciones, ni para las excusas. Tampoco hay espacio para los actos de corrupción. He instruido al consejero jurídico y a la contralora que, de acuerdo con los resultados encontrados en el proceso de entrega-recepción, donde haya lugar se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción», indicó González Saravia.

La titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, Alejandra Pani Barragán informó en septiembre pasado el proceso de revisión de las más de 8 mil observaciones detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo tardaría hasta tres años. 

Mientras tanto, será la Consejería Jurídica la encargada de presentar las denuncias correspondientes, y aseguró que las investigaciones continúan en diversas dependencias.

La falta de resultados concretos y el aumento de la delincuencia generan preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen acciones efectivas y resultados tangibles que garanticen su seguridad y bienestar. Además de justicia en el caso de las irregularidades detectadas en la administración estatal anterior.

Información. Reporte Índigo.