La Fiscalía General de la República (FGR) publicó un nuevo protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas LGBT+ para garantizar el acceso a la justicia a la diversidad sexual y de género.

De acuerdo con la dependencia, se debe tener acceso a la justicia para erradicar la violencia contra este sector de la población, la cual se enfrenta a la falta de atención e incluso a una revictimización al intentar denunciar agresiones en su contra, lo que disuade a muchas víctimas de buscar apoyo.

Gloria Careaga, coordinadora de la Fundación Arcoiris, colectivo que elaboró dicho protocolo, declaró que este nuevo instrumento tiene como objetivo no sólo esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, también asegurar que se respeten los derechos de las víctimas a lo largo del proceso.

“La comunidad se enfrenta a muchos problemas en cuanto a la investigación de delitos porque en el país la educación sexual es muy pobre, entonces tenemos que luchar porque se entienda qué son las personas LGBT, quitar el estigma y con el la discriminación para garantizar nuestro acceso a la justicia”, compartió en entrevista con El Sol de México.

Para la coordinadora, uno de los principales logros de este mecanismo es que ya se reconoce a la familia social, es decir aquellas personas que no forman parte de la familia de origen de la persona, pero con las que eligieron compartir un vínculo de cuidado.

“Se debe tomar en cuenta que en México la discriminación empieza por la familia, todavía hay quienes les dan la espalda a familiares que se salen de la heteronorma. Cuando una persona sufre un delito y su familia elegida necesita información se le niega, nos corren diciendo que no tenemos relación directa con la víctima, entonces este protocolo lo que busca es precisamente dar algunas líneas de qué es lo que deberían hacer los servidores públicos del sistema de justicia para realmente proveer de ese derecho a las personas LGBT y sus familiares”, señaló.

Este nuevo instrumento tiene como objetivo no sólo esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, también asegurar que se respeten los derechos de las víctimas a lo largo del proceso.

De acuerdo con Gloria Careaga, en los casos de mayor violencia como homicidio o desaparición, son las organizaciones y las amistades quienes exigen justicia para las víctimas, por ello la importancia de ser reconocidos en el proceso de investigación.

“Lo que estamos haciendo es precisamente producir materiales que contribuyan a que las personas que están en el sistema de justicia tengan mejores herramientas ya que no tuvieron educación sexual en su momento”, destacó.

Otra de las acciones dentro del protocolo es el proceso para la no revictimización. La FGR estableció que se debe evitar interrogar a la víctima con preguntas innecesarias sobre su vida privada, cirugías, prácticas sexuales o su identidad, así como no insistir en términos médicos o legales para referirse a su identidad si la persona ya ha indicado cómo quiere ser nombrada.

En delitos sexuales o de violencia extrema se establece que si la víctima no se siente cómoda con el personal asignado, puede cambiarlo sin que esto retrase el procedimiento. Además, grabar la declaración inicial para reducir su impacto emocional siempre que sea posible.

Para Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a Identidades Trans, estos pasos son significativos ya que en muchas ocasiones las personas trans, cuya documentación no refleja su género, no acceden a la denuncia de delitos ya que suelen ser rechazadas por oficiales de la policía y otros agentes estatales.

“La revictimización se presenta cuando el Ministerio Público o la policía maltrata a una mujer trans y se sigue dirigiendo a ella en masculino, cuando le solicitan que muestre una identificación a pesar de tener una apariencia femenina. O en el momento en que relatas tu agresión para que te tomen una declaración y piensan que te lo buscaste por tu orientación o identidad y tienes que comprobar que tú eres la víctima”, mencionó.

Aunque el protocolo está dirigido para elementos de investigación, Rocío Suárez resaltó que dicha capacitación también debería de implementarse para los policías, quienes son los primeros en responder ante una agresión.

“La policía es el actor principal porque es quien recaba los primeros indicios ante la presunción de un delito. Tuvimos un caso en Chiapas, una compañera fue asesinada en el 2006 y aunque fue detenida la persona que la mató, pasaron casi años que permaneció detenido y finalmente lo dejaron en libertad porque la policía no cumplió los protocolos que tenía que realizar de resguardo de las evidencias”, contó.

Para la directora del Centro, si bien se celebra que las fiscalías cumplan y se comprometan con lo que dice el protocolo, se necesita que los policías también tengan un trabajo sólido para evitar que los casos se echen para atrás.

De acuerdo con Rocío Suárez este protocolo solamente será aplicado para los nuevos casos de investigación y no para víctimas o procesos anteriores. “Lo que se tendría que hacer sería litigar porque esta medida es vigente a partir de su publicación y no se utilizaría para otros sucesos”.

Información. El Sol del Bajío.