El próximo 31 de agosto de 2025, cientos de jueces y magistrados se despedirán de los circuitos en los que trabajaron durante varios años, algunos con décadas dedicadas al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Entre lágrimas y sentimientos encontrados, los juzgadores preparan sus maletas para dejar sus plazas a los nuevos funcionarios judiciales que fueron elegidos en la primera elección de este tipo en el país.
Todos ellos comparten algo en común: se van con un sabor agridulce, después de años de trabajo en el PJF y en acatamiento de la reforma judicial que plantea la renovación de la mitad de los juzgadores en 2025.
Felipe V Consuelo Soto, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Amparo y Juicios Federales con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es uno de los jueces que se prepara para dejar su plaza el próximo 31 de agosto en lo que llama un retiro obligatorio.
El juzgador comparte a Reporte Indigo en entrevista, que estos cambios que vive el Poder Judicial fueron un «golpe de Estado técnico» que transformó por completo la estructura del Estado mexicano.
Con más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación, Felipe V lamenta que, a raíz de los cambios derivados de la reforma constitucional, se desmantele de facto un poder construido sobre la experiencia, la vocación y la carrera judicial de miles de personas que han dedicado su vida al servicio de México.
«Esta no es una jubilación planeada. Es un corte abrupto, sin condiciones claras ni garantías laborales. Nos están diciendo: ‘con permiso, ya te tienes que ir’», cuestiona.
El impartidor de justicia rememora que entre los casos más complejos que ha tenido es el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, empresa que enfrentó la quiebra posteriormente: «Fue frustrante, pero me queda la satisfacción de haber hecho todo lo que estuvo en mis manos», señala.
Para Consuelo Soto, el mayor dolor de esta salida es dejar atrás al equipo con el que trabajó durante años. «Se genera un vínculo humano muy fuerte con el personal del juzgado. Son 40 personas que también enfrentan incertidumbre», dice.
A días de que culmine su encargo como juez, Felipe exhorta a quienes inician en la carrera judicial a prepararse con humildad y pasión: “No están resolviendo papeles, están resolviendo vidas”. Y a quienes se quedan, insiste: “Tengan amor a la carrera judicial, hay que seguirse preparando”.
Nuevos juzgadores deben tener vocación
En medio de este proceso de transformación, Noel Morales también se prepara para cerrar un capítulo profesional a finales de este mes. Aunque participó en el proceso para conservar su plaza como juez, los resultados no le favorecieron.
“Lo equiparo —guardando toda proporción— con un enfermo terminal: una persona que ya está en la fase final, pero que dio todo. Y me voy con la frente en alto porque entregué todo lo que pude, sin quedarme con nada, aunque el resultado haya sido adverso”, confiesa.
Morales, juez de distrito especializado en materia laboral en Nayarit, no rehúye la incertidumbre; al contrario, asegura que la enfrenta con serenidad, mientras recuerda que su sueño de convertirse en juez nació en un mercado público.
“Tenía cinco años cuando presencié una pelea entre carniceros que terminó con la vida de uno de ellos. Años después supe que el poder, cuando se desborda, necesita límites. Y esos límites se llaman justicia”, recuerda.
Ahora, en retrospectiva, reconoce que ha disfrutado estos últimos días en servicio —aunque suene contradictorio— como nunca antes, quizá más que en toda su carrera, porque sabe que dio todo lo que tenía que dar. Por eso, se va con la frente en alto.
Y para quienes se quedan afirma: “Ejerzan con vocación, no por un sueldo. Recuerden que su función es pacificar, brindar acceso a la justicia, no sólo resolver casos. Que no caigan en tentaciones ni atajos, como los acordeones o los apoyos indebidos. La paz interior es fundamental para impartir justicia”.
Una reforma llena de obstáculos
El próximo 1 de septiembre concluirá la primera etapa de la reforma electoral, la cual sentó las bases para una reestructuración del Poder Judicial de la Federación y que contempla la remoción de todos los juzgadores presentes.
Para esta primera etapa llegarán 881 nuevos funcionarios judiciales que tienen por delante el reto de mejorar la impartición de justicia a nivel nacional, por lo que la curva de aprendizaje que enfrentarán será solo de unos cuantos meses, en el mejor de los casos.
Un proceso envuelto en señalamientos de irregularidades por diferentes sectores de la sociedad y de la oposición, aunque con la completa venia del Ejecutivo y el Legislativo federal.
