Para evitar que en el ciclo escolar 2025-2026 se repitan los errores detectados en libros de texto de años anteriores, senadores de oposición exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a garantizar que los materiales escolares sean elaborados con base en evidencia científica, solidez académica y un enfoque pedagógico apropiado.

Los legisladores documentaron diversos errores en los libros de texto distribuidos recientemente: desde la fecha incorrecta del nacimiento de Benito Juárez, hasta mapas que intercambian Guanajuato por Querétaro, representaciones fallidas del Sistema Solar, problemas matemáticos mal planteados y palabras mal escritas como “planera” en lugar de “planeta”.

Ante ello, la bancada del PRI advirtió que los libros utilizados en los ciclos 2023-2024 y 2024-2025 presentaron fallas graves, como errores conceptuales, omisiones científicas, problemas pedagógicos y sesgos ideológicos: “No podemos permitir que nuestros niños aprendan con base en ocurrencias o dogmas”.

Como parte de su posicionamiento, presentaron un punto de acuerdo dirigido a la SEP, a la Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) que encabeza Victoria Guillén Álvarez. 

En él exigen una revisión profunda y transparente de los contenidos que serán distribuidos a millones de estudiantes en el próximo ciclo.

La propuesta incluye la integración de un comité técnico conformado por especialistas en pedagogía, ciencia, psicología infantil, historia, lingüística, además de representantes ciudadanos y padres de familia, con el objetivo de garantizar una educación de calidad libre de influencias partidistas.

Aunque la SEP reconoció públicamente al menos 20 errores en los materiales del ciclo 2023, el PRI advirtió que persisten fallas estructurales que ponen en entredicho la calidad del aprendizaje.

“La educación pública debe formar ciudadanos libres, críticos e informados, no ser un vehículo de propaganda disfrazada de pedagogía”, expresó la bancada y recalcó que los libros de texto deben estar al servicio del conocimiento y no del poder político.

Los legisladores exigieron que todo el proceso de diseño, revisión y aprobación de los libros sea transparente y sujeto a rendición de cuentas ante la sociedad. “La educación es un derecho, no un experimento ideológico”, advirtieron.

Información. Reporte Índigo.