Durante la votación de los artículos reservados de la Ley de Amparo, el Senado de la República aprobó al filo de la medianoche de este miércoles, con mayoría de Morena y aliados, una reserva propuesta por el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara que viola directamente el artículo 14 de la Constitución, el cual prohíbe que las leyes tengan efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna.

La modificación establece que los juicios de amparo que ya están en trámite deberán resolverse conforme a las nuevas reglas contenidas en la reforma a la Ley de Amparo.

En otras palabras, quienes promovieron amparos bajo la legislación vigente perderán el derecho a que su caso se resuelva conforme a las normas que existían cuando presentaron su demanda.

¿Qué significa esto?

La retroactividad ocurre cuando una ley nueva se aplica a hechos o procesos pasados. Por ejemplo: si alguien presentó un amparo con base en las reglas de 2024, pero en 2025 cambian esas reglas y ahora su caso debe juzgarse bajo las nuevas disposiciones, esa persona queda en desventaja, pues el terreno legal en el que inició su defensa se modifica a mitad del camino.

El artículo 14 constitucional indica:

• Ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de las personas.
• Las sentencias deben dictarse conforme a la ley vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.
• Nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio justo conforme a la legislación previa.

Críticas de la oposición

La senadora priista Carolina Viggiano acusó a Morena de cometer una “violación flagrante” a la Carta Magna:

“Pretender que los juicios en trámite se resuelvan con base en la nueva ley es una contradicción directa a nuestra Constitución. Con esto se rompe la confianza en el sistema judicial y se dejan a los ciudadanos indefensos”.

Viggiano advirtió que con esta medida amparos ya admitidos —incluidos los relacionados con temas fiscales, ambientales o de derechos humanos— podrían perder validez, al imponerse nuevos requisitos que no existían cuando se promovieron.

En la misma línea, la senadora panista Verónica Rodríguez Hernández señaló que Morena solo busca “dar más manos libres a la autoridad y dejar con menos defensa a los ciudadanos”.

“El mensaje es claro: menos defensa para las personas y más poder para el gobierno. Eso significa un país en el que la gente queda desamparada frente a los abusos de la autoridad”.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano subrayó que la reserva aprobada ni siquiera formaba parte de la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum ni fue discutida en comisiones.

“No, no, sólo no se discutió en ninguno de los ejercicios de las audiencias a las que citamos en este Senado; jamás fue tema en esas audiencias, pero tampoco lo fue en las comisiones donde se analizó. Este transitorio no venía en la propuesta original de Presidencia. El único momento donde apareció fue hoy, en Comisiones Unidas, cuando el presidente de la Comisión nos dijo que había sido un error y nos pidió sacarlo. Se votó de manera unánime para dejarlo fuera, pero ahora, a través de una reserva, los mismos que votaron hace unas horas para eliminarlo, lo volvieron a meter. La única forma de explicar este actuar es, como diría la ilustre Chimoltrufia, que ‘como dicen una cosa, dicen la otra’”, expresó.

Lo que está en juego

Si la reserva se mantiene en la versión final de la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si la aplicación retroactiva de la nueva Ley de Amparo es válida o si, como sostienen los críticos, constituye una violación constitucional.

Por lo pronto, la aprobación en el Senado abre una nueva batalla legal y política: mientras Morena defiende que la reforma “moderniza la justicia”, la oposición asegura que se trata de un retroceso histórico que vulnera una de las garantías más importantes para los ciudadanos: el derecho a defenderse del poder público sin que las reglas cambien en medio del proceso.

Información. El Sol del Bajío.