El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México anunció este jueves que desplegará una campaña en las 16 alcaldías para invitar a la ciudadanía a promover amparos colectivos contra la llamada “Ley Espía”, una serie de reformas promovidas por Morena que —advierten— permiten el rastreo, espionaje y acceso a comunicaciones privadas sin autorización judicial.

“La Federación quiere espiar bajo el argumento de ‘seguridad nacional’, pero lo que realmente busca es vigilar al ciudadano crítico, no al criminal armado”, denunció Óscar Agüero Zúñiga, tesorero del PAN capitalino.

La dirigencia local del PAN, junto con legisladores, concejales y militantes, recorrerán colonias para explicar los riesgos legales y constitucionales de las reformas aprobadas por Morena al Sistema Nacional de Inteligencia y a la Ley de Telecomunicaciones. Además, brindarán asesoría para interponer amparos individuales y colectivos.

“El gobierno quiere un país donde el miedo sea suficiente para mantenernos callados. Y la Ley Espía es parte de esa estrategia”, sostuvo Agüero.

Como parte de la estrategia nacional del partido, ya está disponible en un formato de amparo que cualquier persona puede descargar y presentar de forma independiente para defender su privacidad.

Amparo contra vigilancia y censura digital

Hace un mes, el PAN ya había anticipado que lanzaría un modelo de amparo universal contra este nuevo marco normativo. En paralelo, impugnó ante la Corte una reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla que sanciona expresiones consideradas ofensivas en redes sociales.

“Estamos combatiendo esta ley censura en Puebla por la vía de la inconstitucionalidad, pero también enfrentaremos las leyes espía —o como las llamó el diputado Döring, ‘las leyes del bien espiar’— con amparos universales”, expresó el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, frente a las oficinas del Poder Judicial.

Gobierno impulsa CURP biométrica en estrategia de búsqueda

Mientras el PAN denuncia vigilancia sin control, la Secretaría de Gobernación presentó este miércoles una estrategia de diez puntos para implementar a más tardar, el 15 de octubre, la nueva Ley General en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en junio por impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y que permitirá el rastreo de personas.

Entre las medidas anunciadas destaca el uso de la CURP biométrica, imágenes satelitales, bases de datos forenses y una plataforma nacional de identidad para concentrar registros oficiales y privados. Lo cual, para la oposición forma parte del andamiaje que permitirá al Estado el espionaje masivo de ciudadanos, bajo el argumento de buscar e identificar a personas desaparecidas.

El subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, sostuvo ayer que el registro de datos biométricos sería voluntario, sin embargo, las recientes reformas legales establecen que las instituciones privadas (como bancos y compañías telefónicas) con datos biométricos de ciudadanos están obligadas a entregarlos a las autoridades.

Además, estas reformas indican que la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se convertirá en la única identificación oficial válida para realizar trámites legales.

Información. El Sol del Bajío.