Jueces sin liquidaciones ni trabajo
En esta metamorfosis judicial ha surgido otro problema que también ha impactado a los juzgadores que se van: la falta de indemnizaciones económicas por los años de servicio prestados.
A pocos días de que cientos de juzgadores se retiren de forma permanente de los circuitos judiciales, el Gobierno federal no ha aclarado cuáles serán los recursos que deberán destinarse para las liquidaciones del personal del PJF.
“Hasta el momento no nos han dicho nada. Sé de compañeros que ya presentaron su solicitud de indemnización y les respondieron que no hay recursos”, afirmó el juez Noel.
Un silencio institucional que se ha prolongado y ha generado reacciones entre los trabajadores que perderán su empleo, pues afirman que, pese a haber entregado su vida al PJF, la administración federal no ofrece claridad ni las garantías mínimas.
Enrique Juárez Saavedra, titular del Juzgado 103 del sistema acusatorio en la Ciudad de México, asegura que se retira con un mal sabor de boca pues, además de la crisis de autonomía que vive el PJF, los jueces que llegaron no fueron por criterios de capacidad, sino a decisiones discrecionales del Ejecutivo.
“Ya no se respeta la independencia de los jueces. Algunos asuntos se están resolviendo con base en intereses económicos o personales. La función jurisdiccional está quedando de lado”, advierte Saavedra, quien se separó del cargo desde el pasado 31 de mayo para iniciar sus trámites prejubilatorios, aunque su salida formal será a finales de agosto de este año.
Con 41 años de servicio y 34 como juez en distintas etapas —desde justicia de paz penal hasta juez de control en el nuevo sistema acusatorio—, Enrique Juárez Saavedra evoca los casos mediáticos en los que participó, como el juicio de Juana Barraza, conocida como “La Mataviejitas”.
Así como asuntos relacionados con figuras públicas como Irma Serrano, Gaby Spanic y periodistas de Televisa. “Más que polémicos, fueron casos relevantes y complejos, y siempre procuramos actuar con imparcialidad y objetividad”, señala el juzgador.
Respecto a la indemnización de su retiro, Saavedra no tiene claridad sobre los recursos que deben entregarle como compensación: «Se supone que nos la entregarán a partir del primero de septiembre, aunque no estoy seguro».
Rechazan la reforma judicial
Carlos Soto, exmagistrado en uno de los circuitos de Puebla, también fue uno de los afectados por la reforma judicial. El juzgador reconoce que dejó su cargo hace unos meses, en rechazo a esta reestructuración.
“No fue una decisión voluntaria. La reforma judicial se retiró de golpe, junto con miles de colegas. Lo personal y lo profesional se mezclaron: no es fácil aceptar que tu carrera termina no por tus actos, sino por un acto de venganza e ignorancia”, sostiene.
Al igual que sus pares, Soto acepta que la decisión de dejar de trabajar se debió a los cambios que se plantearon en el Congreso de la Unión y que a pesar de los años en servicio aún no sabe si recibirá la liquidación que le corresponde por ley.
Altas expectativas de la ciudadanía
Con un proceso lleno de señalamientos e irregularidades a cuestas, los nuevos juzgadores tendrán la tarea de cumplir con las altas expectativas que la ciudadanía ha depositado en el Poder Judicial de la Federación; aunque muchos de ellos hayan llegado en «fast-track» y con la ayuda de acordeones, tal como lo confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE) recientemente.
Y es que la narrativa oficial insistió en todo momento en la necesidad de “depurar” el Poder Judicial debido a los sesgos de los funcionarios judiciales y actos de corrupción que presuntamente se han presentado en los últimos años.
Aunque, de acuerdo con especialistas e incluso con trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se cometió un error al cambiar de esta manera las cabezas de los circuitos judiciales del país, en lugar de perfeccionar las fiscalías y los ministerios públicos.
Mientras que las personas que resultaron ganadoras en el pasado proceso electoral llegarán sin experiencia en juzgados o en el ramo en el que se desempeñarán en la mayoría de los casos.
De acuerdo con varios juzgadores que resultaron electos se inscribieron en varios cursos intensivos para llegar de la mejor manera el primero de septiembre; otros aceptaron que sobre la marcha aprenderán la dinámica de este tipo de trabajo.
Información. Reporte Índigo.

