Desde hace más de siete meses, María enfrenta la burocracia excesiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado. A pesar de haber comprobado que fue víctima de violencia por parte de su expareja, que le costó su salud, terapias y una intervención quirúrgica superior a los 500 mil pesos, no ha podido garantizar el pago de la reparación del daño. Los golpes le impiden trabajar y no tiene dinero para cubrir sus gastos médicos.

“Pareciera que yo estoy luchando contra el sistema cuando soy la víctima. El personal de la Fiscalía es grosero. La última vez que acudí, el viernes 15 de agosto, salió la fiscal y me estuvo diciendo que si no llevaba la cotización, o si no la había pagado, no me la iban a cubrir, porque solo se paga la reparación de daños sobre las facturas ya pagadas. Le dije: ‘¿de dónde saco el dinero para pagar? Es ilógico que, aun después de que me golpearon y no tengo trabajo por sus golpes, ¿de dónde puedo pagar? Entonces, ¿dónde está la justicia o qué hago?’”, compartió María.

El pasado 16 de enero, María sufrió un episodio violento. Ese día, su expareja y padre de su hijo, de un año y cinco meses de edad, entregó al menor a su madre después de convivir con él. María se dio cuenta de que su hijo tenía moretones.

“Le pregunté qué había pasado porque tenía moretones mi hijo y solo me dio golpes. Ese día llamé a la policía y me llevaron al Centro de Justicia para la Mujer a presentar la denuncia. La doctora que me revisó me dijo que fuera al Hospital General por el golpe que tenía en la cabeza. Fui y regresé para terminar la denuncia. Me dijeron ese día que era un esguince, me recetaron un collarín por un mes y pregabalina; creí que me iba a recuperar”.

Durante el proceso por la denuncia de violencia familiar, María notó que su salud empeoraba: perdía fuerza en manos y pies, por lo que acudió a un médico. Allí se enteró de que esos síntomas eran secuelas de los golpes que recibió. Comentó su situación en la fiscalía y señaló que requería varias sesiones de fisioterapia, porque el médico le indicó que no podía laborar ni cargar cosas mayores a cinco kilogramos; las únicas actividades que puede realizar son cocinar y lavar trastes.

“Encontré un médico en Querétaro, Felipe Chavelas, quien me diagnosticó fracturas y hernias en el cuello. El médico propone 30 sesiones más de rehabilitación y un tratamiento que cuesta 2 mil pesos cada 15 días. Le pedí cotización total por el plazo legal que tenía que cubrir la fiscalía; nunca me pudieron decir bien. Una persona me decía que el 25 de agosto, otra que en septiembre. Me dijo que no podía cotizar en general porque, al ser una situación neurológica, depende mucho del paciente y su evolución”.

“Un médico ya declaró en la fiscalía con el costo de la cirugía, que es de 570 mil pesos, y faltan los gastos de honorarios porque se requiere un equipo de tres neurocirujanos. Ya pasaron siete meses y, en lugar de avanzar, mi cuerpo ha perdido más fuerza en mis manos. Me dice que sí me tienen que hacer la cirugía. Es muy evidente que la fiscalía estaba del lado de mi agresor, porque varias veces los trabajadores de la fiscalía hicieron que él mismo se contradijera”, compartió María.

Ante la falta de interés de la fiscalía por atender su caso y el desinterés de la abogada de oficio asignada por el Centro de Atención a Víctimas, María solicitó ayuda a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, y a la jefa de Gobierno de México, Claudia Sheinbaum. Por parte del gobierno local, la respuesta fue inmediata, pero la abogada de oficio solo estuvo acompañándola físicamente, concentrada en su celular.

“Quiero justicia, nada más que se me repare el daño, en este momento que estoy sin trabajo y mal de salud”.

Información. Periódico Correo.