A peticiones que hicieron legisladores locales y ciudadanía interesada en la defensa del camino a Los Mexicanos en la Sierra de Santa Rosa, autoridades estatales y municipales se resisten a hacer públicos los documentos vinculados a la adquisición del terreno y un supuesto amparo promovido por la empresa ICREAR de la familia Webb Murra, que ahora se ostenta como propietaria.

La activista Paloma Robles Lacayo expuso que el predio que compró la empresa, según el registro público, es de 316 hectáreas y fue comprado a Amado Carrillo Hernández, aunque éste era propietario de 251 hectáreas desde 1974, pero a partir de abril de 2024 (un mes antes de la compra por parte de ICREAR) la superficie se extendió en un más de 600 hectáreas con el aval del Registro Público del Gobierno del Estado.

Para conocer el por qué del cambio en el registro público, Paloma Robles presentó dos escritos dirigidos a la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, pero un mes después la respuesta de la oficina fue que era un tema que tenía que atender la Secretaría de Gobierno.

Ante la falta de claridad de cómo fue que un particular pudo ampliar la superficie de su terreno para venderlo a la familia Webb y así incluir el camino a los mexicanos, Robles Lacayo anunció acciones legales y movilizaciones sociales.

Los cambios en la extensión del terreno que compró ICREAR en la Sierra de Santa Rosa se dieron en la recta final del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y benefició de manera directa a la familia Webb, misma que fue socia en el fallido modelo de negocios GTO Leasing, fondeado con recursos de las pensiones de trabajadores al servicio del Estado a través del ISSEG.

Otra autoridad que se negó a dar información es el gobierno municipal de Guanajuato que encabeza Samantha Smith Gutiérrez sobre la actuación de la administración ante el amparo promovido por la empresa que les permite mantener las rejas para cerrar el camino.

El diputado Ernesto Millán Soberanes precisó que la respuesta del municipio al Congreso del Estado fue que no es una autoridad vinculante o superior a los presidentes municipales, por lo que los diputados carecen de atribuciones para pedir información.

Será en las próximas semanas cuando se anuncie la ruta legal que se va a emprender en contra de quien resulte responsable por la posible corrupción que permitió a una familia de empresarios guanajuatenses escriturar un camino público.

Información. Carmen Pizano.

Foto. POP Lab.