Los daños ambientales en la Sierra de Santa Rosa que ha causado el desarrollo inmobiliario La Cucursola fueron posibles con la complicidad del ex alcalde panista de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, y su director de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate.

Así lo señalaron activistas ambientales que ofrecieron una conferencia de prensa para hacer un recuento de los permisos que otorgó el gobierno de Navarro a la empresa Loma de Irapuato del político y empresario Sergio Fernando Ascencia Barba. Las declaraciones surgieron después de que la Fiscalía General de la República aseguró La Cucursola en seguimiento a la investigación que abrieron por delitos ambientales.

Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental, recordó que en la investigación está involucrado el ex alcalde de Guanajuato, a pesar de que éste lo niegue y hasta anunció el inicio de un proceso legal por difamación contra los activistas ambientales que lo señalan por otorgar permisos para La Cucursola sin que se hayan cumplido con los requisitos legales.

La amenaza de Alejandro Navarro la lanzó en redes sociales, luego de que las organizaciones ambientales expusieron la responsabilidad del panista; sin embargo, en el Código Penal de Guanajuato ya no existe el delito de difamación.

La Cucursola es un desarrollo inmobiliario residencial propiedad del irapuatense Sergio Fernando Ascencio Barba, quien consiguió los permisos municipales cuando era diputado federal por el PAN, el mismo partido que llevó a Navarro a la presidencia municipal de Guanajuato.

En conferencia de prensa, Gustavo Lozano recordó que el municipio debió observar que el empresario cumpliera con los requisitos establecidos por la Federación en materia ambiental antes de permitir un desarrollo inmobiliario en la Sierra de Santa Rosa, área de conservación ecológica.

Para los activistas el caso de La Cucursola es un ejemplo de la manipulación de las leyes para proteger intereses privados a través del aparato gubernamental.

Acción Colectiva Socioambiental y Movimiento Colibríes Guanajuato, ambas organizaciones que han dado la lucha en tribunales para que se frene el daño en la Sierra de Santa Rosa, también aseguraron que existió omisión por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) porque a pesar de las evidencias por el daño al medio ambiente, solo impuso una multa de poco más de 135 mil pesos a la empresa Loma de Irapuato.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Facebook Gustavo Lozano y Periódico Correo.