Cambia nombre de FIDESSEG, pero control del programa de apoyos queda para el sector empresarial.

La opacidad e irregularidades en el manejo del ahora extinto FIDESSEG llevaron a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a prometer un cambio en el control y distribución de los recursos que salen del Impuesto Sobre Nómina; sin embargo, a pesar de las modificaciones legales, el sector empresarial se queda con dominio de «Tocando Corazones».

En las reformas legales propuestas por la gobernadora para garantizar que el 0.3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina se destinen a la entrega de apoyos a asociaciones que trabajen temas de seguridad y desarrollo social, se garantizan seis espacios en el Consejo Estratégico para el sector empresarial y apenas tres para representantes de organizaciones sociales.

El diputado panista Víctor Zanella Huerta, integrante de la comisión de Desarrollo Económico y Social, destacó que los empresarios tienen el mismo número de lugares en el Consejo Estratégico que los funcionarios estatales porque de ellos surgió la iniciativa de una sobretasa al impuesto para apoyar a organizaciones de la sociedad civil.

Además de la representación de seis integrantes en el Consejo Estratégico y la presidencia del mismo órgano, el sector empresarial del estado tendrá entre sus facultades proponer a las tres personas representantes de las organizaciones sociales para que formen parte del Consejo en el que, además de los seis representantes de los Consejos Coordinadores Empresariales, estarán seis representantes del Gobierno Estatal.

En entrevista, Víctor Zanella dijo que, a diferencia del FIDESSEG, donde las fundaciones FE Guanajuato y Actuando por Guanajuato, manejadas por empresarios, eran el filtro para las organizaciones que aspiran a tener recursos, ahora la revisión de proyectos estará en subcomités, pero todavía no se define quién o quiénes van a elegir a las personas que los integren.

El FIDESSEG surgió como una promesa de campaña de Diego Sinhue Rodríguez como candidato a la gubernatura ante el sector empresarial, pero los manejos opacos y los indicios de corrupción llevaron a la gobernadora Libia García a anunciar la extinción del fideicomiso. La decisión de la gobernadora provocó que los empresarios promovieran diversos amparos, y tras más de ocho meses de litigio, autoridades y empresarios acordaron las reformas que ahora se aprueban en comisiones.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.

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