El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias del país ante el incremento de protestas y bloqueos de vías, principalmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la creciente inseguridad. 

La medida regirá durante sesenta días en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La decisión, formalizada mediante un decreto presidencial, responde a lo que el Ejecutivo calificó como una “grave conmoción interna” que ha generado paralizaciones, actos de violencia y riesgos a la seguridad ciudadana. 

Según el documento, se han registrado protestas parciales desde el lunes en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes persistían bloqueos en el norte de Pichincha y en carreteras de Carchi, provincia fronteriza con Colombia.

De manera preventiva, el Gobierno trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a Cotopaxi y la de la Vicepresidencia a Imbabura, con el fin de garantizar la continuidad de sus operaciones y resguardar la seguridad de sus funcionarios.

¿Qué implica el estado de excepción?

El decreto señala que las paralizaciones han alterado el orden público y han generado “violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”. 

Ante ello, el Ejecutivo busca frenar la “radicalización de las medidas de hecho” y evitar que las protestas provoquen una mayor afectación a la población.

La medida implica la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, lo que restringe cualquier tipo de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día. Sin embargo, el decreto aclara que no se restringe el derecho a la protesta, siempre y cuando se ejerza de forma pacífica y sin vulnerar los derechos de terceros.

El Gobierno fundamentó la duración de 60 días en la necesidad de mantener una presencia reforzada del Estado para recuperar el orden público y limitar escenarios de violencia contra personas, bienes públicos y privados. 

“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social”, señala el decreto.

Las protestas, impulsadas por sindicatos y sectores sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), se han centrado en el rechazo al incremento del precio del diésel. 

Desde el pasado sábado, el combustible pasó de 1.80 a 2.80 dólares por galón tras la eliminación del subsidio, lo que ha generado preocupación en sectores que dependen directamente de este insumo, como el agrícola, pesquero y de transporte de pasajeros y carga.

Paralelamente, el Gobierno ha comenzado a entregar compensaciones e incentivos para mitigar el impacto de la medida. En la víspera, se depositaron más de 1.1 millones de dólares en incentivos productivos a más de mil 600 transportistas de diversas modalidades, mientras que 70 mil productores recibieron el Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES), equivalente a mil dólares.

Además del rechazo al alza del diésel, los manifestantes denuncian la creciente inseguridad en las carreteras, afirmando ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones. Exigen al Gobierno una mayor atención y acciones concretas para garantizar su seguridad durante los desplazamientos.

Con el estado de excepción, el Ejecutivo busca contener la escalada de movilizaciones y restablecer el orden en las zonas más afectadas, al tiempo que intenta avanzar con sus planes de compensación económica para los sectores impactados por el retiro del subsidio al combustible.

Información. Reporte Índigo.