Por tercera ocasión, el Gobierno federal tratará de impulsar una reforma electoral en México. Se trata de varias modificaciones al marco jurídico de la Constitución que tienen por objetivo cambiar el sistema electoralque hasta ahora conocemos.

Aunque aún no se conocen todos los detalles del articulado, el Ejecutivo federal ha dejado en claro que el objetivo de la propuesta es fortalecer la democracia desde el gobierno, reducir costos y simplificar los procesos electorales. 

En los últimos años, la administración federal ha intentado una serie de modificaciones al esquema electoral mexicano bajo el argumento de que se cuentan con ciertas deficiencias y errores que se han cometido en los últimos comicios. 

Solo en el sexenio pasado, la gestión encabezada por Andrés Manuel López Obrador promovió tres iniciativas consecutivas de reforma electoral, conocidas como Plan A, Plan B y Plan C. 

Esto ha generado diferentes pronunciamientos de especialistas y actores políticos quienes señalan que, más allá del discurso oficial, estos planes pueden representar riesgos para la autonomía electoral, el equilibrio de poderes y la salud institucional del sistema democrático en México.

Por ejemplo, el Plan A, presentado en 2022, fue la propuesta más ambiciosa en términos constitucionales, la cual planteó la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. 

También se propuso la reducción del número de legisladores, la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), tribunales estatales y la elección por voto popular de los consejeros y magistrados electorales.

Aunque algunas de estas propuestas —como ampliar la representación proporcional en la Cámara de Diputados o abrir cada tres años el registro de nuevos partidos— fueron vistas como posibles avances, la reforma fue criticada por su carácter centralista y por haber sido formulada sin diálogo ni consensos. Al no contar con mayoría calificada, el Plan A fue desechado en el Congreso.

Tras su fracaso, el Ejecutivo redobló esfuerzos con el llamado Plan B, una reforma de leyes secundarias que no requería cambios constitucionales. Aprobado en 2023 sin participación de la oposición, este plan implicó una reestructuración administrativa del INE, es decir, redujo su personal técnico y modificó las reglas de fiscalización. 

Aunque se presentó como una medida de austeridad y simplificación, fue impugnado y parcialmente invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concluyó que varias de sus disposiciones vulneraban principios constitucionales como la certeza, la equidad y la autonomía del árbitro electoral.

Pese a los reveses jurídicos y políticos, el gobierno insistió con una tercera versión: el Plan C, que comenzó a delinearse en 2024 y continúa en proceso durante 2025. 

Esta nueva fase ha sido encabezada por una comisión conformada exclusivamente por figuras del oficialismo, entre ellos Pablo Gómez, Jesús Ramírez y Ernestina Godoy.

Llaman al consenso y participación de actores políticos

Académicos y especialistas electorales han advertido que la reforma electoral tal como se plantea puede abrir la puerta a un mayor control del sistema electoral por parte del poder político.

El investigador Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que los primeros indicios de la nueva reforma electoral que impulsa el Gobierno federal pueden representar un retroceso para la democracia en México.

En entrevista, el especialista explicó que las reformas electorales son particularmente sensibles, ya que implican modificar las reglas del juego democrático. 

Por ello, detalló que se requieren amplios consensos y la participación de todos los actores políticos. Sin embargo, las iniciativas que se han presentado en este sexenio —desde el Plan A hasta la actual conformación de una comisión oficialista— no muestran apertura ni pluralidad.

“En democracia, como en el futbol, es esencial que los jugadores —en este caso, partidos y ciudadanía— perciban que las reglas son justas y que el árbitro es imparcial”, afirmó Reyes.

Recordó que incluso el PRI, en su etapa de partido dominante, convocó a opositores, sociedad civil y expertos para consensuar reformas electorales. “Hoy vamos en sentido contrario”, lamentó.

Para Reyes, los tres planes promovidos por el expresidente López Obrador han seguido una lógica unilateral: el Plan A fracasó por falta de apoyo; el Plan B se aprobó sin un solo voto opositor; y el Plan C aún no ha sido discutido a fondo, pero fue armado por una comisión sin diversidad ideológica y sin especialistas en materia electoral.

En contraste, señaló que deben evitarse las purgas de consejeros y magistrados, la eliminación del federalismo electoral, el uso del voto popular como método de designación y el debilitamiento del servicio profesional del INE.

“México ha logrado construir instituciones que, con todo y sus defectos, permitieron la transición democrática. Tirarlas por la borda sería un error histórico. La austeridad no puede convertirse en austericidio”, concluyó Reyes.

Hasta el momento, diputados y senadores del partido oficialista han afirmado que tratarán de sacar adelante esta reforma electoral, mientras que la oposición en el Congreso de la Unión asegura que la propuesta debe analizarse de fondo para evitar errores a futuro y un retroceso en la democracia.

Información. Reporte Índigo.