La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, explicó este viernes que las reformas a la Ley de Amparo busca agilizar la expedición de justicia porque se establecen plazos específicos para resolver temas fiscales y penales.

En la conferencia mañanera, Godoy Ramos mencionó que la iniciativa fue enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 septiembre. Dicha reforma prevé diversos cambios en la Ley de Amparo para armonizarla con la reforma constitucional en materia judicial. También se modifican el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La funcionaria detalló que con dicha reforma se establecen plazos procesales para que las autoridades judiciales resuelvan casos de materia tributaria en máximo seis meses; y casos penales en máximo cuatro meses cuando se trata de delitos que no excedan los dos años de prisión o máximo un año cuando el delito se castiga con más tiempo.

Expuso que la intención de hacer una justicia más ágil, es decir pronta y expedita, fue una de las intenciones por las que se impulsó la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que ya hubo un paquete de leyes secundarias a la reforma judicial y “en este segundo paquete de leyes de reforma, decimos que son las leyes procesales, se busca garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazo y términos claros”.

“Se fortalece el juicio de amparo para que sea más ágil y sencillo con reglas muy precisas y claras. También se protege el orden público e interés social, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia, se ajustan algunos delitos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, agregó.

Ernestina Godoy puntualizó que el amparo sigue garantizado en la Constitución defender los derechos fundamentales de las personas y en contraste, soltó que con la reforma se corrigen tecnicismos y vacíos legales.

“Quiero dejar muy claro que los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos como lo consagra la Constitución. Esta reforma no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”, aseguró.

Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad.

Información. El Sol del Bajío.