Ocho años después de que la violencia las obligara a salir de su comunidad, 153 familias de la agencia Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de San Juan Juquila Mixes, en la Sierra Norte del estado, podrían comenzar a regresar a sus viviendas.

El Gobierno de Oaxaca anunció un protocolo “histórico” para atender el desplazamiento forzado interno; sin embargo, detrás de los discursos oficiales, las familias han sufrido con casi una década de desarraigo, promesas incumplidas y una vida el exilio.

El desplazamiento de 471 personas de Guadalupe Victoria ocurrió en 2017, tras la escalada de un conflicto agrario entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec. Las disputas por la tierra derivaron en amenazas, agresiones armadas y violencia que dejó a cientos sin más opción que huir.

Desde entonces, las familias han sobrevivido dispersas, sin acceso pleno a educación, salud ni empleo, mientras las comunidades rivales tejían acuerdos frágiles que nunca se tradujeron en seguridad para las víctimas.

Hoy, bajo la administración de Salomón Jara, se anuncia el primer “retorno humanitario” en Oaxaca. Un grupo de 10 representantes entró a Guadalupe Victoria para revisar las condiciones de sus viviendas. La visita fue acompañada por funcionarios estatales, la Guardia Nacional y observadores de la ACNUR.

El gobierno considera que este retorno marca “un paso hacia la pacificación”, pero las familias desplazadas exigen que existan garantías para evitar que la violencia se repita y qué les definan qué pasará con las tierras en disputa.

La Coordinación de Derechos Humanos (CADH) asegura que el proceso será seguro y acompañado. Pero en comunidades donde las armas han definido territorios, el papel de las instituciones suele quedarse corto.

“Vamos a estar con ustedes, de cerca y escuchándolos para concluir este proceso de la mejor manera”, dijo Flor Estela Morales, titular de la CADH.

El titular de la Coordinación de Paz del gobierno estatal, Donato Vargas, informó que ya iniciaron inscripciones escolares para niñas y niños que llevan más de ocho años sin clases, una generación entera que creció en el exilio interno, lejos de sus raíces y sin acceso al derecho básico a la educación.

Se anunció también la reactivación de la clínica comunitaria y la construcción de un parque como parte de la reintegración social. Hoy, las familias enfrentan el reto de sanar heridas, recuperar la confianza y garantizar que no habrá un nuevo desalojo.

El retorno coincide con la reciente aprobación en el Congreso local de la Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, que por primera vez tipifica este delito en Oaxaca con penas de hasta 24 años de cárcel.

La norma sanciona tanto a quienes obligan a salir a familias de sus hogares como a funcionarios que obstaculicen su retorno. Además, ordena crear un registro estatal de víctimas, una medida que organizaciones civiles ven como indispensable, aunque tardía.

En 2019, Oaxaca ocupó el segundo lugar nacional en número de personas desplazadas. Casos como Tierra Blanca Copala o San Juan Copala aún están pendientes.

El operativo de seguridad desplegado por la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina demuestra que el conflicto no está resuelto, porque este regreso requiere la presencia de fuerzas armadas.

De esta manera, Oaxaca se convierte en el quinto estado en legislar sobre desplazamiento forzado y en el primero en organizar un retorno de esta magnitud.

Información. El Sol del Bajío.