La Misión Cortafuegos es la más reciente iniciativa conjunta entre México y Estados Unidos para controlar el tráfico de armas desde la Unión Americana, un nuevo marco de cooperación que brindará al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum nuevas herramientas tecnológicas y de información para mejorar las capacidades de investigación y procuración de justica.

El anuncio de la nueva iniciativa se dio durante la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad  México- Estados Unidos, programa impulsado durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que pretende reunir a los encargados de la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y la procuración de justicia de ambos lados de la línea divisoria.

Con el objetivo de interrumpir el flujo de armas proveniente de Estados Unidos, uno de los principales agravios del gobierno mexicano, la Misión Cortafuegos permitirá ampliar los operativos fronterizos que eviten que las organizaciones criminales mexicanas obtengan nuevo armamento.

Más allá de los operativos en el terreno, la nueva iniciativa permitirá a las policías de las 32 entidades federativas acceder al sistema e-Trace de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, una base de datos que permite rastrear el historial de un arma desde su fabricación hasta el consumidor final, lo que facilitará la aplicación de la ley en los casos de tráfico de armas, 155 de los cuales se han abierto desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Durante el segundo periodo presidencial de Trump, la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos ha sufrido muchos cambios y, si bien durante su primera etapa en la Casa Blanca el republicano hizo de la seguridad fronteriza su principal fortaleza política, en estos ocho meses de gobierno ha impulsado una estrategia más frontal contra el crimen organizado transnacional.

El combate al narcotráfico desde Estados Unidos

La clasificación de Organizaciones Terroristas Extranjeras impuesta a algunos de los cárteles mexicanos, así como medidas financieras contra instituciones señaladas por participar en actividades ilícitas, han sido estandartes para el gobierno estadounidense; sin embargo, el embajador de Washington en nuestro país, Ronald Johnson, clasificó esta nueva iniciativa como una “cooperación histórica para proteger a ambas naciones”.

En opinión del doctor Jesús Gallegos Olvera, miembro del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la UNAM y profesor de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el combate al narcotráfico se ha convertido en una de las prioridades del gobierno estadounidense tanto en política exterior como en el discurso interno.

“En política de exterior (el narcotráfico) está entre los más altos estándares de importancia, se enlaza con la lucha contra el terrorismo internacional que tiene en Medio Oriente y Asia Central. Y en términos de una revisión de política interior, está entre los primeros tres temas de la administración Trump, el combate al terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de su economía. Lo que estamos observando es que al haber integrado el combate al narcotráfico a una estrátegia más amplia como lo es el terrorismo internacional, le ha permitido usar recursos para hacer acciones como las vistas los últimos días por parte de la DEA o el FBI”, señala el especialista.

De acuerdo con el académico, la cooperación entre México y Estado Unidos no es un asunto coyuntural o que atienda solo a los intereses de un país sobre un tema, sino el reconocimiento de una coexistencia que beneficia a ambas partes.

“La seguridad compartida es un principio que se ha planteado desde hace un par de décadas en la relación bilateral. En la clave mexicana esto no significa soberanía compartida; es decir, que la cooperación es útil en medida que fortalece al Estado mexicano y no sustituye el ejercicio de autoridad en el territorio nacional; lo importante es entender la interdependencia y la lógica estratégica para ambos países, que mientras para México es fundamental, para Estados Unidos se engancha con otros temas abiertos en regiones que van desde Medio Oriente hasta América Latina”, apunta el académico.

Las prioridades del gobierno de México

Desde la pasada administración, el antecesor de la presidenta mexicana, Andrés Manuel López Obrador, llevó el tema de la seguridad hacia una responsabilidad compartida y señaló el flujo de armas estadounidenses hacia México como uno de los principales motores de la violencia armada en el país.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, del 70 al 90 por ciento de las armas ligadas con actos criminales recuperadas en México provienen de Estados Unidos. Pese a que las armas llegan de casi todo el territorio estadounidense, de acuerdo con un análisis de la organización Stop US Arms to Mexico, con base en datos de la ATF, Texas y Arizona son estados donde más se trafican armas hacia México; los datos más recientes de la organización apuntan que un 10 por ciento de las 70 mil 614 armas de origen estadounidense recuperadas en México entre 2014 y 2024 fueron adquiridas menos de un año antes en la Unión Americana, la mayoría de ellas en estos dos estados, lo que indica la intención de tráfico.

El profesor Gallegos Olvera apunta que durante la administración de la presidencia Sheinbaum ha aumentado el trabajo de cooperación entre las agencias de ambos países, aunque señala la necesidad de institucionalizar estos esfuerzos para que se den resultados no solo en materia de combate al crimen organizado sino también en disminución de la violencia.

“Si bien podría pensarse que es una continuación de lo que se hacia con su predecesor, lo cierto es que nos encontramos con una oportunidad para generar diálogos. Habría que evitar ser ingenuos, en el sentido de que para Estados Unidos los intereses marcan su agenda no solo sus buenas intenciones, e identificar que el próximo año hay elecciones intermedias y pueden modificarse las decisiones del gobierno (…) México tendría que mantener su interlocución con el Legislativo, particularmente con comités encargados de la seguridad fronteriza, el presupuesto y la defensa, así como buscar a grupos sociales que desde Estados Unidos estén en conjunción con esta agenda”, finaliza el especialista.

Información. Reporte Índigo.