En materia de corrupción, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tiene una medida histórica: la tercera imposición de la sanción económica más alta a un funcionario público en los últimos 25 años.
De acuerdo con su Primer Informe de Gobierno, entregado al Congreso el pasado 1 de septiembre, en 2025 la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno multó a dos funcionarios con 27 millones 102 mil 319 pesos por fallar en su desempeño público. Ello significa un monto promedio de 13 millones 551 mil 159 pesos.
Desde el año 2000 solo hay dos amonestaciones para servidores públicos más altas que las impuestas por la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo. Datan de 2020 y 2023, cuando transcurría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el primer año se impusieron 112 multas por mil 873 millones 373 mil 975 pesos, por lo que el promedio fue de 16.7 millones de pesos. En el segundo año la sanción en conjunto sumó 694 millones 158 mil 599 pesos y hubo 12 funcionarios sancionados. El promedio fue de 57.8 millones de pesos.
El monto por la sanción es menor, pero se reparte en solo dos funcionarios que habrían incurrido en actos de corrupción que le causaron o estaban por causarle un daño al erario.
Al documento se anexó una tabla con el título “Sanciones y Responsabilidades de los Servidores Públicos” con datos desde el año 2000. En ese año, un nuevo modelo de transparencia le impuso a la burocracia mexicana más obligaciones de rendición de cuentas. Cuatro años después, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo se transformó en Función Pública y adquirió más facultades. La instancia, en el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, se transformó en Anticorrupción y Buen Gobierno.
Aun con el impulso de una nueva estructura, en 2004 el promedio de las sanciones económicas por pagar de los funcionarios públicos que incurrieron en actos de corrupción fue de mil 16 pesos. En 2009 fue de 5 mil 335 pesos. Y en 2015 de 2 mil 711.
Según estos datos históricos, más de 4 mil millones de pesos han sido impuestos en multas en estos 25 años a servidores públicos que tuvieron mal desempeño, incluso con acciones penadas por la ley. Más de 11 mil integrantes de la burocracia, en puestos altos, medianos o bajos en la jerarquía, han incurrido en prácticas anómalas.
En cuanto a las cantidades sancionatorias, en 2009 se impuso la más grande de mil 873 millones 373 mil 975 pesos. Pero el número mayor de funcionarios amonestados fue registrado en 2014 con mil 201. El año en el que las sanciones han sumado menos fue 2015 con 860 mil 72, en tanto que el año con menor número de servidores públicos amonestados fueron 2019 y 2025, con dos cada uno.
Funcionarios de Sheinbaum bajo 91 pesquisas por inconsistencias patrimoniales
El anexo estadístico del Informe de la primera presidenta de México muestra que las mentiras o las omisiones en la declaración patrimonial es la falta más común. Este documento debe ser presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cada mayo con datos del año anterior. Los funcionarios deben exponer sus adquisiciones, ventas o ahorros con máxima publicidad y honestidad.
En lo que va del gobierno se han iniciado 91 investigaciones para detectar inconsistencias en las declaraciones patrimoniales, lo que puede constituir faltas administrativas.
En estos momentos, según el Informe de Gobierno, se realizan 15 investigaciones de verificación patrimonial y 32 informes contables y financieros, correspondientes a expedientes de periodos anteriores.
Contratos públicos acumulan 59 mdp en sanciones por corrupción e irregularidades
Además, en el documento de rendición de cuentas de la presidenta se detalla que en cuanto a los procedimientos de contratación de servicios en las entidades públicas, se emitieron 322 resoluciones, de las cuales, 142 fueron sancionatorias; es decir, el 44 por ciento. De estas, 44 fueron con multa y 98 con multa e inhabilitación. Al final, se han impuesto multas por actos de corrupción en los contratos públicos que suman 59.1 millones de pesos.
Los datos en el el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados muestran que hasta ahora, la amonestación más fuerte (tanto en periodo de inhabilitación como de sanción económica) ha sido para la empresa Avacor S.A de C.V que le vendió al Gobierno federal equipo táctico militar, boinas, fornituras y escudos para elementos de la Defensa y la Guardia Nacional. La multa fue por 1 millón 682 mil 835 pesos y la inhabilitación por dos años y seis meses. La falta: proporcionar información falsa en una licitación.
Enseguida está Proveglia S.A de C.V, una compañía dedicada a la compra, venta, importación y distribución de medicamentos de patente, por presentar información falsa cuando le fue asignado un contrato de manera directa.
Información. Reporte Índigo.
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